Contraderecho

Alberto Híjar

La crisis coloca a la humanidad entera en estado de excepción. De tiempo atrás y a raíz del Plan Brady garante de la globalización, el adelgazamiento del Estado y la privatización de todo con una retahíla de cambios constitucionales, es un hecho la anulación de los derechos acumulados en largas y cruentas jornadas de lucha popular.
El Estado nación sufre un deterioro de soberanía porque el Parlamento y los partidos ya sólo representan a los grandes consorcios.
Un proyecto de gobierno mundial, organizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, opera de manera desigual atorado en las restricciones proteccionistas que impiden la liberación de los mercados. Las negociaciones fracasaron y sus rondas sirvieron para probar la imposibilidad del libre comercio, de la moneda única, de la ley constitucional igualadora de derechos y obligaciones en todas partes. A cambio, la territorialización productiva, la especulación financiera de los grandes centros capitalistas, el control mafioso de los paraísos fiscales, cómplices de los Estados-banco, acompañan la debacle de los partidos políticos todos y las presidencias, ministerios, secretarías y gubernaturas reducidas a centros de negocios. Las naciones resultan explotadas en extremo por la desatención necesaria al capitalismo. El Estado-nación no existe más.
Las naciones indígenas se levantan no siempre con justicia histórica. Pueblos como el palestino, el saharahuí, el mapuche, los andinos, los mayas actuales de Chiapas, los vascos procrean alternativas productivas y sociales, y levantan la bandera de la autonomía. Regiones enteras de África, Europa, Asia y Medio Oriente son devastadas por enfrentamientos tribales y por conflictos étnico-religiosos, herencia del coloniaje capitalista en el fondo. Cuando proclamaban los ideólogos posmodernistas el fin de la historia y las ideologías, la destrucción de la URSS, Yugoslavia, las masacres masivas de kurdos y somalíes, turcos y kosovares han sido apoyadas por gobiernos criminales muy poderosos como Estados Unidos y China. El horror adquiere una dimensión oportunista inusitada con gobiernos, como el de El Salvador, presuroso para enviar tropas a Irak. El primer soldado de ocupación caído en combate fue salvadoreño y no han faltado los migrantes de origen mexicano en la fila de féretros cubiertos por barras y estrellas.
Procesos económico-políticos previsibles han desbordado los límites de los controles estatales. La economía informal y las migraciones abruman mares, fronteras, corrompen aduanas y controles territoriales, descontrolan las regulaciones sobre comercio, importaciones, exportaciones y dan lugar a tráficos criminales espantosos como el de personas y drogas. Nadie posee la liquidez financiera de los carteles del narcotráfico globalizado para hacer de la disputa de sus enormes capitales, un secreto bancario que los protege. El dinero y las acciones no tienen patria y ninguna asociación de banqueros y agentes de bolsa se va a poner a averiguar de dónde viene la especulación financiera. Lo más alto del poder garantiza política, económica y militarmente la especulación financiera y, por ella y desde ella, se procura la administración de la crisis. A raíz de la comunicación del desastre financiero, el presidente del Banco Mundial escoltado por el del Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó sobre el daño a todo mundo con la crisis financiera, alimentaria y de destrucción de la naturaleza.
El Estado de derecho ha muerto y parece que sólo queda prolongar su agonía. De aquí dos grandes líneas estratégicas:
1. Evitar el radicalismo y no tocar la raíz del poder para instalarse en cambio, en leyes, códigos, acuerdos y tratados denegados en la práctica de Estado. Se trata de ignorar la necesidad histórica con el sólo argumento de la ley. El encuentro con los aparatos de Estado resulta un cuento de nunca acabar porque el carácter vinculatorio tiende a ser sustituido por la recomendación del Estado al Estado y por la denuncia de las organizaciones que recorren, una y otra vez, el camino de la sorda localidad a lo regional y, si se puede, a lo mundial con la ONU. La esperanza en la Declaración de los Derechos Universales marca el paso. Tomas Mojarro fabula, al respecto, cuando afirma que se trata de pedirle al cacomixtle que se vuelva vegetariano para que deje en paz a las gallinas y los pollitos.
2. Desentenderse de los aparatos de Estado para sustituirlos por la justicia autogestiva es la otra estrategia. Las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas prueban el ejercicio de la justicia reparadora y comunitaria: quien delinque repara con trabajo y cárcel. En la montaña de Guerrero, aquella que Othón Salazar llamara montaña roja, ha prosperado la Policía Comunitaria. El Estado la prohíbe, la hostiliza, la impide, pero no logra disminuir su fama y su eficacia. El ejemplo se emula y ya se organiza una reproducción reflexiva y crítica.
Desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona quedó clara la división del trabajo social e histórico. Las Juntas, Los Caracoles y los MAREZ son responsabilidad civil, democrática y el EZLN mantiene su estructura militar vertical como garante de la seguridad. Hostigamiento, guerra psicológica y asistencialismo desmovilizador marcan el orden del día en la tercera parte del territorio chiapaneco.
Contra la adversidad, los zapatistas oponen una reproducción constante del mandar obedeciendo y de incorporación a las comisiones de trabajo a jóvenes designados por sus comunidades. Los niños, reunidos para la educación integral, regresan a sus comunidades con plena claridad del porvenir y el presente de lucha. Los derechos humanos adquieren así, una dimensión social práctica y constante que da sentido a la consigna de paz, justicia y democracia. La comunicación ya no sólo depende de los expertos de afuera, sino desarrolla programas de radio y realización de videos con trabajo colectivo y organizado. Música y danza, deporte, fiesta y duelo dan identidad, liquidan la división entre trabajo manual e intelectual y prueban la liquidación de la ley del valor para sustituir la mercancía y el dinero por la solidaridad en beneficio de todos. Ellos hacen lo suyo y dan ejemplo, a sabiendas de que cada quien tendría que descubrir su propio proyecto y, en todo caso, no depender del todo de la costosa repetición de la prueba y el error.
La dialéctica entre las dos estrategias se impone en la práctica. Nada prospera haciendo como si el Estado no existiera. Las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos hacen un trabajo constante y abnegado. Logran éxitos sin reconocimiento, como la presentación pública de los desaparecidos en Guerrero o la anulación de los delitos mayores en el proceso de Jacobo Silva y Gloria Arenas que habrán de salir libres. Pero no se logra la coordinación nacional necesaria ni la consiguiente solidaridad internacional. ¿Qué nos falta?:
1. Una línea estratégica dialéctica de uso constitucional y reivindicación legal acompañada por la denuncia sin autocensura. Si callamos entramos al juego de la impunidad.
2. Una información actualizada, en la que la crítica y la autocrítica enseñen a disminuir la autocomplacencia, la victimización y el sectarismo que generan.
3. Una programación de reuniones para encontrar tácticas y estrategia común, para descubrir excepciones esclarecedoras.
4. Un archivo compartido, en el que estén las historias, los personajes y las instituciones del bien y del mal. Nadie debiera hacer de la memoria un privilegio privado.
5. Un centro documental con escritos, registros filmados y grabados cuyo sólo procesamiento exige desarrollo reflexivo y crítico, promoción de investigaciones, intercambios nacionales e internacionales, presencia y foros, y festivales de cine y video.
6. Una escuela de cuadros con un plan articulado de historia y de formación técnica, legal y social con base en cursos breves y concisos mediante el reconocimiento acordado de instructores; esto requiere materiales de estudio, de organización de videotecas y fonotecas, de talleres de formación de documentalistas, de archivos actualizados.
7. Un Socorro Rojo para auxiliar a los necesitados de atención médica y a los secuestrados, torturados, sentenciados injustamente y quienes, con sus familiares, necesitan tratamiento psicológico y médico.
Nada de lo anterior es posible sin la participación organizada. Los planes y programas concretos requieren de comisionados cumplidos y con plena conciencia de su responsabilidad productiva y reproductiva. Un proceso de valoración podría crecer para ganarnos respeto interno y externo, sobre todo satisfacer la necesidad de justicia libertaria ahí donde la debacle capitalista devasta pueblos, naciones y personas.