Dr. Delfín Quezada Domínguez
El paro nacional de pescadores
La firme y legal protesta de los pescadores del país al amarrar sus embarcaciones es un real reflejo de la política errónea como se conduce en este momento el gobierno federal. El alza indiscriminada de los precios de la energía eléctrica, los insumos y la falta de mercados para la comercialización de los productos pesqueros son las causas de este problema que ya se veía venir.
El problema de la actividad pesquera era algo que se estaba ya proyectando desde hace algunos años, y gran parte de ello son las políticas para el sector que se construyen desde los escritorios, por personas que desconocen en su totalidad la noble y riesgosa ocupación pesquera. Por ejemplo, ¿cómo es posible que muchas comunidades costeras, que sólo por encontrarse en zonas turísticas las ubiquen como zonas de baja o nula marginación, y por ello no puedan alcanzar los beneficios de los programas federales, y que en otras zonas costeras limiten, y en muchos casos despojen a los pescadores de sus áreas de pesca? Campeche, Tabasco y Veracruz son ejemplos fidedignos de esas políticas erróneas aplicadas al sector haliéutico o pesquero.
En el caso cercano del puerto de Progreso, también hemos leído en el Diario de la Dignidad, el POR ESTO!, denuncias por parte de los pescadores ribereños que han sido corridos y perseguidos de sus históricas áreas de pesca junto al muelle fiscal, con el argumento ridículo de ser “un espacio de seguridad nacional”. Como estos hechos, podríamos seguir enumerando cantidad de ejemplos sobre las irregularidades administrativas en políticas pesqueras en nuestro país.
En la reunión sobre PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PARA LA PESCA Y LA ACUACULTURA que se realizó en Baja California Sur, se presentaron varias propuestas interesantes y necesarias para ser tomadas en consideración; sin embargo, este gobierno espurio hizo caso omiso de todas. Las proposiciones surgieron de los verdaderos actores implicados en el trabajo pesquero: pescadores, representantes de cooperativas, federaciones pesqueras, armadores, permisionarios, administradores estatales de pesca, etc. Pero como señalamos anteriormente, fueron las “brillantes ideas” de los funcionarios federales las que dieron al traste con las verdaderas necesidades del sector.
Entre las propuestas que se vertieron en dicho foro señalamos, con franqueza y honestidad, que las Reglas de Operación no eran congruentes con la finalidad que el legislativo planteó en el presupuesto de egresos de la Federación; sustituir en la asignación de apoyos los criterios de marginalidad establecido por la Conapo (Consejo Nacional de Población), instituyendo parámetros de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los productores para ajustar los beneficios de acuerdo con las poblaciones de cada localidad costera; y, que los programas de la CONAPESCA-SAGARPA se ejecuten durante el primer semestre del año, ya que actualmente los apoyos los liberan durante el último trimestre lo cual limita el cumplimiento de lo establecido en los proyectos. Así mismo, presentamos la propuesta que se implemente un esquema del subsidio del precio del diesel marino considerando un monto de 3.50 pesos por litro, lo que se requeriría un presupuesto anual de 1,100 (mil cien millones de pesos) para la atención de la flota pesquera nacional. También, incrementar los recursos presupuestales del subsidio de la gasolina ribereña.
Pero como ustedes, estimados amigos pescadores, podrán ver, nuestras propuestas no fueron tomadas en consideración y las consecuencias no han tardado en aparecer.
Creemos que ya es necesario dar un nuevo giro a la administración pesquera nacional con nuevas estrategias y políticas, pues las que actualmente se aplican ya son totalmente retrógradas y rebasadas por las nuevas modalidades que se requieren. No tenemos un precio fijo en las especies marinas; la inspección y vigilancia es muy limitada por falta de presupuesto en las dependencias, el burocratismo para el otorgamiento de permisos para incursionar nuevas pesquerías, la falta de estudios de los ecosistemas marinos (también por falta de presupuesto para el Instituto Nacional de la Pesca), la pesca furtiva, etc., son algunas de las agravantes de nuestra actividad pesquera nacional.
La lucha ha comenzado, los pescadores son como un reflejo de la actividad que realizan: nobles pero también temidos. Ya han aguantado muchas tormentas políticas y las han logrado esquivar, ahora son ellos la tormenta que debe calmar el gobierno federal. Nosotros estamos y estaremos con ellos siempre, porque no sólo ellos, sino que están sus familias, fileteadores, mecánicos, carpinteros, nevadores y todos los que participan en esta maquinaria denominada actividad pesquera.
Nuestras sugerencias y propuestas inmediatas para destrabar el conflicto; primera, que se reduzcan los precios de los combustibles marinos, así como el precio de la energía eléctrica. Y esto último, se sugiere para todo el pequeño comercio, pues de otro modo este será la otra llama que pronto se encenderá; y, segundo, sentarnos en una mesa de diálogo para discutir con los verdaderos implicados del sector pesquero para buscar una solución inmediata para el bien de la paz social. Y que esta mesa de diálogo sea coordinada por el C. Narciso Agúndez Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, quien, ya en su debido tiempo propuso: La importancia de la autonomía de la Conapesca (Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura) mediante la descentralización; crear las condiciones para la regionalización de las políticas públicas nacionales y, mayor presupuesto para la pesca.
Ni un paso atrás. El cambio se puede lograr bajo cualquier circunstancia.
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