MÉXICO, D.F., 17 de febrero (apro).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, presentó hoy en la Cámara de de Diputados los resultados de la revisión de la Cuenta Pública del gobierno federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, en los que documenta casi 7 mil 500 irregularidades en el ejercicio del gasto.
En las anomalías detectadas por el órgano fiscalizador no aparece, sin embargo, rastros del destino de los más de 300 mil millones de pesos de excedentes petroleros que fueron reportados por la Secretaría de Hacienda en su informe cuatrimestral de 2008.
Tampoco se incluye un subejercicio de gasto por 300 mil millones de pesos y un sobreejercicio de gasto corriente por 115 mil millones de pesos, detectados por Hacienda en el mismo periodo.
Y menos aún el incremento de la deuda pública en 60 mil millones de pesos respecto de 2007.
En lo que si repara el informe de la Cuenta Pública de 2008 es en el abanico de irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto, entre ellas una por mil 400 millones de pesos cometida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Según el resumen ejecutivo, “la SEP realizó transferencias de recursos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir servicios personales y gastos de operación e inversión”.
Aún así, Portal aclaró que es factible recuperar esos recursos.
De acuerdo con el titular de la Auditoría Superior de la Federación este tipo de movimientos se han constituido en una práctica constante, con la finalidad de reasignar recursos a otras unidades administrativas y partidas de gasto que originalmente no estaban programadas, “por lo cual la Cámara de Diputados desconoce el destino final de los recursos”.
El informe consigna también que la SEP reportó un gasto de mil 300 millones que, hasta octubre de 2009, no había sido devengados y que se encontraban a disposición de la Tesorería de la Federación.
Además, se detectaron erogaciones indebidas por 146 millones de pesos para la renta de equipos. El auditor encontró también otras irregularidades en la SEP, con una afectación al erario de mil 237 millones de pesos que, desde su punto de vista, también son recuperables.
Otra área importante en el manejo de los recursos de parte del gobierno federal en 2008 tiene que ver con un préstamo de 501 millones de dólares que entregó el Banco Mundial al gobierno mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los recursos se destinarían al desarrollo de políticas sobre el cambio climático, sin embargo, la ASF señala que “se desconoce el destino de 6 mil 878 millones de pesos y los resultados esperados por su aplicación, debido a que el préstamo se pactó sobre acciones ya realizadas”.
En su informe, el auditor establece que no se tuvo evidencia de que los recursos provenientes del préstamo se destinaron efectivamente a políticas en materia de cambio climático ni que se aplicaran para la realización de proyectos de inversión o para actividades productivas, acordes con las políticas de desarrollo económico y social, que hubieran generado los recursos suficientes para su pago.
Un tercer aspecto relevante, dijo, tiene que ver con la operación “indebida” de 27 mil 274 millones de pesos que manejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de diversos fondos, fideicomisos o mandatos.
En la página 95 del informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2008, Juan Manuel Portal relata que los más de 27 mil millones de pesos nunca constituyeron un gasto de inversión de capital, por lo que el retiro de tales recursos en diversos fondos tampoco puede ser una recuperación de capital, “ya que en realidad se trató de una utilización de las disponibilidades del gobierno federal”.
Con este primer informe, Juan Manuel Portal mantiene un punto de coincidencia con el anterior auditor, Arturo González de Aragón, quien a lo largo de sus ocho años de gestión cuestionó la discrecionalidad con que las administraciones federales panistas han utilizado los más de 700 fondos que tiene.
En su análisis, la ASF considera que Hacienda utilizó los más de 27 mil millones de pesos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas y para autorizar, en el ejercicio siguiente, un mayor gasto, movimientos que realizó sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados.
“Por lo tanto, la SHCP continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos”, anota.
En lo que se refiere al gasto aplicado a programas sociales, la ASF destaca una opinión negativa para el caso de Procampo, pues “no se han constituido procesos eficientes de programación, seguimiento y evaluación de los apoyos otorgados a los productores”.
Y señala que en los 27 municipios en los que se verificó la utilización del programa, se encontró que dicha política “contribuyó marginalmente a la economía de los beneficiados”.
Asimismo, detectó irregularidades en el manejo de los recursos de la Comisión Nacional del Agua, en la subsidiaria Pemex Exploración y Perforación, y en la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en el manejo de diversos fondos que son manejados en coordinación con las autoridades estatales.
Todos los entes fiscalizados a nivel federal, estatal y municipal tienen 45 días hábiles para responder a las observaciones y justificar o aclarar los faltantes, de lo contrario, el auditor puede interponer querella penal en su contra.
Fuente: Proceso
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