MÉXICO, D.F.,18 de febrero.- La multa de 72 millones de pesos impuesta a Televisión Azteca el pasado 29 de enero podría implicar un parteaguas histórico en el desarrollo del Instituto Federal Electoral (IFE). Esta decisión bien podría llegar a ser recordada como el momento en que la nueva integración del Consejo General finalmente despertara a su responsabilidad de defender el espacio público y poner un alto a los poderes fácticos.
Lo más fácil para cualquier burócrata es utilizar la norma como un pretexto para no actuar. Escudándose en una interpretación sumamente limitada del “principio de legalidad”, que solamente permitiría hacer lo explícitamente autorizado por la ley, cualquier servidor público siempre puede encontrar alguna razón para evitar el cumplimiento pleno de sus responsabilidades constitucionales.
Sin embargo, la historia del IFE demuestra que los avances en materia de legitimidad pública y efectividad institucional surgen cuando los consejeros logran deshacerse de este tipo de nociones. Las decisiones del Consejo General de 1996-2003 para controlar la compra y coacción del voto, solicitar la suspensión de propaganda gubernamental antes de las elecciones, investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo y llegar a fondo en los temas del Pemexgate y Amigos de Fox evidenciaron una autoridad dispuesta a romper los acartonados límites del legalismo burocrático. Para poder realizar cada una de estas acciones, los consejeros, siempre con la Constitución en mano, construyeron caminos legales alternativos para evitar caer en la serie de trampas legales que los legisladores y los magistrados electorales les habían colocado en el camino.
Tal espíritu de valentía y arrojo institucionales se desvaneció de la noche a la mañana con la llegada de los consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde en 2003. El minimalismo burocrático que caracterizó la actuación de esta generación de consejeros fue una de las principales causas de la crisis política de 2006. Ante la desidia y parcialidad de la autoridad, los poderes fácticos desataron toda su furia, con las consecuencias por todos conocidas.
La renovación parcial de este Consejo General que tuvo lugar en 2008 no ha implicado mayores cambios en el modus operandi del IFE. En lugar de retornar a la época de oro del Consejo de 1996-2003, los nuevos consejeros aparentemente se han resignado a cobrar sus salarios y a observar de forma pasiva el desarrollo del espacio público desde sus cómodos palcos en Viaducto Tlalpan.
En 2007, estos consejeros dejaron en la total impunidad tanto el asunto de los 280 mil spots “huérfanos” como los ilegales anuncios del Consejo Coordinador Empresarial durante la campaña de 2006. En 2008, en lugar de investigar y sancionar las múltiples violaciones a la nueva normatividad electoral, optaron por promover un desistimiento masivo de las quejas. Asimismo, reaccionaron tarde y sin fuerza ante los primeros desacatos de TV Azteca. En 2009, los consejeros decidieron “sobreseer” con argumentos vergonzosos el incidente de las “cortinillas” y se negaron a ejercer su autoridad para frenar el constante fraude a la ley que implica la difusión de propaganda política “integrada” en espacios de programación normal.
Sin embargo, la multa del 29 de enero implica un posible viraje, destacable no solamente por su cuantía –se trata de la multa más grande que ha impuesto el IFE a un medio de comunicación desde la aprobación del nuevo marco normativo–, sino también por la disposición de la mayoría de los consejeros para defender de manera directa los principios constitucionales en materia electoral.
Desde que se aprobó la reforma electoral, las principales televisoras del país no han descansado en sus intentos de obstaculizar el trabajo de la autoridad electoral con la presentación de docenas de amparos. TV Azteca y Televisa saben que existe muy poca probabilidad de que sus recursos legales prosperen por la redacción del artículo 73 de la Ley de Amparo, que declara improcedente el amparo en materia electoral. Sin embargo, esperan encontrar algún juez suficientemente despistado que esté dispuesto por lo menos a emitir una suspensión temporal de los actos de la autoridad.
En este caso, precisamente el 28 de enero el IFE fue notificado de una suspensión del procedimiento sancionador en contra de TV Azteca, ordenada de manera irregular por la juez 13 en materia administrativa del DF. Sin embargo, con base en argumentos jurídicos y técnicos intachables, los consejeros Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Leonardo Valdés decidieron seguir de frente y proceder con la multa contra la televisora del Ajusco por su incumplimiento de las pautas publicitarias en las elecciones locales de Yucatán, Tabasco y Coahuila.
En lugar de esconderse en formalismos legales, los cinco consejeros defendieron la necesidad de actuar de manera expedita para evitar una afectación grave a la equidad de los procesos electorales, sobre todo en el caso de Yucatán, en donde el proceso electoral actualmente se encuentra en curso.
Serán finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que resuelvan de manera definitiva el tema de la procedencia del amparo en materia de radio y televisión durante las campañas electorales. Mientras tanto, en esta ocasión el IFE ha decidido colocarse a la vanguardia de la lucha en defensa del espacio público. Esperemos que esto no sea apenas una cortina de humo para cubrir sus anteriores pifias, sino la primera de muchas célebres decisiones en el futuro. l
www.johnackerman.blogspot.com
Lo más fácil para cualquier burócrata es utilizar la norma como un pretexto para no actuar. Escudándose en una interpretación sumamente limitada del “principio de legalidad”, que solamente permitiría hacer lo explícitamente autorizado por la ley, cualquier servidor público siempre puede encontrar alguna razón para evitar el cumplimiento pleno de sus responsabilidades constitucionales.
Sin embargo, la historia del IFE demuestra que los avances en materia de legitimidad pública y efectividad institucional surgen cuando los consejeros logran deshacerse de este tipo de nociones. Las decisiones del Consejo General de 1996-2003 para controlar la compra y coacción del voto, solicitar la suspensión de propaganda gubernamental antes de las elecciones, investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo y llegar a fondo en los temas del Pemexgate y Amigos de Fox evidenciaron una autoridad dispuesta a romper los acartonados límites del legalismo burocrático. Para poder realizar cada una de estas acciones, los consejeros, siempre con la Constitución en mano, construyeron caminos legales alternativos para evitar caer en la serie de trampas legales que los legisladores y los magistrados electorales les habían colocado en el camino.
Tal espíritu de valentía y arrojo institucionales se desvaneció de la noche a la mañana con la llegada de los consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde en 2003. El minimalismo burocrático que caracterizó la actuación de esta generación de consejeros fue una de las principales causas de la crisis política de 2006. Ante la desidia y parcialidad de la autoridad, los poderes fácticos desataron toda su furia, con las consecuencias por todos conocidas.
La renovación parcial de este Consejo General que tuvo lugar en 2008 no ha implicado mayores cambios en el modus operandi del IFE. En lugar de retornar a la época de oro del Consejo de 1996-2003, los nuevos consejeros aparentemente se han resignado a cobrar sus salarios y a observar de forma pasiva el desarrollo del espacio público desde sus cómodos palcos en Viaducto Tlalpan.
En 2007, estos consejeros dejaron en la total impunidad tanto el asunto de los 280 mil spots “huérfanos” como los ilegales anuncios del Consejo Coordinador Empresarial durante la campaña de 2006. En 2008, en lugar de investigar y sancionar las múltiples violaciones a la nueva normatividad electoral, optaron por promover un desistimiento masivo de las quejas. Asimismo, reaccionaron tarde y sin fuerza ante los primeros desacatos de TV Azteca. En 2009, los consejeros decidieron “sobreseer” con argumentos vergonzosos el incidente de las “cortinillas” y se negaron a ejercer su autoridad para frenar el constante fraude a la ley que implica la difusión de propaganda política “integrada” en espacios de programación normal.
Sin embargo, la multa del 29 de enero implica un posible viraje, destacable no solamente por su cuantía –se trata de la multa más grande que ha impuesto el IFE a un medio de comunicación desde la aprobación del nuevo marco normativo–, sino también por la disposición de la mayoría de los consejeros para defender de manera directa los principios constitucionales en materia electoral.
Desde que se aprobó la reforma electoral, las principales televisoras del país no han descansado en sus intentos de obstaculizar el trabajo de la autoridad electoral con la presentación de docenas de amparos. TV Azteca y Televisa saben que existe muy poca probabilidad de que sus recursos legales prosperen por la redacción del artículo 73 de la Ley de Amparo, que declara improcedente el amparo en materia electoral. Sin embargo, esperan encontrar algún juez suficientemente despistado que esté dispuesto por lo menos a emitir una suspensión temporal de los actos de la autoridad.
En este caso, precisamente el 28 de enero el IFE fue notificado de una suspensión del procedimiento sancionador en contra de TV Azteca, ordenada de manera irregular por la juez 13 en materia administrativa del DF. Sin embargo, con base en argumentos jurídicos y técnicos intachables, los consejeros Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Leonardo Valdés decidieron seguir de frente y proceder con la multa contra la televisora del Ajusco por su incumplimiento de las pautas publicitarias en las elecciones locales de Yucatán, Tabasco y Coahuila.
En lugar de esconderse en formalismos legales, los cinco consejeros defendieron la necesidad de actuar de manera expedita para evitar una afectación grave a la equidad de los procesos electorales, sobre todo en el caso de Yucatán, en donde el proceso electoral actualmente se encuentra en curso.
Serán finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que resuelvan de manera definitiva el tema de la procedencia del amparo en materia de radio y televisión durante las campañas electorales. Mientras tanto, en esta ocasión el IFE ha decidido colocarse a la vanguardia de la lucha en defensa del espacio público. Esperemos que esto no sea apenas una cortina de humo para cubrir sus anteriores pifias, sino la primera de muchas célebres decisiones en el futuro. l
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