viernes, febrero 19, 2010

Venden a la Patria

MEXICO, D.F., 18 de febrero.- Al grito de “Pemex no se vende, Pemex se defiende”, diputados federales allegados a Andrés Manuel López Obrador del PT, PRD y Convergencia tomaron la tribuna de San Lázaro en protesta por el reglamento que permite los contratos incentivados en Pemex. Tras seis horas de receso finalmente se levantó la sesión a las 17:47 horas y Francisco Rojas, coordinador de la fracción del PRI, logró que se cancelara la posibilidad de presentar la controversia constitucional -cuya fecha limite era la medianoche de ayer- contra los lineamientos de dichos convenios. Tanto la reforma energética como el reglamento son totalmente anticonstitucionales y éste último va más allá pues incluye reglas de contratos para explorar, extraer, producir y distribuir hidrocarburos.
El ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, recalcó que la reforma energética aprobada por el PAN, PRI y gran parte del PRD es inconstitucional, y que además “el reglamento de Pemex va más allá, es absolutamente inconstitucional, los contratos son inconstitucionales, porque la Constitución reserva la explotación de los hidrocarburos al Estado. Todo esta mal”. Afirmó que lo que Francisco Rojas negoció con la Secretaría de Energía y Pemex “son cuestiones de forma, no de fondo. Son puras mentiras. Rojas se había comprometido a presentar una controversia constitucional y ya se echó para atrás al negociar con la administración federal. La controversia es necesaria y Manlio Fabio Beltrones ya había dicho que no iba a haber controversia”.
El ex senador y ex gobernador de Puebla destacó que lo que buscaban los priístas con esa maniobra es “lavarse la cara” del acto inconstitucional que apoyaron y apoyan. “Es un rejuego de Rojas en la Cámara y ahora los funcionarios de Pemex se pitorrean de él. Están en una mera simulación, los contratos con las trasnacionales van. Los contratos de explotación son inconstitucionales. Es una farsa vergonzosa para Rojas”.
A pesar de que el reglamento de la Comisión Reguladora de Energía sobre la Reforma de Petróleos Mexicanos -publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero- es absolutamente violatorio de la Constitución, ya que avala contratos de riesgo con empresas trasnacionales y abre totalmente la puerta a la iniciativa privada, tras una serie de maniobras de farsa y simulación por parte de Francisco Rojas, los priístas dejaron colgados de la brocha a los del Partido del Trabajo y anularon la posibilidad de establecer una controversia constitucional contra dicho reglamento.
Al no contar con el apoyo del PRI para respaldar la controversia impulsada por el Partido del Trabajo, Rojas y su bancada dejaron abierta la posibilidad de que la paraestatal realice contratos de riesgo con empresas trasnacionales que podrían fácilmente apropiarse de la renta petrolera, hasta por 30 años. Dicho reglamento establece una legislación secundaria al marco jurídico actual en materia de energía para que el Ejecutivo federal entregue toda la estructura de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para las trasnacionales de gas, por lo que Mario Di Costanzo reclamó que “el PRI se comprometió a la controversia constitucional y a nosotros no nos va a chamaquear como los chamaqueó el Secretario de Gobernación con la cuestión de los impuestos”.
La toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, dijo, es para que se agende como primer punto el asunto de la Controversia contra el reglamento de Pemex, que van más allá de los contratos inconstitucionales y de riesgos, pues también contempla la asignación por bloques de los campos de explotación. “El PRI había empeñado su palabra y ya se echo para atrás. La controversia ya no va, por lo que se demanda que se vote y se conozca quién voto qué”. También Gerardo Fernández Noroña exigió que el asunto de la controversia se pusiera en el orden del día y que se votara de manera nominal. “La riqueza de la Patria es para beneficio del pueblo, nuestro petróleo, nuestro futuro, no se vende, el pueblo sabe defender los recursos de la nación”, dijo.
El presidente de la Mesa Directiva, el panista Francisco Ramírez Acuña, confirmó que el tema no estaba en la agenda, y dijo que si los grupos parlamentarios lo solicitan, éste puede incluirse, mientras que el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez, iniciaba negociaciones con Porfirio Muñoz Ledo para reencauzar la sesión. En las curules los priístas lanzaron puyas a panistas y perredistas, que en lo electoral celebran alianzas, para que los blanquiazules también subieran a la tribuna en respaldo de sus aliados de izquierda. Tan solo este asunto en la Cámara baja puso de relieve la incongruencia de las coaliciones electorales que han impulsado el dirigente del PAN, César Nava, y el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega.,
Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, los grupos parlamentarios mayoritarios cerraron la sesión de este jueves sin que se votara el tema de la controversia constitucional contra los contratos incentivados de Pemex, cuya fecha limite para interponerla se cumplió a la medianoche. Así, quedaron de facto avalados dichos contratos que pueden otorgar pagos adicionales a empresas particulares interesadas en participar con Pemex, los cuales estarán ligados “al desempeño del proyecto, la eficiencia, la aplicación de tecnología y los tiempos de ejecución”.

CHAMAQUEAN A ROJAS

Según el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, ante el riesgo de enfrentar una controversia constitucional –la tercera- en contra de la reforma energética, Pemex aceptó modificar los denominados contratos incentivados o de riesgo en diversas actividades de la paraestatal, con lo que se evitará que los particulares, al ser contratados por Pemex, puedan obtener beneficios más allá del pago por sus servicios, como sería compartir la renta petrolera.
Rojas había asegurado que tanto Georgina Kessel, secretaria de Energía, y Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, aceptaron las modificaciones –a 22 artículos que abren la participación de la iniciativa privada en la confección de contratos- y se comprometieron a que el Comité de Administración., Adquisición y Arrendamientos del Consejo de Administración las presentaría este jueves.
Sin embargo, los consejeros profesionales de Pemex sostuvieron que los cambios de redacción propuestos por los priístas a las disposiciones administrativas de contratación no invalidan los contratos incentivados y que éstos se aplicarán en abril como se tenía previsto. El presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, Fortunato Álvarez, afirmó que los nuevos esquemas de contratación no sufrirán de ninguna manera modificaciones ni retrasos, ya que las observaciones -12 precisiones a los artículos 2, 55, 57, 60, 75, 78 y 81 de las disposiciones- obedecen en su totalidad a cambios de redacción que ya están establecidos en la ley. Los cambios propuestos deberán ser votados en el Consejo de Administración, en reunión prevista para el 25 de febrero.

CONTROVERSIA FALLIDA

Los priístas habían participado en la elaboración de una controversia constitucional promovida por los diputados afines a López Obrador, porque Pemex aprobó “lineamientos” para la firma de contratos con la iniciativa privada –en las que por supuesto están incluidas las trasnacionales extranjeras- para la exploración, extracción, producción y distribución de hidrocarburos, actividades que prohíbe el Artículo 27 constitucional.
La propuesta de controversia constitucional elaborada por petistas y priístas tenía como base tres ejes: primero, que los lineamientos establecen un nuevo contrato con base en un “modelo económico” que no está definido en la ley; segundo, abren la posibilidad de que las empresas ya no “ejecuten” los dictados de Pemex, sino que participen en la planeación, organización y elaboración de los proyectos que realice la paraestatal, lo que a su vez abre la posibilidad a los “contratos de rieso”, es decir, compartir con las empresas privadas la renta petrolera, lo que está prohibido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales; y tercero, Pemex –el Ejecutivo- invade facultades del Poder Legislativo al establecer normas en materia de hidrocarburos, acto que la Constitución delega únicamente a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Pero todo se fue al caño como quedó demostrado este jueves. Francisco Rojas no es más que un mero títere, manipulable y maleable, incapaz de detener el proceso de entrega de los recursos energéticos de la Nación a las trasnacionales, que llevan a cabo impunemente el grupo de panistas que tomaron por asalto el Poder Ejecutivo.

REFORMA POLITICA

El debate legislativo sobre una reforma política para el país inició este jueves formalmente con la presentación de la propuesta alterna de reforma política por parte de las bancadas del PRD, PT y Convergencia, quienes rechazan reducir el número de legisladores y proponen la revocación de mandato del Presidente de la República, los gobernadores, jefe de gobierno, así como alcaldes y jefes delegacionales.
Los partidos que integran el Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) plantean candidaturas independientes, las figuras de plebiscito, referéndum y revocación de mandato; proponen la eliminación de la partida secreta, la ratificación del gabinete y que la iniciativa preferente no sólo sea para el presidente sino también para los grupos parlamentarios en el Congreso.
El DIA propuso que la Cámara de Diputados se integre con 500 legisladores: 400 electos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en 32 circunscripciones plurinominales y 100 electos de una circunscripción plurinominal nacional, y plantea que el Senado de la República se mantenga con 128 miembros electos, de los cuales 96 serán elegidos en las entidades federativas a razón de tres cada una de ellas y 32 de entre las listas nacionales presentadas por los partidos políticos.
PRD, PT y Convergencia rechazan elevar el umbral de registro de partidos al 4 por ciento y proponen que las reformas constitucionales puedan ser sometidas a consulta ciudadana mediante un referéndum cuando los solicitantes representen un número no menor a uno y medio por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores.
El proyecto de reforma del DIA fue leído por el senador perredista Arturo Núñez y se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos.

SEGUNDA VUELTA

Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) por su parte propusieron una reforma política que incluya la segunda vuelta en la elección presidencial con el fin de que “no haya el menor asomo de duda” en torno a los resultados de los comicios de 2012. Los senadores Martha Sosa y Jesús Dueñas recalcaron que su propuesta tiende a reducir las Cámaras, principalmente en lo que se refiere a plurinominales, y promueve la reelección inmediata tanto de legisladores como alcaldes.
Insistieron en que su reforma da más participación a la gente a través de las candidaturas ciudadanas, del referéndum, el plebiscito y la consulta pública. Sosa dijo que su bancada empuja la propuesta del Ejecutivo federal y destacó que se deben fijar límites para que los partidos políticos se esmeren en su trabajo y su margen de participación sea elevado, a fin de que el recurso público que se les destine sea mucho mejor empleado y la sociedad encuentre una mejor representación.

DE LOS PASILLOS

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, sostuvo que la capital de la República no tiene porqué someter sus leyes ni subordinarse a ningún Estado. Consideró “inaceptable” que los gobernadores del PAN se sumen a la controversia constitucional contra las reformas que permiten el matrimonio gay en la ciudad de México. Recalcó que “no es justo, ni valido, ni es sensato que otras entidades federativas nos digan qué leyes podemos aprobar en el Distrito Federal”.
Tras cumplirse cuatro años de la explosión de la mina de carbón Pasta de Conchos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los familiares de los mineros fallecidos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, presentaron una petición de apertura del caso contra el Estado Mexicano por presuntas violaciones a los derechos de mineros. Los familiares de los trabajadores que fallecieron advirtieron que no cesarán de realizar actividades para solicitar a las autoridades que rescaten los cuerpos y denunciaron una vez más que el gobierno federal no ha cumplido con las indemnizaciones. Hasta hoy no ha sido esclarecido el siniestro.
Dados los últimos acontecimientos políticos, tanto priístas como perredistas dudan de que la administración de Felipe Calderón y el PAN cumplan los acuerdos a los que se comprometen con otras fuerzas políticas… El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Julio Castellanos, exigió al diputado Manuel Clouthier que se retracte de su descalificación al programa de seguridad de Felipe Calderón, o que de lo contrario deje la curul que ocupa en San Lázaro a su suplente. Clouthier, quien rechazó retractarse, había reclamado que el inquilino de Los Pinos ha faltado a su compromiso con Sinaloa, donde no se ha dado una acción de fondo contra los cárteles.
El Senado de la República dio entrada a la iniciativa de Ley Antisecuestro que endurece las sanciones para ese delito. La iniciativa de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, el Ejecutivo federal propone castigar con 40 años hasta cadena perpetua a los involucrados en casos donde la víctima pierda la vida. Asimismo, plantea cadena perpetua al servidor público de alguna institución de seguridad pública que participe en el secuestro de un menor o de una mayor de 70 años… Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo” o “El Mayito”, hijo de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, fue extraditado por el gobierno mexicano a Estados Unidos. La entrega se realizó este jueves en el cruce fronterizo Matamoros, Tamaulipas-Brownsville, Texas. “El Vicentillo” era buscado para ser procesado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia y Corte Federal de Distrito, para el Distrito Norte de Illinois por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
(Lilia Arelano)

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