Urge un sentido ético de la política

Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes

Más que las supuestas “reformas estructurales” que tanto anhela la oligarquía, que no son más que una manera de disfrazar esquemas de privatización y usufructo de bienes nacionales por una minoría, lo que urge a la nación es una reconsideración del concepto de servidor público, con el fin de que la política sea vista como el medio idóneo para superar conflictos y apuntar soluciones a los problemas de la sociedad, y deje de ser, como hasta la fecha, sólo un instrumento para amasar riquezas del modo más rápido y fácil. Es urgente que la clase política sea obligada a proceder con un sentido ético de su labor, pues de no lograrlo, el país está llamado a vivir una profunda regresión, que complicaría aún más la dramática descomposición social que amenaza desembocar en graves estallidos de violencia generalizada.
No es que uno se deje llevar por el pesimismo para tener una visión apocalíptica de la vida nacional, sino que por mera disciplina mental no se puede dejar de ser realista, lo que conlleva una visión objetiva de las cosas. Esta objetividad es la que muestra las causas profundas del divorcio entre gobernantes y gobernados, que se pueden definir con una sola palabra: corrupción. Este flagelo tiene costos altísimos para la sociedad, como lo han demostrado diversos estudios de organismos internacionales. Sin embargo, al paso de los años aumenta su campo de acción, como lo patentizan hechos concretos. A uno de ellos se refiere la Auditoría Superior de la Federación: el análisis de la cuenta pública por años de ejercicio.
Es preocupante que no ocurra nada a pesar de que, como lo apunta la ASF en su “Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2008”, durante los gobiernos de Vicente Fox y lo que lleva el de Felipe Calderón, se hayan dilapidado ingresos extraordinarios por un monto de un billón 281 mil 902.7 millones de pesos. La mitad de esta cifra fue por excedentes petroleros, ya que el precio del crudo mexicano excedió en 72.1 por ciento a lo esperado. Gravísimo es que, de acuerdo con dicho informe, el 71.8 por ciento de esa cantidad se dedicara a ampliaciones presupuestales de las dependencias federales y de los estados. Esta situación explica porqué la alta burocracia vive en el limbo, muy ajena a lo que ocurre realmente en el país.
Desde luego, es presumible que el partido en el poder argumentará que tal evaluación de la ASF se hizo con tintes políticos, para “dañar la imagen del presidente Felipe Calderón”. Con todo, los datos allí están para comprobar su autenticidad y demostrar que la tarea de la Auditoría es eminentemente técnica. Por si eso no bastara, está el hecho concreto de los sueldos y prestaciones de la alta burocracia, muy superiores a los de funcionarios del mismo nivel, incluso en naciones de primer mundo, como Estados Unidos. ¿No es muy ilustrativo a este respecto el salario anual del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que asciende a 6 millones 553 mil pesos?
Ni qué decir tiene que hay un claro conflicto de intereses, inaceptable en cualquier otra nación democrática, en la actuación pública y su labor empresarial del secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, quien a pesar de su responsabilidad como funcionario de primer nivel y ser un agroempresario importante, disfruta de los beneficios del Procampo, sin ponerse a pensar que así afecta a campesinos realmente necesitados de subsidio. Con la mayor desfachatez anuncia que no renunciará a dicho apoyo, actitud que revela el concepto erróneo que tiene del servicio público. En este caso, se observa la laxitud de un jefe del Ejecutivo que debiera ser muy cuidadoso al nombrar a sus subalternos y, como en el caso de Mayorga, exigirles definir su situación profesional: o servidores públicos de tiempo completo, o seguir siendo empresarios y en tal caso hacer otro nombramiento.
Así queda muy claro porqué en los dos gobiernos emanados del PAN, se perdió completamente la línea divisoria entre servidor público y miembro del sector privado, lo que demuestra que los políticos del blanquiazul ven el servicio público como el camino más rápido y fácil de amasar fortunas. La tecnocracia surgida del PRI, cuando menos guardaba las formas. Se esperaban a dejar el servicio público para convertirse en negociantes A este respecto son válidos los ejemplos de Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz. Lo que no se ponen a pensar es que ninguna nación funciona sin una administración pública profesional, dedicada por entero a sus labores sin mezclarlas con negocios privados, pues esto se presta a la comisión de delitos como peculado y otros de los llamados de “cuello blanco”. Sin embargo, aquí no pasa nada, de ahí que la burocracia dorada siga tan campante, haciendo gala de su proverbial cinismo.

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