Conflicto arriba, fraternidad abajo (Argentina y Uruguay)

Raúl Zibechi

Mientras los gobiernos de Argentina y Uruguay no consiguen salir del pantano político-diplomático al que los llevó la instalación de dos grandes papeleras en el binacional río Uruguay, los ambientalistas de ambos países trabajan para poner en pie un Congreso Regional Contra la Contaminacion Ambiental. En estos días dieron pasos relevantes en esa dirección, mostrando, como dijo un miembro de la Asamblea de Gualeguaychú, que “lo que no hagan los gobiernos, lo harán los pueblos”.

En los dos últimos años los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner atraviesan un fuerte conflicto por la construcción de dos de las mayores fábricas de celulosa del continente: la finlandesa Botnia, que comenzará a producir en pocas semanas, y la española Ence, que comienza obras. Los proyectos vienen de gobiernos anteriores, pero el de Vázquez dio el visto bueno para que Botnia siguiera adelante cuando podría haber tomado otro camino. La finlandesa se instaló cerca de Fray Bentos, del lado uruguayo, sobre el río y frente a la argentina Gualeguaychú, cuya población vive básicamente del turismo. Ence preveía hacer lo mismo, a muy poca distancia, pero el año pasado decidió trasladarse hacia el sur, en el departamento de Colonia, donde el ancho del río supera los 40 kilómetros y la contaminación será menos ostentosa.

Hasta que los asambleístas de Gualeguaychú iniciaron los cortes del puente internacional San Martín, las relaciones entre ambas naciones eran normales. En 2005 comenzó una seguidilla de cortes, algunos se prolongaron semanas, hasta llegarse al corte permanente desde hace unos ocho meses. En ocasiones, los tres puentes que unen a los dos países son cortados de forma simultánea, generando situaciones complejas para la población que vive en la frontera y está habituada a hacer sus compras del otro lado del río. El litigio se trasladó a la Corte Internacional de La Haya ya que el Mercosur fue incapaz de mediar entre ambos gobiernos. Parece evidente que el conflicto es una de las razones que explican la debilidad del bloque regional.

El gobierno de Kirchner, que en un primer momento no objetó las fábricas de celulosa, no tiene la fuerza política para desalojar a los ambientalistas, y no consiguió cooptarlos al nombrar en la Secretaría de Medio Ambiente a una simpatizante de la Asamblea de Gualeguaychú. En Argentina funcionan 11 plantas de celulosa, algunas de las cuales utilizan sistemas mucho más contaminantes que los que empleará Botnia, pero las autoridades nunca mostraron mucho celo ambiental. La masiva y compacta actitud de la población de Gualeguaychú (80 mil habitantes) consiguió instalar la cuestión ambiental en la agenda política en toda la región. Algunos de los más relevantes conflictos sociales de Argentina se relacionan con la cuestión ambiental, como es el caso de la minería a cielo abierto y el monocultivo de soya.

En Uruguay se disparó un chovinismo feroz. En parte, fomentado por el gobierno que pudo así desviar, durante un tiempo, la crítica al continuismo de la política económica. Se llegó a enviar al ejército a custodiar la planta de Botnia ante el rumor de un posible atentado de los activistas argentinos. Pero el nacionalismo caló hondo en la población. Los actos contra las papeleras nunca contaron con respaldo más allá de pequeños colectivos y el acoso a los piqueteros del otro lado fue creciendo. En supermercados es frecuente escuchar a la amas de casa decir que no compran productos argentinos. Algo ridículo, toda vez que el gas de cocina y multitud de productos insustituibles para el consumo de los hogares vienen del país vecino.

Hasta ahora, los grupos ambientalistas que se mueven en Fray Bentos sufren enorme aislamiento y agresiones verbales frecuentes. Por momentos, en la ciudad fronteriza se vivió un clima de guerra. Sobre todo durante el pico de la construcción de Botnia, que contrató hasta 5 mil obreros. La falta de empleo fue un argumento demoledor. Los sindicatos pasaron en pocos meses de la crítica a la papelera a una cerrada defensa, pero la firmeza de los ambientalistas de ambos lados, la finalización de las obras en Botnia –que funcionará apenas con un puñado de técnicos– y la entrada en escena de los pequeños productores rurales afectados por Ence está cambiando el panorama.

Desde que se supo que la papelera española se instalará en zona rural, los productores comenzaron a reunirse, recabar información y tender lazos con otros sectores que tienen los mismos problemas. Así, se llegó a la reunión del pasado fin de semana con ambientalistas de Gualeguaychú. El protagonismo rural supone un viraje importante: aunque plantean la misma problemática, nadie puede acusarlos de estar influenciados por militantes ambientalistas y representan a un actor social que en los últimos años jugó un papel destacado en la resistencia al neoliberalismo. Tienen claro, como dijo un dirigente, que “estas fábricas nos van a destruir” y que el país perderá la soberanía alimentaria. La declaración firmada por ambientalistas y productores señala la voluntad de formar un “frente común” contra “el avance indiscriminado de las multinacionales” y la forestación, que se apoyan en “gobiernos complacientes que estimulan estos emprendimientos”.

Una estrategia de contención de la movilización comenzó a agrietarse. Como señala la declaración, el enfretamiento entre uruguayos y argentinos ha sido la forma de “debilitar la protesta”. Es la primera vez que en Uruguay se escucha un respaldo en voz alta a los cortes de los puentes de los ambientalistas de Gualeguaychú. El llamado a “confranternizar porque este problema nos atañe a todos”, marca un punto de inflexión en las luchas sociales de esta región. Por abajo y contra los de arriba, llámense multinacionales o gobiernos “progresistas”, se están gestando fraternidades que pronto se convertirán en potentes movimientos.