El autismo político de Felipe Calderón

Gilberto López Rivas

El autismo o aislamiento patológico del individuo que se encierra en sí mismo con pérdida de contacto con la realidad parece caracterizar a Felipe Calderón, quien desde la presidencia ilegítima es incapaz de escuchar el clamor de amplios sectores de la sociedad que se encuentran sumamente preocupados por la marcha del país hacia el despeñadero. Rodeado de militares y policías que lo mismo asesinan familias en retenes, secuestran, torturan y desaparecen militantes, violan indígenas o incursionan en casas y departamentos sin orden de cateo ni atribuciones legales para realizar este tipo de acciones, el titular de facto del Ejecutivo no parece comprender la gravedad de los problemas que él y sus asociados causan con su política represiva y de complicidad manifiesta con gobernadores genocidas, encubridores de pederastas y con líderes sindicales a perpetuidad que se han convertido en jefes de campaña del partido gobernante y aliados incondicionales del usurpador.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han observado puntualmente la naturaleza represiva del gobierno federal y de los estados, de las fuerzas armadas y policiales; de la impunidad con la que se violentan los derechos humanos en México. El deterioro de las instituciones encargadas de la administración de justicia obliga incluso a la instalación del Tribunal de Justicia Popular Nacional que recientemente consideró que “el Estado mexicano ha abandonado el principio constitucional fundacional de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste y se ha olvidado de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y ha generado una política de criminalización de las luchas sociales y de persecución, hostigamiento, represión brutal, hasta la tortura, el asesinato político, la desaparición forzada, violentado en todos los casos el conjunto de las garantías individuales del pueblo, frente al abandono, indolencia, incapacidad y complicidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

El tribunal inició su juicio recibiendo denuncias y pruebas que imputan a quienes han fungido y fungen como servidores públicos, encabezados por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ulises Ruiz Ortiz, Enrique Peña Nieto, Mario Marín –entre otros inculpados–, de la comisión de delitos diversos: ordenar y propiciar ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, aplicación de tortura en forma sistemática a todos los detenidos en diversos movimientos sociales, en particular San Salvador Atenco y Oaxaca; ataques a la integridad corporal y a la salud de grupos nacionales, particularmente pueblos indios y niños (genocidio), ordenar y propiciar lesiones, violación sexual, robo, allanamiento de morada, delincuencia organizada y ejercicio indebido de la función pública.

En numerosos estados del país tienen lugar movimientos de resistencia que enfrentan la represión y las políticas económicas aplicadas con rigor por el grupo gobernante. La Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, por ejemplo, denuncian la detención ilegal y violenta de pobladores con cargos comunitarios por parte de las autoridades ministeriales y judiciales de ese estado, “mostrando una vez más el verdadero rostro del sistema judicial de nuestro país, un sistema corrupto, que lejos de hacer justicia al pueblo, vende al mejor postor la aplicación de las leyes.” De San Isidrio Aloapan, Oaxaca, ejemplo de lucha en defensa del bosque y de la autonomía indígena, se demanda la libertad de los presos políticos de ese pueblo detenidos injustamente el 18 de junio pasado. En Morelos, los pueblos se levantan para detener el avance inmobiliario que pretende secuestrar el agua y depreda otros recursos naturales de la entidad, con el apoyo incondicional del gobierno de Acción Nacional. El EPR sigue insistiendo en la presentación con vida de sus dos militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos por fuerzas militares y policiales, y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia.

Por otro lado, del 19 al 21 de agosto Felipe Calderón, George W. Bush y Stephen Harper se reunirán en Montebello, Canadá, para impulsar medidas de seguridad en el marco de ASPAN, lo que en los hechos significará –sin duda– el incremento de acciones y la reforma de los marcos jurídicos para controlar y eliminar a los movimientos sociales que se oponen al saqueo de nuestros recursos naturales y estratégicos para beneficio de las corporaciones capitalistas.

En su primer año en el gobierno, Calderón y la clase dominante pretenden ignorar los ultrajes acumulados por movimientos cívico-democráticos, gremiales, sociales, ecológicos, indígenas y revolucionarios que han sido severamente reprimidos, sometidos, criminalizados pero no derrotados y cuyo repliegue necesario presagia una beligerancia social en el futuro inmediato de intensidades y alcances insospechados.

México es un país de profundidades en la radicalidad de sus procesos sociales. No se trata de un determinismo histórico, sino de características propias de un pueblo que acumula agravios y responde con movimientos de largo aliento. Sólo que el grupo en el poder no sabe ni le interesa la historia ni su proyección en el futuro. Su ignorancia va a la par de su vocación autoritaria, explotadora y entreguista a los intereses de Estados Unidos.