La parte acusadora integra más pruebas contra Norberto Rivera

El cardenal trasladó a Los Angeles al presunto pederasta sin comentar el comportamiento del clérigo

ALMA E. MUÑOZ

El interrogatorio al que fue sometido durante ocho horas el cardenal Norberto Rivera Carrera, por parte de los abogados de Joaquín Aguilar Méndez, quien lo acusa de encubrimiento internacional de Nicolás Aguilar Rivera, el sacerdote que lo ultrajó sexualmente, se sustentó en la investigación que sobre la conducta del clérigo realizó la arquidiócesis de México, tanto en el Distrito Federal como en Puebla.

A esta investigación se sumó ayer una copia del expediente que sobre el pederasta tiene el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, quien presentó ante el Vaticano la causa canónica que permita reducir al estado laico al presbítero pederasta.

Con esto, la parte acusadora se allegó de mayores elementos de prueba en contra del cardenal Rivera Carrera, quien antes de su comparecencia del miércoles pasado tuvo que enviar a la Corte Superior de Los Angeles –donde radica la acusación que en su contra presentó Joaquín Aguilar por protección internacional de Nicolás Aguilar Rivera– el resultado de la investigación que mandó hacer sobre el sacerdote.

Nuevos testimonios

El tribunal, a su vez, entregó en días pasados copia de esos documentos, que contienen nuevos testimonios y el intercambio epistolar sostenido entre el jerarca católico mexicano y el arzobispo de Los Angeles, Roger Mahony, a propósito del traslado del sacerdote Aguilar Rivera a esa jurisdicción eclesiástica, en la que –trascendió– el primero omitió informar al prelado estadunidense del comportamiento que habría motivado su cambio de adscripción.

Entre los documentos destacan, se dijo, testimonios de sacerdotes que advirtieron a Norberto Rivera de los abusos sexuales que cometió Nicolás, sin que actuara en consecuencia.

Después del interrogatorio al que fue sometido el arzobispo primado de la ciudad de México, el miércoles pasado, el obispo de Tehuacán respondió ayer durante casi tres horas a preguntas que le formularon los abogados de Joaquín Aguilar, David Drivon y Robert Waters.

Con esto concluyó la fase que permitirá al juez en Los Angeles, Elihu M. Berle, determinar, el 11 de septiembre próximo, si existe jurisdicción para encausar al cardenal Rivera o se requieren más interrogatorios. Dentro del procedimiento se esperaba que la víctima fuera interrogada por la defensa del jerarca católico mexicano, pero –como ya se había adelantado– sus abogados omitieron presentar el requerimiento a la corte angelina. Por lo mismo, no se llevó a cabo.

El obispo Rodrigo Aguilar Martínez llegó a las 9:30 de la mañana de ayer, acompañado únicamente por su chofer, para comparecer ante los abogados de la parte demandante, tal como estaba establecido. Es decir, sin elementos de resguardo, a diferencia del cardenal Rivera, para cuya diligencia se desplegó un dispositivo de seguridad.

Minutos después, cerca de las 10 horas, arribaron Joaquín Aguilar, sus abogados, así como Dana Christensen, estenógrafa de la corte de Los Angeles, y Erick Barragán, director de la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), sección México. Y tras ellos, los abogados del obispo, los mismos que llevan la defensa del arzobispo capitalino, y que en esta ocasión encabezó Steven R. Selsberg. De este interrogatorio –que fue videograbado– dio fe Christensen.

Momentos antes de ser interrogado, el prelado entregó a los litigantes de la parte acusadora los documentos que la diócesis de Tehuacán tiene sobre Nicolás Aguilar Rivera, por ser la circunscripción a la que este sacerdote pertenece. Después procedió a responder preguntas durante casi tres horas.

No fue necesario más tiempo, debido a que los abogados de la parte acusadora están conscientes de que el obispo tomó posesión el 30 de marzo del año pasado, es decir, seis meses antes de que se presentara la denuncia de Joaquín Aguilar contra el cardenal Rivera, la diócesis de Tehuacán y Nicolás Aguilar.

Hay que recordar que después de que Norberto Rivera dejó en 1995 aquella diócesis para hacerse cargo de la arquidiócesis primada de la ciudad de México, lo sucedió Mario Espinosa Contreras, quien tomó posesión el 11 de mayo de 1996, y antes de que llegara Aguilar Martínez estuvieron como interinos Teodoro Lima y Antonio Pacheco Lomas.

Después de concluidos los dos interrogatorios a los jerarcas católicos mexicanos, Joaquín ofreció una serie de entrevistas. A este diario confirmó que el cardenal Norberto Rivera Carrera se presentó muy nervioso e inclusive “en dos ocasiones golpeó la mesa, desesperado, sobre todo cuando se le cuestionó con las pruebas que entregó a la corte”.

–¿Lo recibió bien?

–Muy bien.

–¿Se despidió bien?

–Sí, muy bien, y me dijo que se ponía a mi disposición para lo que necesitara.

Se mostró confiado en que “las cosas salieron bastante bien. Estoy confiado en el papel que van a jugar mis abogados, pero quiero advertir que si el juez determina que no tiene jurisdicción, siempre habrá la duda de si era culpable o inocente”.

Confirmó que el cardenal Rivera Carrera ordenó a su vocero, Hugo Valdemar, hacer una investigación, tanto en Puebla como en la arquidiócesis de México, sobre su abusador sexual y que estas pruebas las envió a la corte de Los Angeles, tal como se le pidió.

Después de que representantes de la Arquidiócesis de México acusaron a la SNAP de lucrar con sus servicios, Joaquín Aguilar retó a la Iglesia católica a “no cobrar ningún servicio religioso y nosotros nos comprometemos a que nuestros abogados no cobrarán ni un solo peso por la defensa que realicen”.

En medio de todo esto, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez, quien se refirió al proceso como producto de la difamación, ofreció apoyar en los tribunales mexicanos a SNAP para presentar demandas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Erick Barragán le tomó la palabra y le dijo que le hará llegar los casos que documenten.