Sin explicaciones, detienen a turistas españoles en Oaxaca

¿Y así quieren incrementar el turismo? Después de esto le recomendamos a los turistas no viajar a Oaxaca, porque es un lugar de terrorismo de Estado.

Intervención de Rosario Ibarra evitó que los deportaran

EMIR OLIVARES ALONSO

Al comprar su boleto para viajar a México, cuatro ciudadanos españoles no se imaginaban lo que les esperaría durante su paseo en territorio mexicano. El domingo pasado, cuando caminaban cerca del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en compañía de un mexicano, todos fueron detenidos sin que se les dijera de qué se les acusaba. Los policías no les devolvieron sus pertenencias –entre ellas los pasaportes– por lo que el Ministerio Público los remitió a la estación de Iztapalapa del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Distrito Federal con la intención de deportarlos.

Sin embargo, la medida no se aplicó debido a que la senadora Rosario Ibarra de Piedra tramitó un amparo en favor de los detenidos, mismo que fue concedido por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal.

Los extranjeros (tres mujeres y un hombre) y el connacional padecieron empujones, golpes en nuca y cabeza, tirones de cabello, tocamientos sexuales a dos de las mujeres, fueron encapuchados, entre otros abusos, denuncian en un documento redactado por ellos mismos y que fue hecho llegar a este diario.

“El 5 de agosto nos encontrábamos paseando por el centro de Oaxaca, en la calle Independencia, pasadas las 21:30, de repente nos vimos rodeados por elementos parapoliciales (sic) algunos de ellos con armas de largo calibre, con uniforme azul oscuro y elementos de protección antibalística; dos de ellos –quienes daban las órdenes– iban de civil”, relatan Laia Serra Perelló (abogada), Ramón Sesén Marquina (profesor), Nuria Morelló Calafell (periodista) y Ariadna Nieto Espiné (antropóloga).

Subrayan que los policías los obligaron a ponerse contra la pared y posteriormente subir a una pick-up sin que se les pidiera identificación y sin que se les aclarara de qué se les acusaba. Denuncian que luego de un trayecto de alrededor de 10 minutos, llegaron a “un espacio que parecía ser un cuartel”, donde los encapucharon, obligaron a arrodillarse a los hombres y a dos de las mujeres, a levantarse la blusa. A una de las chicas “le tocaron las zonas sexuales y un agente le dijo que si cooperaba todo iría bien, a otra en varias ocasiones le tocaron por encima de la ropa las nalgas, el pubis y el seno derecho”.

En el “presunto cuartel” fue donde, aseguran, desaparecieron sus pertenencias, incluidos sus pasaportes. “Nos llevaron de uno en uno a un cuarto oscuro y vacío. Ahí nos empezaron a tomar fotos de frente y de perfil. A las tres chicas nos obligaron a permanecer de pie de cara a la pared y con las manos en la cabeza. Y a los chicos de rodillas y también de cara a la pared.

“Durante este periodo de encierro, algunos de nosotros recibimos golpes, humillaciones, insultos y amenazas. Una de las chicas recibió agresiones sexuales y el chico mexicano fue obligado a realizar flexiones (sentadillas) mientras un grupo de agentes se reían de él y le amenazaban con ‘aplicarle el puñal’. Asimismo, se acentuó el clima de terror sicológico al escuchar la carga y descarga de armas, (pues) nos tenían a oscuras en todo momento, tomándonos fotografías aleatoriamente enfocándonos con unas linternas a la cara y dándonos empujones.”

Relatan que casi después de hora y media de padecer esas acciones, los trasladaron ante un agente del Ministerio Público, pero en ningún momento les advirtieron en dónde estaban y a dónde serían conducidos. Afirman que durante su comparecencia ante la autoridad no se les informó el motivo de la detención; aunque lograron escuchar que se les acusaba de disturbios y escándalo público.

Ibarra de Piedra explica que Laia Serra, abogada de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (organismo que investigó los hechos en Atenco y Oaxaca), logró comunicarse con ella al Senado para relatar lo que le sucedió junto con sus compatriotas.

Por su parte, Hugo Rosas, abogado de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, explicó que “estamos ante un caso grave de violación a los derechos humanos”.