El espeso secretario de la Función Pública

Carlos Fernández-Vega

En julio pasado, un reportero preguntó al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP): “¿Vicente Fox está en las investigaciones, señor?”, a lo que Germán Martínez Cázares respondió, por decirlo de alguna manera: “Yo he aprehendido a que en esta secretaría hay que hacer grandes investigaciones, no grandes declaraciones”.

Corrió el tiempo, y casi 10 meses después, ni unas ni otras: la SFP y Martínez Cázares mantienen espeso silencio sobre la corrupción en el sexenio del “cambio”, con la pareja ex presidencial y sus respectivas y ambiciosas familias encabezando la lista.

El reportero insistió: “¿Muchos pendientes del sexenio pasado?”, y el ágil panista respondió: “¿Perdóneme? (le repiten le pregunta)… Hay temas pendientes del sexenio pasado. Yo quisiera responderle así. Y no queremos, no tenemos ningún compromiso con el pasado ni queremos adquirir compromisos con el futuro. En segundo lugar, estamos trabajando, está trabajando la Auditoría Superior de la Federación y nosotros en los temas para deslindar responsabilidades, para combatir la impunidad y generar más confianza de los ciudadanos. Con nuestra actuación vamos a generar más confianza en los ciudadanos en el combate a la corrupción”. Y nada.

Un mes atrás, otro reportero le preguntó: “¿Hay algún dictamen, alguna investigación abierta contra Vicente Fox y la familia Bribiesca Sahagún, porque se pregona mucho de corrupción y de transparencia (…) y queremos saber si en realidad se están investigando esas dos situaciones?” Y el hábil funcionario contestó: “Nosotros estamos cooperando plena y abiertamente con el Congreso, particularmente con la Cámara de Diputados, en las comisiones que investigan estos casos, tanto en Pemex, como en lo relativo a aquel fideicomiso llamado ISOSA (...) hay tres comisiones de la Cámara de Diputados y nosotros estamos colaborando, hemos entregado información preliminar, estamos dispuestos a entregar la información que nos requiera el Congreso… En segundo lugar, diría sobre la misma pregunta, que nosotros no tenemos, en la contraloría y en el gobierno de la República, compromisos con el pasado y que no queremos adquirir compromisos para el futuro”.

Y en marzo, aunque parezca disco rayado, un reportero le preguntó: “¿Pudiera tener responsabilidad alguna el ex presidente Fox (en el asunto de la biblioteca José Vasconcelos)?”, a lo que Germán Martínez respondió: “Mire, eso, derivado de la auditoría, se lo podría contestar, pero lo que urge es atender esas observaciones del auditor superior de la Federación que, como ustedes saben, es el contralor externo, y deslindar las responsabilidades que tiene la Secretaría de la Función Pública que, como ustedes saben, es el contralor interno del gobierno. Entonces, una vez que estén esos resultados, los voy a dar a conocer a la opinión pública, yo le voy a dar a conocer a la opinión pública la manera en que resolví y atendí esas observaciones que el auditor está reclamando, y que es justo que se aclaren”.

Por todo lo anterior, y dadas las cuantiosas evidencias de las corruptelas de la pareja ex presidencial y la inmovilidad de la “continuidad”, nuevamente son los legisladores (no todos, los panistas también mantienen la boca cerrada) quienes han impulsado la creación de una “comisión especial que investigue el ejercicio de los recursos en la Presidencia de la República durante el sexenio 2000-2006” y los presuntos ataques de los que fue víctima el erario por parte de Fox y sus huestes. Entonces, la supuesta cooperación SFP con el Congreso parece no ser tal.

Y lo anterior tiene razón de ser porque Martínez Cázares quiere arrebatarle el premio al ex contralor Francisco Barrio, quien en su tiempo prometió “peces gordos” y ni charales agarró.

Mientras eso sucede, Vicente Fox y Marta Sahagún agarraron en Roma chamba nueva (cocopresidente de la Internacional Demócrata de Centro: la ultraderecha organizada), con la encomienda de “construir puentes”. Pero cuidado: si los construyen como el rancho San Cristóbal o la megabiblioteca José Vasconcelos, entonces aguas con la cartera.

Rebanadas del pastel:

Luis H. Álvarez duerme plácidamente desde el pasado primero de diciembre en una bomba de mecha muy corta. “Los trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) contratados bajo el régimen de honorarios, rechazamos la pretensión de disminuir nuestro salario con el pretexto de reducir el peso de la nómina. Quienes así trabajamos, carecemos de seguridad social y prestaciones garantizadas por ley, pero lo más grave es la incertidumbre en la que laboramos al estar sometidos a contratos temporales (de tres a seis meses), con lo que podemos quedarnos sin trabajo a su término, sin importar los años laborados en la institución, o como en el presente caso, en el que se pretenda disminuir nuestras percepciones en 20 por ciento a partir de la primera quincena de octubre, situación que, amén de injusta y atentatoria contra nuestras familias, se basa en criterios amañados que sólo evidencian un manejo ineficiente de la administración pública.

“Además, no tiene sustento, porque a la CDI, al igual que cualquier entidad de la administración pública federal, se le aprobó un presupuesto anual, en el que se incluyen las percepciones de quienes trabajamos bajo el régimen de honorarios, de tal forma que no se puede argumentar falta de recursos para cumplir con los montos establecidos en los contratos de honorarios. En los primeros meses del año se registraron despidos injustificados, impulsados por actitudes arbitrarias de funcionarios que llegaron a la CDI sin conocer su funcionamiento y totalmente distanciados de los objetivos que por ley tiene establecidos, lo que llevó a la institución a erogar cuantiosas indemnizaciones de altos mandos, ya que en algunos casos se trató de gente que tenía muchos años de servicio, lo cual, evidentemente, no estaba considerado en el presupuesto del presente año. Así nos quieren hacer pagar los platos rotos, pero no lo vamos a permitir”.