El Justo Reclamo

El sindicato advierte que demandará al titular del Trabajo y al gobernador Bours

Con la promesa de “bonos” la empresa busca que mineros regresen a Cananea

Prepara las querellas, ya que “se declaró inexistente la huelga con argumentos ilegales y falsos”

Definirá en breve las acciones de resistencia en las calles y un paro nacional

Patricia Muñoz Ríos

Al tiempo que Industrial Minera México informó que ayer domingo regresaron a laborar más de 400 mineros a las instalaciones de Mexicana de Cananea, representantes del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia anticiparon que demandarán penalmente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, y al gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por haber permitido que se rompiera “de manera violenta e ilegal esta huelga”.
Advirtieron además que en los próximos días se determinará la fecha y hora del “paro nacional” que llevarán a cabo más de 70 delegaciones de este sindicato, y que también se definirán las acciones de resistencia callejera que realizarán en protesta por haberse violado el derecho a huelga.
Juan Rivero, abogado del sindicato, planteó en entrevista que se están integrando los expedientes que se presentarán ante tribunales, ya que “se declaró inexistente la huelga de Cananea con argumentos ilegales y falsos; hubo confabulación de autoridades de la STPS y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con Minera México, y se utilizó la fuerza pública con casi mil elementos policiacos, los cuales tienen tomadas las instalaciones de la minera”.
La empresa, por su parte, señaló que los mineros que retornaron con toda “normalidad” iniciaron labores de inspección de las áreas operativas más importantes de la mina, y que cuadrillas de trabajadores sindicalizados realizan ya actividades de revisión, inspección y limpieza de los equipos móviles. Incluso adelantó que en estas actividades participarán, a partir de este lunes, “expertos independientes que supervisarán las condiciones de seguridad e higiene en la mina”.
En Hermosillo, voceros de este grupo industrial confirmaron que se ofreció un “bono” de 15 mil pesos y otras prestaciones ordinarias y extraordinarias a los trabajadores que se reincorporaran a las labores en Mexicana de Cananea antes de 72 horas.
Según los voceros, al menos 450 trabajadores de los mil 300 que conforman la empresa aceptaron inicialmente esa oferta, y con ellos empezaron las operaciones. Además, a los que decidan no continuar la huelga y regresar a trabajar, la empresa les prometió “un subsidio de gas doméstico en enero y febrero, además de 68 por ciento del sueldo mientras no se tenga producción”, e incluso el pago de bonos de productividad y todas las prestaciones, así como un bono de “asistencia perfecta” que se dará a partir de este lunes.
Juan Rivero afirmó que Grupo México metió a la mina “guardias blancas” y “grupos de choque”, y dijo que esta organización responsabiliza al gobierno de Felipe Calderón, a la STPS y al gobierno de Sonora de la violencia que pueda generarse en la empresa en los próximos días. Afirmó que hay 20 mineros golpeados, algunos con costillas rotas, y que incluso hay trabajadores “desaparecidos y detenidos” por la acción policiaca que se desplegó para deshacer la huelga.
Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) condenó la declaración de inexistencia de la huelga, decretada por la JFCA, y dijo que esta “inaudita” determinación viola el artículo 123 constitucional.
Indicó además que el argumento que se esgrimió de que los trabajadores no suspendieron labores en la hora previamente señalada “no está previsto en la ley laboral”, ni tampoco es legal el uso de la violencia para retirar a los huelguistas.
La ANAD explicó que solamente hay tres causales para declarar la inexistencia de una huelga, que son: la falta de mayoría de trabajadores que apoyen la suspensión de labores; que el paro no haya sido por algún motivo contemplado en la ley, o que el escrito de emplazamiento no haya cumplido con los requisitos de forma, por lo que el argumento esgrimido por la JFCA para desconocer el paro es absolutamente ilegal y constituye una violación al estado de derecho.