Prevé la contratación “a prueba” y la ampliación de la jornada diaria mediante acuerdo
La propuesta de reforma laboral reduce obligaciones a los patrones
Busca la STPS regular actuación de sindicatos, que perderían registro si no le rinden informes
La dependencia dice que en la actual legislatura están dadas las condiciones para lograr los cambios
La jornada laboral podría aumentar, según acuerdo Foto: María Luisa Severiano
La reforma laboral que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha bautizado ahora como “iniciativa de los sectores” contempla nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, para que se establezca contratación “por temporada” o “a prueba”; esquemas para que los patrones y empleados “puedan convenir la ampliación de la jornada diaria”, y cambios en la operación de las juntas de conciliación y arbitraje para que, por ejemplo, se reduzca de 90 a 45 días el plazo para que caduquen los juicios laborales.
La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social resumió en un documento los principales lineamientos que contendría esta iniciativa, la cual se presentará en el actual periodo legislativo, ya que considera que “en esta legislatura están dadas las condiciones para llegar a los acuerdos necesarios y sacar adelante esta reforma”.
Confía la dependencia en que se podrán superar los obstáculos que han impedido concretar esta reforma, y considera que la “politización” de esta iniciativa ha complicado avanzar hacia las modificaciones laborales, según señala el documento difundido por el subsecretario Alvaro Castro.
En este proyecto se plantea la simplificación de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento; el establecimiento del banco de horas y la modificación de la jornada diaria de trabajo por acuerdo entre patrones y trabajadores; suprimir el “escalafón ciego” e impulsar la “multihabilidad” de los empleados para que puedan realizar varias funciones, como medidas para incrementar la productividad y la competitividad del país.
Asimismo se señala que para que una organización pueda depositar su contrato colectivo de trabajo deberá presentar su registro otorgado por las autoridades, o no lo podrá hacer, y que “el registro de los sindicatos puede cancelarse por no proporcionar informes a las autoridades respecto de su actuación y por no informar cada seis meses de altas y bajas de sus miembros”.
Cambios en juntas de conciliación
La “iniciativa de los sectores” plantea también que las juntas de conciliación y arbitraje tendrán que contratar “funcionarios conciliadores” como parte del personal. Además se pondrá un plazo de cinco años para que el personal jurídico que no tenga título y cédula de licenciado en derecho lo obtenga, plazo que contará a partir de la entrada en vigor de las reformas.
Pero incluso se establecerá que también tendrán que contar con título de licenciado en derecho y la cédula correspondiente aquellos que funjan como representantes de los trabajadores ante las juntas de conciliación y arbitraje; en caso de no tener este requisito deberán tener una constancia de capacitación en materia laboral.
También los litigantes en materia laboral deberán contar con este requisito, y en el caso de los sindicatos, si el compareciente es apoderado de la organización, deberá ser licenciado en derecho o pasante.
En cuanto a los procedimientos, este proyecto de reforma que ha integrado la dependencia señala que: se incorporarán reglas para regular la comparecencia de los terceros interesados en los juicios laborales; las notificaciones surtirán efectos a las 14 horas del día siguiente de la publicación de los acuerdos; se reducirá de 90 a 45 días el plazo para que opere la caducidad de los juicios, y a la muerte del trabajador dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto y la junta convocaría a los beneficiarios.
Además se prevé aumentar las multas para quien promueva una revisión o reclamación notoriamente improcedente, así como incluir nuevas reglas en los procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica. También se quiere instaurar nuevas reglas para el desahogo de la prueba de recuento de los trabajadores, lo cual se aplicaría a los conflictos de titularidad de los contratos colectivos de trabajo.
Según este documento dado a conocer por la Subsecretaría del Trabajo, se impondrían también sanciones para el personal jurídico de las juntas que incurra en irregularidades en la tramitación de los asuntos que retarden su desahogo.
Entre los principales temas que la STPS “estima pertinente impulsar” y que según la dependencia podrían enriquecer esta iniciativa, destacan: dotar de facultades a los autoridades laborales en la contratación de trabajadores extranjeros en territorio nacional; prohibir la práctica de exigir a las trabajadoras certificados médicos de no embarazo; legalizar la práctica de distribuir las semanas de descanso pre y posnatal de la mujer trabajadora, y facilitar la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de las incapacidades permanentes.
Otros asuntos que le interesan particularmente a la dependencia son: incorporar disposiciones para regular el trabajo en régimen de subcontratación “terciarización y outsourcing” y de esta manera evitar simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores, pero también simplificar los procedimientos de clausura de los centros de trabajo cuando se detecten riesgos inminentes para la seguridad de los empleados.
Esta secretaría también quiere que se incluyan disposiciones expresas para considerar información pública la relacionada con los registros de organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, e incluir un procedimiento especial o sumario para tramitar con mayor rapidez los juicios individuales en materia de seguridad social, ya que cerca de 60 por ciento de los expedientes en trámite corresponden a demandas en contra del Seguro Social, Infonavit y las Afores.
De igual manera se pretende establecer medidas de apremio para asegurar que los patrones y los sindicatos asistan a las conciliaciones; revisar el marco normativo que corresponde a los trabajadores del campo; actualizar el monto de las sanciones económicas que prevé la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en lo que se refiere a las multas para los que contratan menores de 14 años, e incluir un capítulo para regular el ofrecimiento y desahogo de las pruebas electrónicas, entre otras propuestas delineadas en esta “iniciativa de los sectores”.
La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social resumió en un documento los principales lineamientos que contendría esta iniciativa, la cual se presentará en el actual periodo legislativo, ya que considera que “en esta legislatura están dadas las condiciones para llegar a los acuerdos necesarios y sacar adelante esta reforma”.
Confía la dependencia en que se podrán superar los obstáculos que han impedido concretar esta reforma, y considera que la “politización” de esta iniciativa ha complicado avanzar hacia las modificaciones laborales, según señala el documento difundido por el subsecretario Alvaro Castro.
En este proyecto se plantea la simplificación de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento; el establecimiento del banco de horas y la modificación de la jornada diaria de trabajo por acuerdo entre patrones y trabajadores; suprimir el “escalafón ciego” e impulsar la “multihabilidad” de los empleados para que puedan realizar varias funciones, como medidas para incrementar la productividad y la competitividad del país.
Asimismo se señala que para que una organización pueda depositar su contrato colectivo de trabajo deberá presentar su registro otorgado por las autoridades, o no lo podrá hacer, y que “el registro de los sindicatos puede cancelarse por no proporcionar informes a las autoridades respecto de su actuación y por no informar cada seis meses de altas y bajas de sus miembros”.
Cambios en juntas de conciliación
La “iniciativa de los sectores” plantea también que las juntas de conciliación y arbitraje tendrán que contratar “funcionarios conciliadores” como parte del personal. Además se pondrá un plazo de cinco años para que el personal jurídico que no tenga título y cédula de licenciado en derecho lo obtenga, plazo que contará a partir de la entrada en vigor de las reformas.
Pero incluso se establecerá que también tendrán que contar con título de licenciado en derecho y la cédula correspondiente aquellos que funjan como representantes de los trabajadores ante las juntas de conciliación y arbitraje; en caso de no tener este requisito deberán tener una constancia de capacitación en materia laboral.
También los litigantes en materia laboral deberán contar con este requisito, y en el caso de los sindicatos, si el compareciente es apoderado de la organización, deberá ser licenciado en derecho o pasante.
En cuanto a los procedimientos, este proyecto de reforma que ha integrado la dependencia señala que: se incorporarán reglas para regular la comparecencia de los terceros interesados en los juicios laborales; las notificaciones surtirán efectos a las 14 horas del día siguiente de la publicación de los acuerdos; se reducirá de 90 a 45 días el plazo para que opere la caducidad de los juicios, y a la muerte del trabajador dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto y la junta convocaría a los beneficiarios.
Además se prevé aumentar las multas para quien promueva una revisión o reclamación notoriamente improcedente, así como incluir nuevas reglas en los procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica. También se quiere instaurar nuevas reglas para el desahogo de la prueba de recuento de los trabajadores, lo cual se aplicaría a los conflictos de titularidad de los contratos colectivos de trabajo.
Según este documento dado a conocer por la Subsecretaría del Trabajo, se impondrían también sanciones para el personal jurídico de las juntas que incurra en irregularidades en la tramitación de los asuntos que retarden su desahogo.
Entre los principales temas que la STPS “estima pertinente impulsar” y que según la dependencia podrían enriquecer esta iniciativa, destacan: dotar de facultades a los autoridades laborales en la contratación de trabajadores extranjeros en territorio nacional; prohibir la práctica de exigir a las trabajadoras certificados médicos de no embarazo; legalizar la práctica de distribuir las semanas de descanso pre y posnatal de la mujer trabajadora, y facilitar la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de las incapacidades permanentes.
Otros asuntos que le interesan particularmente a la dependencia son: incorporar disposiciones para regular el trabajo en régimen de subcontratación “terciarización y outsourcing” y de esta manera evitar simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores, pero también simplificar los procedimientos de clausura de los centros de trabajo cuando se detecten riesgos inminentes para la seguridad de los empleados.
Esta secretaría también quiere que se incluyan disposiciones expresas para considerar información pública la relacionada con los registros de organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, e incluir un procedimiento especial o sumario para tramitar con mayor rapidez los juicios individuales en materia de seguridad social, ya que cerca de 60 por ciento de los expedientes en trámite corresponden a demandas en contra del Seguro Social, Infonavit y las Afores.
De igual manera se pretende establecer medidas de apremio para asegurar que los patrones y los sindicatos asistan a las conciliaciones; revisar el marco normativo que corresponde a los trabajadores del campo; actualizar el monto de las sanciones económicas que prevé la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en lo que se refiere a las multas para los que contratan menores de 14 años, e incluir un capítulo para regular el ofrecimiento y desahogo de las pruebas electrónicas, entre otras propuestas delineadas en esta “iniciativa de los sectores”.
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