Gustavo Leal F.*
A mediados de noviembre de 2007, Miguel Ángel Yunes –gracias a Felipe Calderón, director general del ISSSTE– sonrió a Ricardo González Sada (Coparmex) y Sergio Peralta (Grupo de Grandes Empresas) mientras les comunicaba que “la pensión al final de la vida laboral” de los 29 mil trabajadores de nuevo ingreso al ISSSTE “no representará un pasivo ni se cubrirá con subsidios, porque se pagará con recursos de su propia cuenta individual”.
Días antes Jaime González Aguadé, director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), había negado que la cartera de la Afore de la Gente fuera a ser trasladada a Pensionissste, dado que lo que se le venderá, a “precio de mercado”, es la plataforma operativa (sistemas, manuales y autorizaciones de la Consar) para que Pensionissste “empiece a trabajar lo antes posible”.
Mientras tanto, la calificadora Standard & Poor’s asignaba al Fovissste su calificación de “superior al promedio” como administrador de créditos hipotecarios para el mercado mexicano, al haber cumplido “su compromiso de mantener un entorno de administración de activos de alta calidad”.
Por su parte la Consar, vía su vocera Vanesa Rubio, establecía que después de la “reforma” de Nuevo León (fracaso que, iniciado en octubre de 1993, llevó a que en junio de 2007 las maestras jubiladas de la sección 50 del SNTE tomaran la sede de Isssteleon porque “la diferencia entre el esquema de jubilación para trabajadores que comenzaron a laborar antes de 1993 y quienes lo hicieron posteriormente es abismal”), Guanajuato contempla transitar por el mismo camino de “pensiones individuales” (aunque apenas se reformó, con todo y “ahorro voluntario”, en 2002) sumándose al “esquema de cuentas individuales” de la reforma calderonista al ISSSTE.
Para Rubio, “aún falta por transformar” los sistemas de pensiones de los trabajadores del IMSS (378 mil activos), ISSFAM (100 mil elementos), empresas paraestatales (247 mil empleados), diversas dependencias estatales (un millón de servidores) y universidades estatales (90 mil trabajadores), entre otros. “Una vez que todos estos satélites operen bajo el esquema de cuentas individuales y sean portables”, dijo, quedará constituido el Sistema Nacional de Pensiones”.
Después del pacto que, desde el IMSS, firmó en lo oscurito el politólogo Juan Molinar Horcasitas con el secretario general del SNTSS y que remite –sin darles opción– al mismo sistema de cuentas individuales a todos los trabajadores de nuevo ingreso al instituto (como establece la “reforma” calderonista del ISSSTE), siguió la “reforma” del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE).
Sólo con los votos del PRI, el Congreso local aprobó un aumento de siete años en el piso mínimo para alcanzar la jubilación (de 53 a 60 años, como en la “nueva” Ley del ISSSTE) y facultó al Ejecutivo local para que disponga de hasta 50 por ciento de su reserva técnica (que asciende a 2 mil 600 millones de pesos) para invertirla en la Bolsa Mexicana de Valores y realizar con ella otras transacciones financieras. El IPE cuenta con 94 mil derechohabientes, de los cuales 77 mil son activos y 17 mil son jubilados.
Como señala el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: “existen cerca de 3 millones de trabajadores afiliados a sistemas de pensiones públicos de reparto. Se buscará consolidar un Sistema Nacional de Pensiones mediante la incorporación de trabajadores independientes y la transformación de los sistemas de reparto público en sistemas de cuentas individuales con portabilidad entre los sistemas ya reformados”.
Pero, paradójicamente, el grueso de los planes de retiro complementarios que las empresas multinacionales establecidas en México ofrecen a sus empleados son de “beneficio definido” (como los que contemplaba de Ley del ISSSTE que abrogó Calderón) y no de “contribución definida” (como los que impone la “reforma” calderonista del ISSSTE).
Como dice Enrique Marín Flores, director ejecutivo de retiro de Mercer Human Consulting, “de nada servirá que las empresas tengan un plan de retiro para sus empleados, si éstos no están conscientes de cuánto recibirán y de si ese dinero les alcanzará para lograr la calidad de vida que desean tener”.
Es decir, enfrentarán la misma incertidumbre que, en virtud del sistema de cuentas individuales –que el PND calderonista plantea como su objetivo– ya se padece en el IMSS (por Zedillo) y muy pronto se padecerá también en el ISSSTE (por Calderón).
¿Quién sale ganando con el uso de los recursos depositados en las cuentas individuales? Ciertamente, no los dueños de los fondos, como demostró el estudio de la Cofeco (noviembre de 2006) que estableció que las comisiones cobradas por el SAR fueron tan altas que, “duplicando el promedio latinoamericano”, provocaron que el rendimiento neto del ahorro para el retiro de los trabajadores de 1997 al 2006 “sea prácticamente nulo”.
Y ello sin siquiera entrar a considerar que apenas un puñado de 188 mil inversionistas concentran activos del mercado accionario mexicano que equivalen a 40 por ciento del PIB.
Por algo el BBVA-Bancomer destaca la “visión de futuro” de Calderón con su impulso a la “reforma” de pensiones y, también, por algo en Argentina, Chile, El Salvador, Perú y Uruguay las coberturas de las cuentas individuales son ahora menores a las del régimen previo que abrogaron las “reformas” (al estilo IMSS-ISSSTE) e, incluso, ya se discuten, emprenden y consolidan reformas sustanciales sobre los sistemas pensionarios privatizados vía esas cuentas individuales.
Así que la hora de la reforma de las “reformas” zedillistas y calderonistas ya sonó.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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