Prólogo Político

Alvaro Cepeda Neri

Juan de Dios Castro y Orellana contra periodistas

Ya establecido en Los Pinos y nombrado en la PGR Medina Mora (y cuyo nombre es: Eduardo Tomás Medina-Mora e Icaza) el señor Calderón, para efectos de jubilación, designó a su "maestro" Juan de Dios Castro Lozano como titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. De ésta depende la Fiscalía para Delitos contra Agresiones a Periodistas. Se mencionó, por filtraciones (y hasta se publicó) que de entre los candidatos estaba el abogado Luis Martínez. Éste de inmediato fue vetado por el entonces Jefe de la Oficina de la Presidencia Juan Camilo Mouriño, convencido por Juan de Dios Castro ya que éste tenía a su candidato: Octavio Orellana Wiarco. Y éste fue impuesto en la fiscalía. Los panistas, pues, dueños del poder, tienen derecho a darle chamba a los suyos.

Pero no deben sacrificar eficacia, eficiencia, con su factor común: conocimiento de la tarea a desempeñar. Y con Castro y Orellana, el calderonismo tiró por la borda esos mínimos requisitos. Los dos han hecho absolutamente nada en la PGR... salvo cobrar sus jugosos cheques quincenales (y ya ni esto: se los depositan directamente a sus cuentas). Se acumulan las denuncias. Y Orellana-Castro ordenan a los Agentes del MP que se dediquen a pedir, pedir... y pedir pruebas, las cuales una vez ofrecidas, insisten en más pruebas, para concluir que los expedientes se archiven. No hay una sola consignación ante los tribunales: los funcionarios que agredieron a periodistas, desde que a duras penas tomó posesión Calderón, permanecen intocables.

Está claro que en el nombramiento de Castro y Orellana está la mano de Calderón-Mouriño, con la finalidad de que en esa Subprocuraduría y Fiscalía las denuncias tengan sellado su destino: ninguna procede, porque de lo que se trata es de no hacerles caso a los periodistas. Contra ellos, es la consigna. Y proteger a gobernadores y servidores federales. Éstos, incluso, cuando son objeto de recomendaciones de la CNDH, si bien las aceptan, las dejan sin cumplir, con lo cual periodistas y prensa escrita se quedan en estado de indefensión y los servidores públicos en la impunidad.

Bours, en Sonora; Herrera, en Veracruz, sobre todo, son los dos casos donde las agresiones a periodistas, homicidios, secuestros y amenazas, han generado denuncias ante la PGR y quejas ante la CNDH, pero no tienen éxito. Es una política deliberada que tuvo y tiene su mejor ejemplo en el caso de Lydia Cacho, pues hasta la Suprema Corte ha silenciado el asunto. El reportero desaparecido en Sonora: Alfredo Jiménez, sigue sin ser investigado, porque está implicado el gobierno de Robinson-Bours. Los periodistas asesinados en Veracruz y las amenazas a Martín Serrano Herrera, también permanecen en la basura de Castro-Orellana, porque hay que investigar al (des)gobernador Fidel Herrera. Y así sucesivamente.