México en la crisis andina

La confrontación entre Colombia, Ecuador y Venezuela, resultado de una operación militar realizada por Colombia en territorio ecuatoriano, que dio como resultado la muerte de 22 miembros del grupo armado de las FARC, entre los que se encontraba su segundo hombre más importante; se vio desde nuestro país, en un principio, como un hecho ajeno en el que, quizá, nuestro país tendría que mediar siguiendo su tradición de política exterior; sin embargo ahora el panorama es distinto.

Dentro de las primeras informaciones de este hecho se notificó la presencia de una joven mexicana gravemente herida, pero fuera de peligro y si bien la especulación acerca de su presencia en el lugar de los hechos en muchas ocasiones la asociaba directamente con el grupo armado, no se tenían elementos suficientes para el señalamiento. En las últimas horas se ha dado a conocer, por parte de las autoridades colombianas, el nexo directo entre la mexicana y la dirigencia del grupo armado.

Aunado a esto, los medios de comunicación de nuestro país informaron este jueves que de los 22 muertos en la operación, más de diez presumiblemente son mexicanos, la mayoría de ellos jóvenes universitarios, como la sobreviviente. Hasta este momento no se ha dado a conocer una postura oficial de nuestro gobierno sobre el tema que, cada vez, adquiere una mayor complejidad.

De una posible postura de mediación en la crisis, México ha pasado a tener un papel protagónico y los cuestionamientos no se han dejado esperar, pues resulta imperativo desentrañar el trasfondo de los sucedido, saber qué hacían esos jóvenes en territorio ecuatoriano con los altos mandos de las FARC, cuál era su relación con ellos, y qué implicaciones tiene eso para nuestra seguridad nacional.

Y más aún, hace falta saber cuál es la postura del gobierno de Felipe Calderón de cara a una acción militar directa que ha sido condenada por la comunidad internacional, en primera instancia la propia OEA (Organización de Estados Americanos), siendo violatoria de las leyes y los tratados internacionales que prohíben la incursión militar de un país más allá de las fronteras de otro, y aun más en un caso como este de clara premeditación.

La afectación a nuestro país es evidente y va en detrimento de las obligaciones fundamentales del Estado, como son la vigilancia y protección de la integridad de sus ciudadanos, dentro y fuera de las fronteras, y la preservación de la seguridad nacional en todos sus sentidos. Se han rebasado los límites de lo permisible y nuestra Nación tiene que tomar una postura frente al conflicto.

La crisis andina, como se le ha dado en llamar, implica un alto riesgo para la seguridad y estabilidad de la región e, incluso, de todo el continente; el tono de las acusaciones entre los países involucrados es muy fuerte y comienza a dar signos de enrarecimiento propicios al estallido de un conflicto, en el que cada una de las partes busca elementos para su justificación.

Sólo hace falta observar la vehemencia del presidente colombiano Álvaro Uribe al presentar ante la ONU datos, presuntamente obtenidos de la computadora del alto mando guerrillero abatido en la operación, de los que se deduce el interés del grupo armado por obtener material radioactivo con fines de uso bélico. El asunto no es menor y nos recuerda en mucho los argumentos estadounidenses esgrimidos en su intervención en Medio Oriente.

No se trata de escandalizar, sino de dimensionar las implicaciones de esta crisis que puede convertirse en un grave conflicto internacional en nuestro continente; y en medio de ello están las implicaciones que tiene para nuestro país como un actor involucrado, dentro del propio hecho que generó la crisis, y en general respecto a la posible presencia y nexos en nuestro país de un grupo armado como las FARC que ha combinado la lucha política por ciertos ideales con prácticas delictivas como el secuestro y el narcotráfico.

Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es ednafuerte@gmail.com para sus comentarios, gracias.