Rechaza la OEA cualquier intento de ruptura territorial en Bolivia

La organización no condena el referendo autonómico que se realiza hoy en Santa Cruz

Llama a “evitar acciones que conduzcan al alejamiento del orden constitucional”

El gobierno federal envía unos 250 policías para evitar conflictos durante la consulta

Afp, Dpa, Reuters y Notimex

Washington, 3 de mayo. La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó hoy cualquier intento de ruptura a la integridad territorial de Bolivia, aunque se abstuvo de condenar el referendo autonómico a que convocaron las autoridades del departamento de Santa Cruz con el apoyo del Comité Cívico, dominado por terratenientes y empresarios que se oponen a la política de reformas sociales del presidente Evo Morales.

En la madrugada de este sábado, el Consejo Permanente de la OEA dio por terminada una reunión extraordinaria de siete horas con una resolución que hace un “vehemente llamado a todos los actores (políticos y sociales de Bolivia) para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, excluyendo cualquier acción que pueda llevar a la ruptura de la paz y del orden constitucional”.

Antes de consensuar los términos del resolutivo, los embajadores ante la OEA se alinearon en dos bandos, que enfrentaron las posiciones de Estados Unidos, Canadá y países del Caribe, por un lado, y de México, Centro y Sudamérica, por otro.

El primer grupo buscaba que el dictamen destacara un llamado a la calma, mientras el segundo intentaba respaldar al gobierno del presidente Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, quien desde 2006 ha impulsado un proyecto de reformas sociales, recuperación de la propiedad estatal sobre los hidrocarburos y refundación del Estado boliviano con una nueva Carta Magna, aprobada en diciembre pasado por una Asamblea Constituyente, mayoritariamente formada por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), elegidos año y medio antes.

Al final de las negociaciones, el Consejo Permanente expresó en el primer punto de la resolución su “solidaridad y respaldo al pueblo de Bolivia, al gobierno constitucional dirigido por el presidente Evo Morales, a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo boliviano”.

Una de las causas principales del distanciamiento de Evo Morales de los dirigentes cruceños fue la aprobación de la nueva Constitución, en medio de acusaciones de políticos opositores de que el MAS impuso los términos del texto, que por vez primera reconoció los derechos indígenas en un país mayoritariamente habitado por comunidades originarias.

El referendo cruceño fue organizado por la Corte Electoral de Santa Cruz, pese a que la Corte Nacional Electoral declaró ilegal su actuación y señaló que el padrón no es confiable, no obstante que según la autoridad local incluye a 935 mil votantes.

Los centros de votación estarán resguardados por la guardia municipal cruceña, que carece de armas de fuego.

Según medios de la ciudad de Santa Cruz –la localidad del país más poblada, con un millón 200 mil personas–, el gobierno central envió desde La Paz un contingente de 250 elementos de la Policía Nacional para intervenir en caso de que se desaten conflictos en el barrio Plan 3000 y en el poblado rural San Julián, los cuales rechazan el referendo por su vinculación con las llamadas “logias”, término popular utilizado para referirse a la gente más rica e influyente de esa provincia.

El departamento de Santa Cruz, que está en una fértil llanura del sureste del país, es frecuentemente señalado como el motor de la economía boliviana, pero esa visión omite los altos contrastes en la distribución de la riqueza.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria estima que en el periodo 1953-2002 se distribuyeron 35.9 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz, y que cuatro familias tienen 803 mil hectáreas, cuatro por ciento de la tierra repartida. Los cuatro potentados del departamento tienen 10 veces más tierra que 4 mil 190 pequeños propietarios que recibieron predios de menos de una hectárea, precisó el informe.

Dirigentes del MAS awseveraron en el marco del debate sobre las autonomías que las autoridades nacionales no se oponen a esa organización territorial y política, pero destacaron que lo que está en juego “son las competencias” gubernamentales.

Los constituyentes del MAS establecieron en la Carta Magna la autonomía en los niveles municipal, regional e indígena –en un Estado unitario, como Francia–, pero en relación con la propiedad de los hidrocarburos el texto afirma que son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano y que el Estado detenta la propiedad de toda la cadena de producción.

“Es una pugna por la autoridad del gobierno central, por las competencias y atribuciones que éste tendría y una demanda de las regiones de ampliar estas capacidades que estaban limitadas”, expresó el analista boliviano Carlos Cordero.

El tema de la tierra ejemplifica con mayor claridad la razón por la que el Comité Cívico de Santa Cruz ha impulsado la consulta, cuya pregunta central será: “¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autonómico de Santa Cruz?”

Mientras la nueva Constitución atribuye al Estado las facultades para dotar tierras de propiedad estatal a los campesinos y regular el mercado, el estatuto se adjudica el derecho sobre la propiedad rural y sus usos, con base en una ley departamental.

La Constitución, cuya vigencia ha quedado suspendida a causa de los conflictos entre el gobierno de Morales y las elites departamentales, otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sustituirá al Congreso, la facultad de aprobar leyes tributarias, crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas sociales. En tanto, el estatuto cruceño da a la Asamblea Legislativa departamental la facultad de crear nuevos impuestos, aranceles al comercio exterior, tasas y recargos a tributos vigentes.

“Bolivia ha funcionado esencialmente como Estado segregacionista y la sicología de la elite es muy defensiva”, apuntó Jim Shultz, director del Centro Democrático, instituto de análisis político con sede en Cochabamba, al analizar las motivaciones de los dirigentes de Santa Cruz, departamento con 2 millones 500 mil habitantes, donde 20 por ciento de la población se autodefine como parte de las comunidades indígenas.