El Justo Reclamo

Autoritarismo en el reglamento del INAH

Velasco. Inaceptable

Judith Amador Tello

El líder de los académicos del Instituto Nacional de Historia (INAH) cuestiona que el director de éste, Alfonso de Maria y Campos, presentara una propuesta de reglamento interno, con lo cual realizó un “madruguete”. Por ello Cuauhtémoc Velasco rechaza discutir su contenido, en el que por cierto no se menciona al Conaculta, del cual el INAH depende.Si el proyecto de reglamento para la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentado hace dos décadas pareció a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un “exceso de democracia”, la propuesta impulsada recientemente por el director del instituto, Alfonso de Maria y Campos, es, en opinión de los académicos, “autoritarismo puro”.Más aún, a decir de Cuauhtémoc Velasco, secretario general de la delegación D-II-IA-1 sección X de Académicos del INAH, supone “que deberíamos tener por director a un sabio en todas las materias de antropología, arqueología lingüística, historia, antropología física, de cómo se conservan los monumentos... sería una enciclopedia viviente. Ojalá tuviéramos un director así, pero no es el caso y no sé si exista ese personaje”.De lo que sí está convencido, al igual que sus representados, es de su desacuerdo con el contenido del proyecto presentado por De Maria (hecho público en la pagina web del INAH y entregado a Proceso por el sindicato de Académicos) y con el procedimiento del titular del instituto.Se sabe que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió el pasado 27 de marzo una recomendación para que el INAH instruyera “a quien corresponda, para que se elabore un programa de trabajo que permita al instituto presentar y promover el proyecto de reglamento de su Ley Orgánica ante las autoridades competentes”.Velasco precisa que la Ley Orgánica con la cual nació el INAH en diciembre de 1938, expedida por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, fue modificada en diciembre de 1985 y desde entonces no hay reglamento para esta ley. La legislación prevé además la conformación de consejos académicos en las áreas de investigación en antropología, arqueología e historia; conservación y restauración de bienes culturales; museos y exposiciones; y docencia y formación de recursos humanos; así como un consejo general consultivo.“La idea de conformar consejos era muy importante para darle un sentido de decisión colegiada y académica a la institución, de lo cual desgraciadamente hemos carecido desde siempre. Y es justamente lo que la ASF encuentra.”Informa el antropólogo que desde 1985 comenzaron negociaciones para elaborar el reglamento y hasta se conformó una comisión tripartida integrada por los sindicatos de académicos, administrativos, técnicos y manuales. Y en 1988 se presentó a la SEP, que lo calificó de un “exceso de democracia” por considerar que los consejos rebasaban su carácter consultivo y ataban las decisiones de los funcionarios. Y en el Poder Ejecutivo no podía darse esa situación.Luego se reiniciaron los trabajos con los dos sindicatos y las autoridades, encabezadas entonces por el arqueólogo Roberto García Moll. Se determinó dar a los consejos un carácter sólo consultivo y no resolutivo. Y se firmaron acuerdos. En representación del director del INAH firmó entonces el arqueólogo e ingeniero Joaquín García Bárcena, en su carácter de secretario técnico.Al llegar María Teresa Franco (actual directora del Instituto Nacional de Bellas Artes) a la dirección del INAH, se “empantanaron las negociaciones, pese a los acuerdos antes firmados. Tampoco pudieron retomarse los trabajos con sus sucesores, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo y el restaurador Luciano Cedillo.“El problema está siempre en que si se ponen los consejos se acaban las decisiones discrecionales”, indica Velasco, cuando lo que quieren los académicos es tener derecho a la información y posibilidades de opinar con argumentos académicos sobre la labor del INAH.Al requerimiento de la ASF de presentar un programa de trabajo para la elaboración del reglamento, el INAH respondió que había dificultades para llevar a cabo dicha reglamentación, “pues no se han logrado los consensos indispensables con las áreas de investigación, conservación, docencia y difusión”.Sin embargo, dice Velasco, el actual director del INAH en lugar de presentar una propuesta de trabajo “nos da este madruguete” y presenta su propio proyecto de reglamento. Ni siquiera desea discutir su contenido, pues le parece inaceptable a partir de la forma en que lo presenta De Maria.
Manga ancha
No obstante, sí comenta que “está completamente centrado en la figura del director”, con lo cual la comunidad académica queda maniatada. Dice por ejemplo que el director general “podrá crear las áreas y comisiones dictaminadoras que considere necesarias para el desarrollo de las actividades del instituto”, que podrá nombrar y remover a los servidores públicos, “designar y remover a los miembros del consejo general y consejos de área”, además de “determinar, dirigir y controlar la política del instituto, de conformidad con la legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos que el presidente de la República expresamente señale”.Llama la atención que para nada se mencione al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), siendo que en la página web de éste se señala que coordina a 10 entidades públicas, entre ellas al INAH. Y se reconozca en cambio que el director debe ser nombrado y tomar acuerdos con el o la titular de la SEP.Otro aspecto que sobresale es la creación de tres secretarías, “A”, “B” y “C”, que carecen de funciones específicas. En el capítulo III se habla de sus atribuciones, pero en forma general.Velasco destaca por su parte la inclusión, en la estructura administrativa del INAH, de una Coordinación Nacional de Comercialización. Sus atribuciones, según el documento publicado por el instituto, son “promover acciones para la captación de recursos económicos adicionales a los fiscales, coadyuvar a la difusión del patrimonio cultural, mediante la reproducción, interpretación y comercialización de productos culturales diversos, así como promover concesiones”.Según la misma información del Conaculta, la función de Educal es justo comercializar y distribuir los productos que generan las instituciones culturales del país.Lo que pone en alerta a los investigadores es el “promover concesiones”, pues a decir de Velasco es muy general, “puede ser nada o todo”, pero no deja de parecerle “peligroso para el patrimonio cultural” y, por tanto, “inaceptable”.El investigador añade que al pretender ajustarse a la ASF lo que hace el director del INAH es proponer una estructura centrada en la figura del director, que le permitirá seguir tomando decisiones discrecionales, entre ellas las relacionadas con el turismo cultural:“Estará en sus manos tomar decisiones en relación al uso del patrimonio, desde luego a su comercialización y hasta la concesión... Finalmente estamos ante el escenario de la privatización.”Y aclara que los académicos no deben oponerse a que haya turismo en los sitios arqueológicos e históricos, “pero no puede subordinarse el conocimiento y la investigación científica a las necesidades del turismo, y no porque una zona arqueológica esté más cerca de una playa es más importante que una que no”.La pregunta es si la intención de que los consejos no tengan participación en la toma de decisiones está vinculada con el “uso” que se pueda dar al patrimonio, sino también con el hecho de que constituya un “obstáculo” para otros proyectos. Por mencionar sólo dos casos, se citan el de Minera San Xavier, donde inicialmente el INAH no había dado los permisos y luego los otorgó pero en forma condicionada, y el de Izapa, Chiapas, donde se pretende ampliar una carretera que afectaría una zona arqueológica:“Sí, bueno, es continuar lo que se ha hecho por mucho tiempo. En buena medida se ha actuado discrecionalmente... En la Minera San Xavier es un escándalo porque los permisos en sí mismos eran cuestionables en cuanto a que garantizaran la protección del patrimonio cultural, y se incumplieron esos compromisos. Y eso fue una decisión de poder, evidentemente.” En Izapa, explica, el gobierno decidió ampliar la carretera a cuatro carriles, con lo cual el sitio arqueológico quedaba afectado. La carretera es una concesión española y el argumento es que no se podía parar, así que se pensó en dejarla en dos carriles en el tramo de la zona arqueológica. Y finalmente están a la espera de que se resuelva que la carretera pase por otro lugar.
Advierte Velasco:
“Con esa estructura que quieren imponer a través del reglamento, se garantiza que no haya oposición de ningún tipo. Tener consejos a modo... Desde luego, el Consejo de Arqueología ha actuado en buena medida así. Hace unos años perdió los representantes que tenían los trabajadores, eso les ha permitido tomar decisiones y, bueno, que ellos respondan por eso, pero lo cierto es que hemos perdido capacidad de influir en esas decisiones.”Los investigadores y académicos no sólo rechazan este proyecto de las autoridades, pedirán que sea retirado por no cumplir con lo que la ASF pidió y por no respetar los acuerdos anteriores.