El Justo Reclamo

Tres cambios fallidos

Jesús Cantú

De los tres cambios que Felipe Calderón ha realizado en su gabinete desde que llegó al cargo hace 18 meses, sólo en uno, el de Germán Martínez –quien dejó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2007 para postularse a la presidencia nacional del PAN, cargo que finalmente ganó– tenía la intención de proyectar a su colaborador a un puesto de mayor visibilidad y presencia política. En las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación –donde fueron relevados Beatriz Zavala Peniche y Francisco Ramírez Acuña, respectivamente– Calderón buscó colocar al frente de estas dependencias a operadores de su primer círculo de confianza.Si bien las razones fueron diferentes en los tres cambios, la motivación del mandatario fue una sola: colocar en posiciones clave para las elecciones intermedias de 2009 a gente de su entera confianza y con la que pretende ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta hoy esos movimientos no han dado los resultados que se esperaban; incluso en uno de éstos los efectos han sido contraproducentes.En el caso de Germán Martínez, quien aún no enfrenta ningún reto electoral importante como presidente de su partido, es prematuro evaluar su desempeño en este cargo, pues no existen muchos elementos objetivos y tangibles. Empero, debe mencionarse un aspecto: hoy por hoy, el dirigente del partido en el gobierno no toma ninguna decisión trascendente sin la anuencia del presidente Calderón. Como sucedía antaño en el PRI, el PAN se ha convertido en el partido del gobierno, no en el partido en el gobierno.Por lo que atañe al sucesor de Germán Martínez en la SFP, Salvador Vega Casillas, ha pasado desapercibido; es de los miembros del gabinete menos conocido.Como contraste, en la Sedesol, donde Zavala Peniche fue sustituida por Ernesto Cordero el pasado 15 de enero, el movimiento no ha pasado desapercibido, si bien los resultados son ambivalentes. Al principio acaparó los reflectores, sobre todo el 28 de abril, con el lanzamiento del programa Vivir Mejor, que coordina todos los esfuerzos del gobierno federal en materia de política social.Pero Cordero ha tenido varios traspiés, que han sido exhibidos en los medios. Así sucedió, por ejemplo, cuando los 18 gobernadores priistas rehusaron firmar los convenios de colaboración con la Sedesol y por el retraso en el ejercicio presupuestal del sector. Lo primero tuvo su origen en una modificación que la dependencia federal intentó introducir en el convenio para marginar a los gobiernos estatales de la decisión sobre la aplicación de los recursos de los programas sociales en sus entidades.Ese cambio no era menor, pues su intención era dejarle a la federación la plena potestad para decidir el destino del presupuesto de los programas sociales. Dada la filiación panista de varios de los delegados de la Sedesol, la propuesta acusaba prácticamente una intención político-electoral. La reacción de los gobernadores priistas fue negarse a firmar dicho instrumento, con lo que obligaron al gobierno federal a dar marcha atrás y a establecer en el convenio que los gobiernos estatales sí serán tomados en cuenta.Esa reacción no fue la única consecuencia de la pretendida modificación, pues los senadores del PRI y los del PRD impulsan una propuesta de reforma legislativa cuyo propósito es establecer una serie de candados legales para evitar el uso político-electoral de dichos recursos. Elaborada por el senador perredista Graco Ramírez, la iniciativa de ley propone, otros aspectos, que los delegados de la Sedesol y de todas las dependencias que operen programas sociales no deben haber ocupado con anterioridad puestos de elección popular ni identificarse con ningún partido. Así mismo, la reforma contempla sanciones severas para los funcionarios públicos responsables de los programas sociales que hagan un uso electoral de los mismos.La intención de los legisladores era aprobar dicha reforma en el período extraordinario que inicia el próximo jueves 19, pero todo parece indicar que el tema se dejará para el período ordinario que inicia en septiembre.Por otra parte, el retraso en la firma de los convenios, según la misma Sedesol, impactó el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de las metas del primer trimestre de 2008, pues únicamente 4 de los 20 programas de la dependencia cumplieron el gasto previsto para el período enero-marzo. Algunos de éstos, como los de Empleo Temporal, Atención de Jornaleros Agrícolas y Microrregiones muestran un incumplimiento mayor a 50%. Obviamente, el impacto se refleja en el cumplimiento de metas.Por lo menos en lo que a ejercicio de gobierno se refiere, el cambio en la Sedesol no ha resultado muy favorable.En Gobernación, donde Juan Camilo Mouriño asumió un día después de Cordero, el relevo es todavía más desfavorable. Al designar a Mouriño como titular de la Secretaría de Gobernación, Calderón decidió desmantelar oficialmente la Oficina de la Presidencia, lo que en la práctica implica poner fin a la coordinación formal de las distintas funciones que se realizan a su alrededor (Secretaría Particular, Comunicación Social, etcétera) y esto se resintió particularmente en la difusión y percepción pública de los programas del gobierno. Como lo publicó Proceso en su edición 1649, las encuestas de opinión reflejan claramente el descenso de las percepciones favorables y el crecimiento de las que tienen tinte desfavorable.En los hechos, el presidente no sólo perdió un buen operador de su oficina, sino que no ganó un buen operador político. Más tardó Mouriño en sentarse en su oficina de Bucareli que Andrés Manuel López Obrador en ponerlo en jaque al revelar los contratos de prestación de servicios que el propio Mouriño firmó con Pemex–tanto como legislador como cuando era funcionario de la Secretaría de Energía– como apoderado legal de una empresa transportista propiedad de su familia.El 24 de febrero pasado en el “mitin en defensa del petróleo” López Obrador entregó copia de los contratos a los integrantes del Frente Amplio Progresista; el secretario de Gobernación tardó más de medio mes en reponerse de la sorpresa. Y aunque en una conferencia de prensa admitió las imputaciones, negó la existencia de tráfico de influencias o de cualquier otro delito.Lo cierto es que la posición de Mouriño como operador político se debilitó y su capacidad de negociar la llamada reforma energética, uno de los motivos de su nombramiento, se minimizó. En este caso los resultados son favorables.Con estos antecedentes, el presidente Calderón, a través de su personero Germán Martínez, decidió remover a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas y nombrar en su lugar a Gustavo Enrique Madero. Hasta hoy, el impacto más evidente es la división tanto entre la bancada panista en el Senado como en el interior del PAN; queda pendiente saber si Madero es más, o menos, eficiente que Creel para impulsar las iniciativas presidenciales y lograr acuerdos con los líderes de las otras fracciones. l