Represión en Atenco, similar a la de la guerra sucia: Góngora Pimentel

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 10 de febrero (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel afirmó este martes que durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, se violentaron "gravemente" los derechos humanos, comparables con la guerra sucia de la década de los setenta.Añadió que las fuerzas del orden actuaron con "total desprecio a la dignidad humana".En el mismo sentido se pronunciaron los ministros José Cossío Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Juan Silva Meza y Sergio A. Valls. La voz discordante en la sesión de esta mañana fue la del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien señaló que no hay pruebas de violación al derecho a la vida, pese a las dos personas que murieron a consecuencia de los operativos policiales."No existe un solo dictamen que acredite la violación a la libertad sexual para el caso de las mujeres que así lo denunciaron", dijo.

Al continuar con el análisis del dictamen sobre el caso de San Salvador Atenco, el ministro Genaro Góngora Pimentel señaló que tanto en el operativo como en las vejaciones sexuales contra mujeres se siguió un modus operandi represivo que "no puede surgir por azar, sino con una planeación previa".
Abundó
"Desde el momento en que las instancias no aceptaron la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se violentaron "gravemente" los derechos humanos en conjunto, lo que implica un "total desprecio a la dignidad humana".Agregó que su postura se basa no solamente en el hecho de que los mandos y la autoridad superior hayan incurrido en omisión, sino por tratarse "de una acción pensada", lo que podría sugerir, dijo, la existencia de autores intelectuales.
El operativo para dispersar a los floristas que se manifestaron el 3 de mayo siguió un modus operandi y en la violencia sexual ejercida hacia las mujeres se advierte un patrón de conducta, ya que todos los abusos fueron cometidos con la misma técnica, "buscando no dejar evidencia incriminatoria" de los mismos, dijo el ministro.La actuación de las autoridades, consideró, no muestra el cumplimiento de un operativo para despejar la circulación de una vía pública, sino un "mensaje claro para los que retan a la autoridad".
En su turno, Cossío Díaz señaló que es importante precisar cuáles fueron las causas que generaron el estado de incertidumbre en el momento del operativo, para lo cual, dijo, es necesario estudiar la actuación de las autoridades e identificar sus nombres, dado que la responsabilidad no involucra a todos los participantes por igual.Por su parte, Azuela Güitrón destacó la legitimidad e incluso la necesidad del operativo implementado por la autoridad con el fin de librar la vía pública que había sido tomada por los floristas que se manifestaban por haber sido reubicados. Sin embargo, señaló, el uso de la fuerza para disolver la protesta fue "poco profesional", lo que derivó en acciones desproporcionadas.
Precisó:
"El legítimo uso de la fuerza no exime las graves violaciones a las garantías individuales", como el derecho a la vida, a la libertad sexual, a la inviolabilidad de domicilio, entre otras.En tanto, el ministro Silva Meza secundó que en el operativo "legítimo" hubo impericia, improvisación y falta de capacidad.De acuerdo con lo que establece el artículo 21 de la Constitución, expuso, los principios que rigen el uso de fuerza pública son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos considerados en la misma Carta Magna.Todos esos principios constitucionales, dijo, se vieron violentados. Y lo mismo sucedió con los derechos humanos –que son las garantías individuales– reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.
Precisó:
"Este principio de respeto a los derechos humanos también fue violado".