Televisa y TV Azteca concertaron su desafío desde diciembre

JENARO VILLAMIL

Televisa y TV Azteca concertaron la acción desafiante que provocó el escándalo de los spots que ahora las enfrenta al IFE y, eventualmente, al gobierno federal. Retan nuevamente a las autoridades, como lo vienen haciendo sistemáticamente desde hace cinco años.Enfurecidos por la merma de por lo menos 2 mil 400 millones de pesos en propaganda política, Televisa y TV Azteca decidieron demostrar una vez más que no son meros concesionarios sino propietarios reales de la pantalla televisiva: coordinados con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión definieron con un mes de anticipación una “acción sincronizada” para desafiar las nuevas atribuciones del Instituto Federal Electoral como administrador único del tiempo fiscal durante esta campaña electoral.Desde mediados de diciembre de 2008, en el seno de la CIRT, las dos grandes televisoras acordaron demostrar en la pantalla su oposición al pautado que el IFE les distribuyó para transmitir los spots de los partidos políticos a partir del 1 de febrero de este año, fecha en que iniciaron formalmente las precampañas.Un estudio jurídico de la CIRT, el cual pudo ser consultado por Proceso, reflejó que los especialistas de las televisoras calcularon que existían “lagunas jurídicas” en el procedimiento de regulación y sanción a las televisoras que incumplieran con el pautado del IFE, y decidieron aprovecharlas para violar la ley.La rebelión de las televisoras contrastó con el acatamiento que hicieron en los comicios de Hidalgo, Guerrero, Coahuila y Nayarit en 2008, cuando no protestaron y cumplieron, en términos generales, con las pautas administradas por el IFE. El otro argumento que discutieron los responsables jurídicos de las televisoras fue difundido en un comunicado de la CIRT el 2 de febrero: en 2009 se transmitirán 23.4 millones de spots que “no tendrían costo monetario para los partidos políticos”, al ritmo de tres minutos por hora de programación. Anticiparon que esto afectaría a diversos programas, particularmente los deportivos, porque “ya existían compromisos contractuales previos en la programación, teniendo en cuenta que los tiempos y horarios de los juegos son predeterminados e imposibles de modificar”.En esencia, esa fue la discusión previa entre los representantes de las televisoras y del IFE, antes de que TV Azteca recibiera a finales de diciembre de 2008 la notificación de la pauta y que Televisa lo tuviera el 4 de enero pasado, 27 días antes del inicio de las precampañas. Ambas empresas insistieron en que el IFE no les pautara por hora, sino que les permitiera transmitir los spots en forma “empaquetada” o por “franjas”, es decir, de manera continua, tal como lo hicieron en la “acción sincronizada” del 31 de enero y del 1 de febrero pasados.El desafío de las televisoras estuvo acompañado de varios errores que son motivo de sanciones, de acuerdo con especialistas y legisladores consultados. Insertaron una “cortinilla” o mensaje previo de nueve segundos que viola abiertamente la ley:“Los siguientes promocionales son ordenados por el IFE en cumplimiento a la ley electoral y se transmitirán hasta el 5 de julio” (Televisa).“Lamentamos esta interrupción, su programación favorita se reanudará en tres minutos” y, al final otro mensaje: “A continuación, regresamos a su programación favorita” (TV Azteca).Televisión Azteca, que se amparó ante una sanción previa del IFE de 5 millones 259 mil pesos por desacatar la orden de pauta del organismo electoral en abril y mayo de 2008, cometió otro error en la retransmisión en sistema de televisión restringida, en especial de Sky: en lugar de difundir los spots ordenados por la autoridad, aparecieron promocionales de publicidad de su programación, con logotipos de la marca de leche Lala.Para el exsecretario de Gobernación y expresidente del Senado, Santiago Creel, “no existe vacío jurídico”, como argumentan las televisoras. “Borrado” de la pantalla por Televisa en represalia por su apoyo a la reforma electoral, Creel dijo a Proceso que para evitar este nuevo desafío televisivo “podría pensarse en añadir una disposición que precise que el pautado que entregue el IFE a los concesionarios deberá ser insertado en el bloque de anuncios de la programación, para evitar interrupciones de eventos que afecten al televidente”.Para el legislador, “es necesario buscar un justo equilibrio con los comerciales o establecer los horarios precisos estableciendo la prohibición de que se interrumpa la continuidad de la programación”.Un estudio jurídico del Senado revela que lo realizado por Televisa y TV Azteca fue una “acción concertada entre ambas televisoras”, tal como lo demuestra el monitoreo realizado: apenas hubo una diferencia de milésimas de segundo en la entrada del bloque de anuncios entre una y otra televisora.
La rebelión
No es la primera vez que las dos grandes empresas televisivas (que concentraron 70% del gasto publicitario de los partidos y en campañas) desafían a las autoridades antes de un proceso electoral.Lo hicieron en 2003, cuando lograron frenar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que se discutieron en la Secretaría de Gobernación, a cambio del decretazo que en octubre de 2002 negociaron Marta Sahagún y Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y entonces presidente de la CIRT.En 2006 impusieron en el Congreso la aprobación de la Ley Televisa, a cambio de ofrecer coberturas y precios especiales a los candidatos presidenciales de las tres principales fuerzas partidistas en disputa.En 2007, durante la discusión de la reforma constitucional en materia electoral, protagonizaron dos grandes momentos para evitar la prohibición de compra de spots a los partidos y a terceros durante las campañas electorales: el 11 de septiembre convocaron a todos sus comentaristas estelares para que protagonizaran un talk show durante una sesión de comisiones del Senado, transmitido en cadena nacional, para acusar a la reforma electoral de violentar la libertad de expresión; y al día siguiente, en reunión con la cúpula de la CIRT, apoyados por el Consejo Coordinador Empresarial, amagaron con convocar a una “consulta popular” sobre los alcances de las reformas que se discutían en el Congreso. Se olvidaron que la figura del referéndum no existe en la Constitución y que el IFE no tiene atribuciones legales para organizarlo.En represalia por su fracaso, durante 2007 y buena parte de 2008 decidieron “borrar” de las pantallas televisivas la información relacionada con el Congreso y, en especial, del Senado, tal como confirmó un monitoreo distribuido por la Cámara alta. El 22 de noviembre de 2007, en una larga diatriba ante el presidente Felipe Calderón, Ricardo Salinas se quejó por la reforma electoral. “No debemos permitir que las ambiciones políticas de unos cuantos echen al basurero de la historia la lucha de millones de mexicanos por conquistar la libertad de expresión”, arengó el dueño de TV Azteca durante la firma del Acuerdo Nacional por una Comunicación de Calidad.“Es momento de pensar muy bien si vamos a estar a favor de lo peor, que es el camino de una minoría de líderes políticos, o si vamos a estar a favor de lo mejor. Si ellos tienen éxito, nosotros –todos– habremos sido cómplices de la censura”, insistió Salinas Pliego, quien ya había utilizado la pantalla de sus dos cadenas nacionales, en junio de 1999, para llamar a suspender los procesos electorales, a raíz del asesinato del cómico Francisco Stanley.Las dos empresas televisivas pretendieron impedir que el Senado reformara los artículos 49, 236 y 354 del Cofipe que le otorgan al IFE facultades de administrador de los spots electorales.En el caso del artículo 49, acusaron de “censura” la frase que estipuló que el Consejo General del IFE convocará a la CIRT, a más tardar el 20 de septiembre del año previo a la elección, para presentarle “los lineamientos aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos”.Se opusieron al artículo 236 que faculta al IFE para ordenar “la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión” que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien.El problema más serio lo vieron en el artículo 354, que autoriza al IFE a suspender la transmisión de toda señal de radio y televisión, por un tiempo “no menor de una hora, ni mayor de 10 días”, en caso de “infracciones graves y sistemáticas”.En junio de 2008 las televisoras se apuntaron otro éxito: a través del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño detuvieron la iniciativa del senador panista Ricardo García Cervantes para armonizar las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión con los cambios constitucionales y del Cofipe en materia electoral.García Cervantes proponía la “supletoriedad” del IFE en materia de regulación de medios electrónicos en tiempos electorales y planteaba la posibilidad de cancelar “definitivamente” la concesión a aquellas empresas de radio y televisión que violaran sistemáticamente las nuevas reformas electorales.Para ello presentó una adición a los artículos 31 y 37 de la Ley Federal de Radio y Televisión y una nueva redacción al artículo 107 del mismo ordenamiento. García Cervantes argumentó que “siendo la revocación de las concesiones la sanción más extrema que la ley en la materia establece, y siendo una garantía básica que las sanciones aplicables por una autoridad a los particulares deben estar expresamente contenidas en la ley, consideramos pertinente la adición que se propone en esta iniciativa”.El jueves 19 de junio, cuando se iba a votar ese dictamen, Mouriño envió desde la Secretaría de Gobernación una redacción alterna a la iniciativa de García Cervantes, más proclive a los intereses de las televisoras. La ley García Cervantes, como le llamaron en el Senado, se canceló tras la intervención de Mouriño, así como el cabildeo de los senadores más cercanos a las televisoras: Federico Döring, del PAN; el priista Jorge Mendoza, exfuncionario de TV Azteca, y Javier Orozco Gómez, del Partido Verde y exdirector jurídico de RTC, de Gobernación.
La doble cara
La noche del miércoles 4 de febrero, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma 99, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, dijo ante los coordinadores del Congreso y el presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés, que acudían a la reunión en “actitud humilde” y afirmó que su empresa estaría dispuesta a acatar lo que las autoridades electorales decidieran.Luego justificó a Televisa, señalando que no tenían la intención de afectar a los partidos ni al IFE ni a la audiencia, pero aprovechó el encuentro para acusar a los medios impresos de intentar “amarrar navajas” con las televisoras. Bernardo Gómez llegó a presumir que, en señal conciliadora, Televisa había decidido que en la transmisión de Tercer Grado, en Canal 2, no mencionarían el tema para “no acrecentar” el problema.No obstante, esa noche, ese programa concentró sus baterías en criticar a los partidos políticos, en especial, a las dirigencias del PRI, PAN y PRD.Tristán Canales, en representación de TV Azteca, aseguró que él no podía tomar decisiones en ese momento. Explicó que su empresa se había amparado en contra de la sanción del IFE. Al igual que Bernardo Gómez y Javier Tejado, director de Análisis de Televisa y que acudió en representación de la CIRT, Canales negó que las televisoras estuvieran “litigando” sus intereses en pantalla.Como si fuera árbitro y no parte del conflicto, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, mencionó que se deben encontrar los “cauces legales” para solucionar el conflicto. A su vez, Leonardo Valdés, presidente del Consejo General del IFE, les reprochó a los representantes de las televisoras que 15 días atrás aprobaron las pautas sin presentar objeciones. En tono amable, Valdés les advirtió que continuaría el proceso de sanción que había iniciado el organismo.Ese mismo miércoles, en el pleno del Senado, se suscitó un debate entre los legisladores que protagonizaron la reforma electoral. Ricardo Monreal, coordinador del PT, consideró que lo sucedido es “el inicio de un grave problema” y exhortó al Senado a pronunciarse.“Sin duda existen indicios de una probable violación a la ley. Sin embargo, también hay una falta de legislación al respecto; corresponde a esta cámara, como colegisladora, asumir plenamente su responsabilidad”, afirmó el exgobernador de Zacatecas.El perredista Arturo Núñez consideró que la maniobra de las televisoras es “un desafío claro para predisponer a la audiencia en el discurso antipolítica, en el discurso antipartido”. Mientras, el panista Ricardo García Cervantes rechazó que existieran confusiones o vacíos jurídicos y se preguntó:“¿Qué sucede con un concesionario que, si se quiere, por desconocimiento o por mala interpretación, incumple la ley? Por lo pronto y por lo tanto empieza a denotar la falta de idoneidad para ser receptor de una concesión de un servicio público del Estado.”Pablo Gómez, del PRD, les echó en cara a sus colegas senadores que hayan “congelado” las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión por presiones de las televisoras y amonestó:“Ellos decidieron, se pusieron de acuerdo, hicieron las interrupciones al mismo tiempo para no tener como respuesta de auditorio el cambio de canal. Se confabularon a los ojos del país entero, contra el Congreso”.