Tabasco: fango inmoral

ÁLVARO DELGADO

El lucro con los damnificados por las inundaciones de octubre de 2007 no termina. Ahora, la PGR y la SFP investigan a funcionarios de los gobiernos de Tabasco y federal señalados como presuntos responsables de 11 delitos, los cuales engloban un fraude de más de 143 millones de pesos en la compraventa de terrenos para nuevas viviendas.“¡No se vale que haya gente que lucre con el dolor y la desgracia de los tabasqueños!”, exclamó el gobernador Andrés Granier al saber que algunos damnificados por las inundaciones en Tabasco, en octubre de 2007, se valieron de artimañas para obtener varios vales por 10 mil pesos que entregó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para reponer enseres domésticos.Sin embargo, para cuando el mandatario de Tabasco se mostró indignado, el 14 de febrero de 2008, ya sabía de una confabulación en marcha entre altos funcionarios de su gobierno y del federal, en complicidad con empresarios, para lucrar con recursos federales destinados a la construcción de al menos 2 mil 500 viviendas para damnificados.La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a la empresa Suministros del Carmen, S.A. de C.V., por la compra de 169 hectáreas con información privilegiada, que luego fueron vendidas al gobierno estatal con una ganancia superior a 143 millones de pesos, pagados del erario federal.Uno de los involucrados en el presunto fraude es Juan Carlos Gutiérrez Ruiz, hasta hace unos días director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), quien representó al gobierno de Felipe Calderón en la firma del convenio con la administración de Granier para la construcción de viviendas.Calderón ordenó transferir 350 millones de pesos para la adquisición de suelo apto para uso habitacional, urbanización y construcción de viviendas, de los que el gobierno de Granier tomó 246 millones de pesos para pagarle a la empresa con sede en Campeche por los terrenos que había adquirido de particulares en sólo 102 millones.De la operación presuntamente se beneficiaron altos funcionarios de Tabasco y dos empresarios allegados al gobernador: Amílcar Sala Villanueva y Antonio Espinosa de los Monteros Leal.Este último, un próspero contratista amigo de Granier, aparece en la averiguación previa que integra la PGR como “socio” de un humilde vendedor de garrafones de agua y el dependiente de una tienda, quienes serían los “propietarios” de Suministros del Carmen.La empresa, cuyo patrimonio nunca superó los 5 millones de pesos, ni siquiera era solvente para comprar los terrenos que adquirió entre febrero y marzo de 2008. Un mes después se los vendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), cuyo titular, Ariel Cetina Bertruy (un priista que brincó al Partido Acción Nacional), es señalado como el principal operador del negocio.La PGR integra una averiguación previa y la SFP inició un expediente sobre denuncias formuladas por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Tabasco, ante este nuevo escándalo por mal uso de fondos federales por las inundaciones en Tabasco, como el fraude que por casi 20 millones de pesos presuntamente se cometió en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, según documentó Proceso.Al respecto, sin que oficialmente sea reconocida como una decisión derivada del caso y en medio del período vacacional de diciembre, Calderón destituyó a Gutiérrez Ruiz y, con la misma discreción, nombró como nuevo director general de Conavi a Ariel Cano Cuevas, quien mantiene en su cargo a otro funcionario federal supuestamente involucrado en el caso: Marco Antonio Quiroz López, subdirector general de Enlace y Operación con Organismos Nacionales de Vivienda.Además de Gutiérrez Ruiz y Quiroz López, son señalados como presuntos responsables de cometer al menos 12 delitos los secretarios de Finanzas, Contraloría y Obras Públicas del gobierno estatal, José Manuel Sáiz Pineda, Héctor Manuel Pérez Peralta y Roger Silvano Pérez Evoli, respectivamente, así como Ariel Enrique Cetina Bertruy, director del Invitab.

Gobernador bajo sospecha

Las investigaciones de la PGR y la SFP se han profundizado a partir de las pruebas documentales presentadas por legisladores y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por el diputado local Adán Augusto López Hernández, quien no sólo asegura que “el fraude está sólidamente documentado”, sino que dejó tras de sí “demasiadas evidencias”.

–¿Sabe Granier de este fraude?

–¡Claro que lo sabe!
Junto con Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, José Alberto Pinzón Herrera, Rafael Elías Sánchez Cabrales y José Ramiro López Obrador, el diputado López Hernández presentó la denuncia ante la PGR el 22 de octubre del año pasado, por la que se inició la averiguación previa AP/PGR/TAB/VHSA-III/0775/D/2008, radicada en la Agencia Tercera Investigadora de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”.De hecho, el Ministerio Público Federal ya formuló a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una petición para conocer los movimientos financieros de la cuenta bancaria de Suministros del Carmen desde la que se emitieron los cheques para pagar los terrenos que compró, y en la que se depositaron los 246 millones de pesos del Invitab.La PGR investiga si la empresa recibió en esa cuenta, la número 40422315986 del banco HSBC, depósitos anticipados del Invitab con los que habría adquirido los terrenos, pues el patrimonio máximo que llegó a tener nunca rebasó los 5 millones de pesos.Desde esa misma cuenta se han hecho transferencias a Raúl García Castañeda, Juan Antonio España, Paulina Téllez, Daniel Pérez Hernández y Yenissie María Aynar, que son señalados en la denuncia.Entre agosto y septiembre de 2008 se hicieron otras tres transferencias a favor de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco para liquidar créditos por un total de 18 millones 680 mil pesos. El deudor se identifica como Amílcar Sala Villanueva, otro amigo del gobernador Granier.La denuncia describe con detalle la supuesta maquinación para cometer los delitos de revelación de secretos, fraude, operación con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, evasión fiscal, pecu-lado y lavado de dinero.Ahí se establece que la empresa Suministros del Carmen, fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Con un capital contable de tan sólo 250 mil pesos, ni siquiera podía pagar adeudos contraídos; sin embargo, repentinamente adquirió brío.El 13 de diciembre de 2007, un día antes de la firma del convenio entre los gobiernos federal y estatal por 350 millones de pesos para la construcción de vivienda para damnificados, se protocolizó la modificación de su objeto social para incursionar en negocios inmobiliarios
Luego, el 8 de febrero de 2008, el notario público Número Uno de Paraíso, Tabasco, Jorge Pons, protocolizó el acta de una asamblea presumiblemente celebrada el 30 de octubre de 2007, en la que la empresa Triton Holding, S.A. de C.V., capitalizó pasivos por 4 millones 133 mil pesos, que convirtió en 41 mil 330 acciones de Suministros del Carmen.La participación de Triton Holding no es anodina. Según el expediente, uno de sus propietarios es Mario Medina Sonda, quien fue detenido en noviembre del año pasado en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, con 8 millones de pesos en efectivo, y aparentemente es socio del secretario de Administración y Finanzas José Sáiz Pineda.Sorprendentemente, el mismo día, el propio notario Pons protocolizó el acta de otra asamblea, supuestamente celebrada el 12 de noviembre de 2007, en la que desa-parece Triton Holding y se hace constar que Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría se convierten en los “únicos accionistas de la sociedad”.
Lo raro es que Cupil Córdova y De la Rosa Santamaría –a quienes no se pudo localizar– son dos tabasqueños pobres de Nacajuca. El primero se dedicaba a vender garrafones de agua; el segundo era dependiente de una tienda, cuya vivienda paradójicamente se inundó.El 19 de marzo, el mismo notario público protocolizó una nueva asamblea celebrada el 26 de noviembre de 2007, en la cual se aumenta a 4 millones 600 mil pesos el capital social de Suministros del Carmen y el número de acciones pasa de 43 mil 380 a 46 mil. El nuevo socio es Antonio Espinosa de los Monteros Leal, con 2 mil 170 acciones, equivalentes a 2 millones 170 mil pesos.Así, en febrero de 2008, con ese capital la empresa comenzó a comprar los terrenos que, se presume, de antemano se sabía que compraría el Invitab. El operador, por supuesto, no fue Cubil Córdova, sino Ana Cecilia Ramírez Rosaldo, apoderada legal de la empresa, quien adquirió 160 hectáreas en menos de dos meses.
Escrituras alteradas
La primera compra de Suministros del Carmen se convirtió en el mejor ejemplo del negocio que investigan la PGR y la SFP, que abrió el expediente DGAC/DGAAC/DCSQD/SGSACDES/484/08: la empresa pagó por el predio una cantidad menor que la registrada en las escrituras, pero lo vendió al Invitab con la referencia del precio más alto.En efecto, el 5 de febrero de 2008, según consta en la escritura pública otorgada nuevamente por el notario público Número Uno de Paraíso, Jorge Pons, Suministros del Carmen compró a la señora Enriqueta Rodríguez Luna dos predios en la ranchería Pueblo Nuevo, del municipio de Centro, próximo a Villahermosa.En total, fueron 51 hectáreas a un precio de 66 millones 760 mil 720 pesos, de los cuales 26 millones 827 mil 570 pesos fueron pagados al momento de la firma de la escritura. El saldo de 30 millones 933 mil 150 se cubriría mediante 12 pagarés semestrales, sin generar ningún interés, el primero de los cuales se haría efectivo un año después.Pero ese saldo nunca existió. En realidad, Suministros del Carmen y su apoderada legal, Ana Cecilia Ramírez Rosaldo, no entregaron ningún pagaré.Fue un negocio redondo. Suministros del Carmen ya tenía prácticamente vendidos los terrenos al día siguiente de haberlos comprado, según declaró públicamente Cetina Bertruy:“Para el predio Tres Ceibas, el Invitab recibió la oferta de la empresa el 6 de febrero. El 20 de febrero se le indican condiciones de compra y se le piden documentos para dictamen técnico. El avalúo de Banobras se elabora el 2 de abril, el Invitab elabora el dictamen técnico el 7 de abril, y se firma la escritura el 24 de abril.”El Invitab le pagó a Suministros del Carmen casi el triple por esas mismas 51 hectáreas: 77 millones 31 mil 600 pesos, con recursos aportados por Conavi. La ganancia fue de 50 millones 204 mil 30 pesos.Como en Tres Ceibas, se hizo la misma operación en los predios Vista Real, Villas de la Sierra, Loma Alta y Hacienda Dorada.

Otro ejemplo: Los esposos María Alcudia de los Santos y Gonzalo Martínez Villegas vendieron a Suministros del Carmen un terreno de 10 hectáreas en 13 millones 707 mil 64 pesos, de los cuales 5 millones 271 mil 948 pesos se pagaron al momento de la firma de la escritura pública y el resto, 8 millones 425 mil pesos, se saldaría mediante 12 pagarés semestrales.Según el testimonio de María Alcudia, que forma parte de la indagatoria, Ramírez Rosaldo nunca le ofreció la entrega de esos pagarés.

–Entonces, ¿usted no les vendió en 13 millones 707 mil pesos?

–No.

–¿Usted les vendió en 5 millones 271 mil 948 pesos?

–Exactamente.

Eso fue lo que recibimos. Ahí terminó todo y nunca la hemos vuelto a ver.Según la denuncia, en todas las operaciones de compraventa se alteraron las escrituras. Suministros del Carmen adquirió los predios de particulares en 102 millones 272 mil 879 pesos, pero se los vendió al Invitab en 246 millones 116 mil 143 pesos, lo que le dejó una ganancia total de 143 millones 843 mil 264 pesos.El diputado López Hernández insiste en que los verdaderos dueños de Suministros del Carmen no sólo dispusieron de información privilegiada para comprar los terrenos, sino que tramaron un engaño: “Abusaron de la buena fe de los vendedores porque, al hacer las escrituras con sobreprecio, se llevan una enorme ganancia”.Y exige que se sancionen los delitos, aunque estén involucrados amigos de Granier y miembros de su gobierno y el federal: “Son demasiadas evidencias para que haya impunidad”. l