Para el olvido

Opacidad educativa.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 22 de julio.- Metidos en la discusión de sus alianzas, en los insólitos reacomodos que están ocurriendo entre los dirigentes de los partidos políticos, desdibujadas con ello las plataformas programáticas y los sentidos de todos los proyectos de país y de gobernabilidad, la educación, otra vez, no figuró como importante ni como tema relevante durante las recientes elecciones intermedias.

Porque más allá del énfasis retórico de todos los discursos y del obligado “ahora sí”, no hubo propuesta importante para enfrentar uno de los problemas más graves que se viven en el país. En 2004 uno de cada 10 mexicanos mayores de 15 años era analfabeto o bien no había concluido su educación básica. Los que terminaban ese nivel de escolaridad tampoco tenían mucho de qué presumir, porque no podían comprender a cabalidad lo que leían, no podían expresarse con claridad y mucho menos podían acceder, sistematizar, comprender y procesar información considerada como elemental.

De entonces a 2010 contamos con menos población escolarizada y, por ende, la fuerza de trabajo no tiene una adecuada capacitación ni opciones para su actualización técnica o profesional. Menos de 50% del grupo de edad escolar correspondiente (16-18 años) cursa la educación media superior y sólo 20% del grupo que le sigue asiste a una institución de educación superior. Las tasas de reprobación y deserción son altísimas en todos los niveles, pero se agravan en las carreras científicas y tecnológicas. La desigualdad de la cobertura educativa entre las entidades federativas es cada vez más grande, pero golpea por igual a la población más pobre, a la indígena, a los jornaleros y a los discapacitados. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE, julio 2010), en el presente ciclo escolar (2009-2010) cerca de un millón de jóvenes de entre 12 y 14 años pasaron a engrosar el sector de desescolarizados.

El pasado 2 de junio, Vernor Muñoz, relator especial de las Naciones Unidas, rindió su informe sobre el derecho a la educación en México, y lo que hizo fue ratificar que este derecho se viola flagrantemente en el país. Entre sus argumentos, el relator especial señaló que la desigualdad educativa no podrá superarse con la puesta en marcha de programas compensatorios, de subsidios o de becas, sino con una “política pública articulada, sistémica, que no cambie cada seis años y que atienda los problemas de discriminación y exclusión social”; objetó la denominada Alianza por la Calidad de la Educación porque ésta es sólo un pacto político entre el SNTE y la SEP y no una política nacional organizada como la que se requiere. También criticó los concursos de oposición para el ingreso y promoción de profesores, las pruebas estandarizadas que se aplican con la idea de que con ellas se elevarán los niveles de la calidad de la educación y se fue de lleno en contra del pago de cuotas y la corrupción en el manejo de los recursos financieros destinados a la educación.

Entre otras, apuntó tres propuestas: que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleve a cabo programas orientados a garantizar la defensa del derecho a la educación, la autonomía técnica del INEE y “desarrollar las bases jurídicas para el reconocimiento y legitimación de movimientos sindicales de la educación independientes y plurales”.

Desafortunadamente, de aquí a 2012 ya no podrá hacerse mucho o casi nada para enfrentar la decadencia educativa del país y mucho menos para darle sentido a las propuestas del relator especial de la ONU, porque sus opiniones han calado hondo y hasta han buscado ocultarse o mediatizarse. Mientras tanto, hasta que no cambien de fondo las cosas, se nos acabaron las posibilidades de un mejor y más justo desarrollo para todos.