Alejandro Nadal
Después de la caída de Tenochtitlán, enorme frustración embargó a la tropa española. El oro y otras riquezas que habían podido reunir no alcanzaban para aplacar su codicia. Durante meses los españoles sospecharon que el oro de los mexicanos había sido escondido o arrojado a la laguna. Había que realizar exploraciones en aguas profundas para encontrarlo.
La narrativa de Bernal Díaz del Castillo es reveladora: los funcionarios de la Real Hacienda, y en especial el tesorero Julián de Alderete, desconfiaban tanto de Cortés como de Cuauhtémoc. Por eso presionaron para que se aplicara el suplicio al emperador caído y a Tetlepanquetzal, señor de Tacuba, cuyos pies fueron mojados en aceite hirviendo y, acto seguido, colocados directamente en el fuego. Cuenta Díaz del Castillo que Cuauhtémoc resistió y ni la tortura pudo arrancarle la ubicación del tesoro de los mexicanos. Su estoicismo se convirtió en leyenda.
Pero la codicia de Juan de Alderete ha cobrado nueva vida, empeñado como está el gobierno en sacarle jugo a los yacimientos de hidrocarburos. La prueba está en el diagnóstico sobre Petróleos Mexicanos de la Secretaría de Energía (Sener). Ahí se dice que “la administración de las reservas es un elemento crucial para mantener los niveles de producción y maximizar la renta petrolera a lo largo del tiempo”.
¿De dónde sacaron Calderón y compañía el concepto “renta petrolera”? Es una pregunta obligada porque no se encuentra en la legislación federal. La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo señala que la industria petrolera es de utilidad pública, eso es todo. Y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos establece que esta empresa “tiene por objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo”. Es claro: la noción de renta petrolera no es un concepto legal.
Pero si la noción de renta petrolera no existe en la legislación de mayor jerarquía en esta materia, ¿qué sentido tiene su maximización? En 1931 Harold Hotelling publicó un sencillo modelo matemático para analizar tasas de explotación de recursos naturales no renovables. En síntesis, el modelo dice que si los precios del recurso no van a aumentar, los dueños del yacimiento maximizarían su renta aplicando la mayor tasa de extracción posible para depositar su dinero en un banco (suponiendo una tasa de interés constante).
En alguna ocasión Hotelling dijo que su regla no era para explicar el mundo real. Lástima que los economistas de varias administraciones de Pemex no lo escucharon. Desde hace años la explotación de hidrocarburos en México parece comportarse tal como señala el modelito de Hotelling, a pesar de que en el mundo real la tecnología, el acervo de reservas a nivel mundial y los precios estuvieron experimentando cambios significativos.
Lo más importante es que la regla de Hotelling se hace inmanejable al expandirse el sendero tiempo-reservas-precios. Por eso es mejor abandonar la visión estrecha de maximizar una renta petrolera y pensar en cómo utilizar el recurso de manera inteligente. Quizás eso es mucho pedir a los funcionarios federales. En lugar de pensar en optimizar flujos financieros se debería haber desarrollado una mayor capacidad de refinación y se hubiera levantado la petroquímica, apoyándose en Pemex para construir una base industrial en el sector bienes de capital y una capacidad tecnológica endógena. Claro, eso hubiera requerido de una política energética, industrial y tecnológica lúcida.
Uy, no, eso ni lo mande Dios, claman los nuevos Alderetes: hay que maximizar la renta petrolera. Su limitada visión financiera les impide pensar como economistas. Para ellos la función de Pemex no es para una estrategia de desarrollo, sino para pagar onerosos pasivos que sólo beneficiaron a un puñado de corruptos.
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