Justicia vs. Estado de Derecho

Francisco Rodríguez
Indice Político

Habría que añadir dos derechos a la lista de derechos del hombre: El derecho al desorden y el derecho a marcharse. Charles Baudelaire

Nada más lejano a la justicia que el cacareado “respeto al Estado de Derecho”. Lo acabamos de observar en el IFE de todas nuestras desgracias y vergüenzas, donde arguyendo “respeto a la Constitución”, los señores y la señora consejeros electorales intentaron incrementar sus percepciones mensuales hasta en casi un 100 por ciento. ¿Respeto a la misma Carta Magna que flagrantemente violaron los concesionarios de la televisión a quienes perdonaron los castigos? ¿Es el mismo texto constitucional?
Nada más lejano a la justicia que el cacareado “respeto al Estado de Derecho” que los poderosos, tanto políticos como empresarios, usan para mal disfrazar a la “justicia selectiva”, llena de chicanadas jurídicas, que por desgracia se aplica en nuestro país, para beneficio de esos ricos y poderosos. Para, invariablemente, perjudicar a los pobres, a los trabajadores, a quienes aún creen que pueden silenciar o incluso comprar.
Hoy, los demandantes de justicia no ignoran que el sistema que la administra conserva la estructura, las formas y procedimientos de la época colonial. Esa discordancia entre las estructuras y las necesidades propias de la sociedad ha determinado una virtual parálisis del servicio judicial y un alejamiento, cada vez mayor, de las necesidades de la población.
No hace muchos años, la Suprema Corte de Justicia nos recetó a los mexicanos que los dueños del dinero en el país, podían cobrarnos intereses sobre intereses en nuestras deudas y en nuestros créditos… Al mismo tiempo, ordenó que los bancos no paguen esos intereses a sus cuentahabientes, en una fórmula que es inequitativa y, por lo tanto, injusta. Apegada a derecho, sí, pero a todas luces injusta. Para favorecer, nada más, a los ricos y poderosos.
Hace apenas unas semanas, la misma Suprema Corte ¿de Justicia?, autorizó a los ricos y poderosos a que cobren intereses a todos aquellos que se retrasan en el pago de las rentas de sus viviendas, aunque ello no esté establecido en los contratos de arrendamiento. Hay una crisis económica que, para no variar, golpea más fuerte a los pobres y a los trabajadores, las señoras y los señores ministros de la Corte, que perciben hasta 600 mil pesos al mes, que están muy lejos de sufrir la angustia de llegar a fin de mes sin dinero para pagar la renta, le echan sal y limón a nuestras heridas.
Hay “justicia selectiva” en nuestro país, cuando a los familiares de los trabajadores mineros que perecieron en Pasta de Conchos, se les niega toda la posibilidad de rescatar sus cuerpos de aquél socavón y, a cambio, pretenden que vendan su dignidad por un puñado de moneda. Hay “justicia selectiva” en México, cuando lo que se pretende es quitar de encima al empresario Germán Larrea y a las dizque autoridades de la Secretaría del Trabajo, toda la responsabilidad penal que debiera aplicárseles por el asesinato industrial del que fueron causantes y cómplices.
“Justicia selectiva” que proviene de la época de la Colonia. Procedimientos por escrito que ocasionan la burocratización y la delegación de funciones en empleados, lo que aleja a los jueces del conflicto a resolver y de quienes demanda justicia, lo que determina una falta de compromiso en el pronunciamiento, también generalmente delegado y una ausencia de consideración hacia el ser humano que está “detrás” del expediente. La actitud burocrática y deshumanizada de quienes prestan el servicio de justicia se extiende desde la elemental consideración de que la persona que lo requiere es un ser humano, hasta la propia responsabilidad de prestar dicho servicio de modo efectivo.

LA JUSTICIA SELECTIVA y el hecho de que “uno de los principales violadores de los derechos humanos en este país” sea el Poder Ejecutivo Federal, cual denunciara hace unos días don Mario Renato Menéndez Rodríguez, Director General de los periódicos POR ESTO!, pueden ser las chispas que incendien la reseca pradera.
Representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acudieron el jueves anterior a las oficinas de Menéndez Rodríguez en Mérida, Yucatán, para constatar las difíciles condiciones en que se desarrolla la labor informativa, como parte de las violaciones a las garantías constitucionales del citado editor.
Alan García y Stephanie Black, funcionarios de la ONU, escucharon ahí que por cuestiones jurídicas —chicanadas— y por acuerdo del Poder Judicial que está supeditado al Ejecutivo Federal, desde hace 8 años no puede salir del país.
Relató que los diarios que dirige, los más leídos en el Sureste de nuestra geografía, han sido víctimas de granadazos y toda una serie de agresiones, incluso intentos de secuestro en múltiples ocasiones, ordenados desde la cúpula del Poder Federal en los tiempos de Vicente Fox y de Martha Sahagún Jiménez y continuados ahora con Felipe Calderón Hijonosa, aunque tuvo sus inicios en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Les narró Menéndez a García y a Black las agresiones más feroces contra los Diarios de la Dignidad, Identidad y Soberanía por parte del Poder Central Federal, surgió a raíz de la denuncia pública y penal en contra del delincuente de cuello blanco Roberto Hernández Ramírez (ex Banamex), en 1997, por sus vínculos con el narcotráfico, pues en su isla, Punta Pájaros, en el litoral central quintanarroense, recibía toneladas de cocaína pura colombiana.
“¿A qué se le puede llamar derechos humanos cuando se le paga a 20 y 50 centavos el metro cuadrado de las tierras de los campesinos de Yucatán, que representa un vil y despiadado despojo de Hernández Ramírez que se ha hecho de miles de hectáreas en la Península de Yucatán?”, planteó el periodista.
También: “¿Dónde están los derechos humanos cuando en el 2003, Martha Sahagún dio la orden para silenciarme a través de un secuestro que perpetraría un comando armado, hombres vestidos de negro que viajaron ex profeso en un avión de la Procuraduría General de la República, con la consigna de secuestrarme, sin darme siquiera el derecho de defenderme en los tribunales
— ¿Don Mario, usted ha denunciado todo eso?, preguntaron.
— Todo, absolutamente todo lo hemos denunciado públicamente y nunca han hecho nada, y en particular lo han hecho desde que asumió el poder el señor Vicente Fox y lo ha continuado Calderón -respondió Menéndez Rodríguez ante el interés de los visitantes.
— ¿Cuáles son las causas que están detrás?, preguntó Alan.
— Son las denuncias que nosotros hacemos que están fundamentadas, pero como la prensa en México, como usted podrá haberse dado cuenta, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, la mayoría está controlada por el Gobierno Federal, que es el que da el dinero, quien otorga la publicidad y es quien determina quién puede y quién no puede trabajar como periodista, entonces nosotros no aceptamos eso”.
Justicia selectiva. Muy lejana del cacareado Estado de Derecho, ¿o no?

Indice Flamígero: Protegido de Zedillo, Fox y ahora de Calderón, Roberto Hernández –quien birló al fisco 12 mil millones de pesos, al vender Banamex—, consiguió que su principal contrincante, Carlos Slim, no se hiciera del control del banco que originalmente fuera de la familia Legorreta. Como él no puede adquirirlo, tampoco lo hará el zar de la telefonía. La Administración lo apoyó. No hay duda.

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