Lodazal... en España

ALEJANDRO GUTIéRREZ

España sigue estremeciéndose debido a las revelaciones y el proceso judicial seguido contra una red de corrupción integrada por funcionarios y líderes del derechista Partido Popular, encausados por el juez Baltasar Garzón. Mariano Rajoy, dirigente del PP, exige inhabilitar al magistrado por prevaricación, en un escándalo que involucra a empresarios cercanos al expresidente José María Aznar pero que ya le costó el puesto al ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

MADRID.- Luego de dos años de sigilosas investigaciones contra una red de corrupción, el juez Baltasar Garzón inició acciones judiciales contra 37 personas ligadas al Partido Popular español (PP) como parte de la llamada operación Gürtel. Estas indagatorias provocaron un escándalo político que podría llevar ante los tribunales a integrantes del comité nacional de ese partido, incluidos su tesorero y un eurodiputado, y a otros representantes populares de Madrid, Valencia y Málaga. De rebote, ya provocó la dimisión del ministro de Justicia, el socialista Mariano Fernández Bermejo. La asistencia del ahora exministro a una cacería de venado en la provincia de Jaén, los días 7 y 8 de febrero, donde coincidió con el juez Garzón, provocó la controversia política. El encuentro tuvo lugar un día después de que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó la detención de cinco de los implicados, por considerar que cometieron los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude fiscal y tráfico de influencias.El juez Garzón, conocido en el mundo por perseguir judicialmente al genocida chileno Augusto Pinochet, a dictadores argentinos y a miembros de Al Qaeda, no fue ajeno al golpeteo que estos días se vive en España. Versiones difundidas aquí sostienen que la inusitada arremetida política en su contra le causó incluso una baja de presión arterial por estrés que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Dos días después de ser dado de alta, la mañana del 25 de febrero, la dirigencia del PP acudió ante el Tribunal Supremo para presentar una querella criminal por prevaricación contra el magistrado.El PP exige que el caso pase al Tribunal Superior de Madrid y al de Valencia, toda vez que entre los presuntos implicados hay funcionarios con fuero constitucional. Incluso demanda que Garzón sea inhabilitado por un período de 10 a 20 años. Un jurista consultado por Proceso a condición de reservar su identidad consideró esta exigencia como “un alarde público sin posibilidad de prosperar en lo legal”.El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, criticó la querella el jueves 26: “Me parece inaceptable que el PP, desde el Parlamento, haya lanzado intimidaciones muy serias al juez Garzón. Esto es una pérdida de referencia”.El escándalo estalló en vísperas de las elecciones del domingo 1 de marzo en las comunidades autonómicas de Galicia y el País Vasco, de gran influencia en España, y radicalizó las posiciones de los partidos, en particular la del PP que, bajo un fuerte golpeteo político y mediático, acusó a Fernández Bermejo de “instrumentalizar” la justicia para “hundir a la derecha”.El ministro tuvo que reconocer que no contaba con licencia para cazar en la citada zona de Andalucía, como lo reveló el periódico El Mundo desde el 8 de febrero, lo cual incrementó la presión en su contra, porque entonces era el responsable de la aplicación de la ley en España. El tema estremeció al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Patxi López, candidato socialista en el País Vasco, y José Bono, presidente del Congreso, dijeron que la cacería “no gustó a ningún socialista”. Fernández Bermejo se quedó solo.El PP, a su vez, explotó el tema pidiendo la cabeza del funcionario, y para salir al paso de las graves acusaciones de corrupción, acusó al PSOE: vinculó este escándalo al caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que encabeza Esperanza Aguirre.Desde el 19 de enero último, el periódico español El País publicó que esa labor de espionaje buscaba conocer todas las actividades del número dos de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Ignacio Rodríguez; del vicealcalde José Cobo, y de otros dirigentes del PP cercanos al líder Mariano Rajoy, entre ellos Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de esta comunidad.Los dos escándalos tienen en el centro de la polémica a Esperanza Aguirre y Francisco Camps, presidentes, respectivamente, de las comunidades autonómicas de Madrid y Valencia, y dirigentes a su vez del PP, los que más capital político mostraban para competir con Mariano Rajoy, el líder del PP, en futuras contiendas electorales.La noche del 23 de febrero, el día que recibió la renuncia de Fernández Bermejo, el presidente Zapatero dijo en la televisión española que todos los miembros de su gobierno “deben tener los papeles en regla”, en alusión al permiso de cacería.Pero esa no fue la única presión sobre Fernández. Cinco días antes, el 18, el entonces ministro había enfrentado la primera huelga de jueces en la historia de España, en demanda de mejores condiciones laborales y la ampliación de la plantilla de jueces. Las críticas recayeron en Fernández Bermejo, quien no pudo administrar esta crisis como responsable de impulsar la reforma judicial que anunció Zapatero en campaña. Su lugar lo ocupó Francisco Caamaño Domínguez, hasta entonces secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Derecha corrupta

Con la participación de la Fiscalía Antico-rrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, el juez Garzón puso en marcha una investigación sobre la red de corrupción encabezada por Francisco Correa Chávez, amigo de Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar. Este empresario convirtió su firma, Special Events, en la organizadora habitual de los actos electorales del PP; desde ésta y otras empresas en las que participa recibió innumerables contratos y canonjías de administraciones gobernadas por este partido en Madrid, Valencia y Andalucía. Fue en el régimen de Aznar cuando Correa obtuvo el mayor número de contratos con el Comité Nacional del PP y sus gobiernos.Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano –también acusada por Garzón–, fungieron como testigos en la suntuosa boda de Agag con Ana Aznar, la hija del expresidente, que se celebró en el exclusivo palacio real de El Escorial, centro político del imperio de Felipe II en el siglo XV. El otro testigo fue el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, con quien Aznar y Agag trabaron una cercana relación.Correa fue detenido el 6 de febrero y puesto en prisión cuando Garzón ordenó los primeros arrestos tras dos años de investigación. Las indagatorias comenzaron a raíz de las revelaciones hechas por un exconsejal del propio PP.En realidad, la buena estrella de Correa se acabó en 2004, cuando Mariano Rajoy prescindió de sus servicios. Sin embargo, la relación de este empresario se extendió a los gobiernos de Valencia, Madrid y Andalucía.La firma mantenía una relación con el PP de Galicia, pero en 2005 Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta, declaró a la prensa local que su gobierno no volvería a contratarla por las “irregularidades” detectadas en las contrataciones.Mejor le fue en Madrid. Por ejemplo, en 2007, la firma se benefició de dos contratos por 210 mil euros para la instalación de pistas de hielo en los distritos de Vicálvaro y Villaverde, y otro similar en Alcalá de Henares, por un importe de 20 mil euros, en 2003.Con la orden de Garzón bajo el brazo, la policía también detuvo a Rodríguez Quijano, la esposa de Correa, quien fungió como administradora y directora financiera de Special Events hasta 2005. Ese año fue nombrada jefa de gabinete del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, quien dio millonarios contratos a las empresas de su esposo.Ahí las firmas Special Events y Technology Consulting Management (TCM) obtuvieron contratos por más de 1 millón de euros en 2003 y 2004, según publicó el periódico El Mundo el 7 de febrero. El exalcalde Ortega –quien dimitió a finales de 2005 en medio de otro escándalo de corrupción– se vio obligado a renunciar el 9 de febrero de su último cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo, entidad perteneciente a la Comunidad de Madrid.La Policía Judicial inició pesquisas en Majadahonda y en el ayuntamiento de Boadilla en relación con los contratos concedidos a las compañías Special Events, Pasadena Viajes, TCM, Easy Concept y Servimedia Integral, todas pertenecientes a Francisco Correa, a su esposa y sus socios.En Boadilla, el juez Garzón acusa al exalcalde del PP Arturo González Panero de participar en la compra de suntuosas propiedades en Miami, Florida, para los miembros del círculo de Correa Chávez, así como por el otorgamiento de contratos y ceder un predio en condiciones ventajosas por medio de la empresa municipal de suelo, entonces encabezada por el actual diputado regional Alfonso Bosch, otro de los acusados. También entró en prisión Pablo Crespo Sarabís, quien en su calidad de secretario de Organización del PP de Galicia benefició a Correa y al dejar este cargo ingresó a Special Events, donde hasta su arresto fungía como administrador único, al igual que en otras siete empresas más.Crespo aparece como accionista en Orange Market, una sociedad filial de Special Events asentada en Valencia, y que encabeza el amigo y colaborador de Correa Álvaro Pérez Alonso, quien fue detenido el 9 de febrero y puesto en libertad después, con la obligación de comparecer cada semana. Antoine Sánchez, primo de Correa, también fue arrestado por ser el encargado del blanqueo de capitales obtenidos por la organización.Esta firma no sólo organizaba los principales eventos de la Generalitat de Valencia, que encabeza Francisco Camps, sino los del PP en esa comunidad. El 11 de febrero, el periódico El País dio a conocer que la misma compañía cobró alrededor de 1 millón de euros como responsable del pabellón valenciano en la Feria de Turismo (Fitur) de Madrid durante los últimos cinco años; en 2004 le fue otorgado un contrato de publicidad por 130 mil euros; organizó el Volvo Ocean Race, el acto de salida de la vuelta al mundo de vela, a un costo de 445 mil euros; montó la carpa de la comunidad de Valencia durante el Abierto de Tenis y presuntamente participó en la organización de los actos de la visita del Papa a Valencia, en 2006.El País difundió que Orange Market gestionó publicidad para convocatorias para mítines del PP, como el que encabezó Rajoy como candidato a la presidencia en 2008 en la Feria de Valencia.Hasta el presidente de la comunidad de Valencia, Francisco Camps, resultó implicado, según los informes de la Fiscalía Anticorrupción que entregó al juez Garzón, el cual contiene grabaciones en las que Francisco Correa alude al pago de 30 mil euros en trajes para el presidente de la Generalitat. El magistrado de la Audiencia Nacional dice contar también con elementos que involucran al actual diputado regional Benjamín Martín Vasco, quien presuntamente recibió 30 mil euros de soborno cuando fungía como responsable de la empresa del suelo en Arganda del Rey (Madrid), según afirma una de las imputadas, Isabel Jordán, en una grabación que forma parte del proceso.Este diputado, quien coincidentemente encabezaba la comisión investigadora de espionaje en la comunidad de Madrid, tuvo que renunciar ante la presión ejercida por el Partido Socialista e Izquierda Unida en la asamblea de Madrid.Otro acusado es el hasta hace poco consejero de Deportes de dicha comunidad, Alberto López Viejo, quien dejó el cargo tras la difusión de grabaciones y documentos que lo relacionan con un soborno de aproximadamente 238 mil euros, según escritos incautados por Garzón a Crespo Sarabís. La presidenta madrileña, sin embargo, salió en su defensa al asegurar que no ha hecho nada “ni ilegal ni irregular”.Garzón también investiga a José Javier Nombela Olmo, asesor desde 2007 del concejal presidente de la Junta de Moncloa del ayuntamiento de Madrid, Álvaro Ballarín. Nombela, cesado por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón el pasado 20 de febrero, está relacionado con las empresas Special Events y Easy Concept.Puesto en libertad tras declarar ante el juez Garzón, figura también el amigo y exsocio del yerno de Aznar, el empresario Jacobo Gordon Levenfeld, acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Lo mismo ocurre con un exconsejero de la petrolera Repsol, Ramón Balín Blanco, cabeza de firmas como Rusticas MBS y Hator Consulting S.A., en las que comparte asiento con Crespo Sarabís y con Francisco Javier, hermano de Álvaro Pérez Alonso, de Orange Market. Hay una veintena de personas más sujetas a investigación, 15 de las cuales fueron dejadas en libertad hasta el 26 de febrero.

Revancha del PP

El día 25, una hora después de que la coordinadora parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz de justicia del grupo, Federico Trillo, presentaran la querella criminal contra Garzón, el magistrado de la Audiencia Nacional incluyó a nuevos dirigentes de ese partido en sus pesquisas.Entre tanto Garzón pidió un informe con carácter de urgente a la fiscalía del Estado para conocer si se mantiene la petición de que se excuse del caso Gürtel a favor de los tribunales superiores o del Tribunal Supremo. Todo indica que hay nuevos personajes acusados. Periódicos como La Vanguardia y Público mencionan entre éstos al senador Luis Bárcenas, actual tesorero del comité nacional del PP, y al eurodiputado Gerardo Galeote.El País refirió que una grabación de Francisco Correa compromete a Bárcenas, quien se desempeñó como funcionario de Fomento del gobierno de Aznar, en el otorgamiento de supuestas adjudicaciones de la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, en 2002 y 2004, a cambio de millonarias sumas de dinero a favor del partido.El líder del PP, Mariano Rajoy, quien calificó a Garzón de ser “un juez socialista”, declaró el lunes 9 que dejó de contratar a Special Events porque tenía conocimiento de que algunas personas “utilizaban el nombre del PP y de la dirección nacional en algunos ayuntamientos”, pero precisó que no denunció el hecho porque no era consciente de que se estuviera cometiendo algún delito.