Julio Pimentel Ramírez
En el momento de instalarse Felipe Calderón en la presidencia de la República, mediante un fraude electoral de Estado, ni los más pesimistas vaticinios de los llamados “catastrofístas” se acercaron a trazar la imagen de la tragedia nacional que nos ofrecen las cifras oficiales, con frecuencia maquilladas, en materia económica tal como anunció en forma patética Agustín Carstens, quien todavía no hace mucho insistía que en México tendríamos un simple “catarrito” mientras el vecino de Norte se enfermaba gravemente.
Para un país golpeado por casi cuarenta años de políticas neoliberales, cuyos efectos son múltiples, subrayando en esta ocasión los que se refieren a la desigualdad: más de la mitad de la población en la pobreza y 20 millones en la miseria; en tanto, un puñado de individuos en la cúspide de la riqueza, y la insistencia de Calderón y su equipo económico en aplicar medidas en consonancia con este desprestigiado modelo, puede calificarse de necedad esquizofrénica y postración incondicional con los señores del dinero.
Carstens informó que para el 2010 el déficit en los ingresos públicos será de 300 mil millones de pesos, y aceptó con indiferencia y cinismo, lo que otros muchos ya habían advertido: “desde el punto de vista retrospectivo, histórico, éste es el shock financiero más grande que ha recibido México cuando menos en los últimos 30 años, y de hecho, el país nunca habría enfrentado una caída en ingresos presupuestales tan grande en un año”.
Durante 2009, recalcó, los ingresos petroleros disminuyeron en 211 mil millones de pesos, de los que 158 mil millones son resultado de menor precio y volumen de extracción de petróleo, además de 115 mil millones por menores precios del gas, a los que se suma una caída en la recaudación fiscal de 270 mil millones de pesos.
Es decir en solamente dos años de calderonismo, el terrible golpe recibido por las finanzas públicas asciende a casi 900 mil millones de pesos. La solución oficial: recortes al gasto público, elevación de impuestos, esto sin tocar los llamados “gastos personales” de la alta burocracia.
Entendemos que la crisis económica es de carácter estructural y que golpea, con diferentes grados de intensidad y modalidades, a todos los países del mundo sin excepción. La situación concreta de cada nación y la respuesta de cada gobierno para enfrentarla, determinará disminuir sus efectos y en plazo aún indeterminado, salir de ella.
En el caso de México, puede calificarse criminal insistir en aplicar medidas que, además de incrementar el costo social y elevar el índice de concentración de la riqueza, mantiene la dependencia económica y la distorsión de sus estructuras productivas, con una industria nacional en severos problemas y un sector agropecuario prácticamente desmantelado, a excepción de pequeños sectores vinculados a la exportación.
Por esto compartimos, en parte, las declaraciones del rector de la UNAM, José Narro Robles, quien subrayó que “la crisis no es sólo coyuntural, sino que tiene raíces estructurales, por lo que requerimos cambiar un modelo que se ha agotado y que ya no muestra ser el conveniente para México. Invito a emprender la refundación de la República, y para ello el Senado es el espacio privilegiado para hacer el llamado para establecer un mecanismo que permita acordar los consensos necesarios para diseñar la nueva estructura del país. En el modelo seguido están las causas de la crisis y de una de sus expresiones: la disminución de los ingresos tributarios. Sin la acción compensadora del Estado, el mercado no puede regularse por sí mismo y menos resolver las injusticias sociales. El bienestar de la población y su seguridad social son los puntos más importantes, con el apoyo de la educación y la investigación”.
Sin embargo, los tecnócratas en el poder reiteran que para enfrentar el mencionado desplome en la recaudación financiera usarán parte del fondo de estabilización, que todo indica “los esfumarán” en pocos años, un mayor endeudamiento y recortes en el gasto público en prácticamente todos los renglones, menos en los superfluos, en las grandes comilonas, elevados salarios y portentosas prestaciones; así como los lujos de los inquilinos de Los Pinos, mucho menos en los vergonzosos emolumentos de ministros, comisionados, consejeros, integrantes del gabinete calderonista y demás fauna que dice gobernar este país, entre ellos los ineficientes partidos políticos, los cuales a pesar de todo no dejarán de recibir lo suyo.
Y, como cereza de este podrido pastel de la indignidad, sobresale la intención de imponer nuevos impuestos. Todo señala que se intensificará el hostigamiento del SAT contra los contribuyentes cautivos, y la protección de los grandes empresarios que eluden y evaden olímpicamente su obligación de contribuir con sus impuestos.
En el colmo de la desfachatez y la simulación, insistiendo en la mentira como signo distintivo, Calderón señala que en dos meses hemos creado 35 mil empleos, muy lejos de la cifra de 700 mil que deben crearse para alcanzar los del 2007, cuando el país ya padecía tremendos problemas de desempleo. Si no, que lo digan los millones de mexicanos que buscan emigrar y otros tantos que se sumen a la economía informal, en donde subsisten sin atención social alguna.
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