Jaime Avilés
Dos semanas después del cambio de parejas presidenciales en Los Pinos, el encono que dividía a los mexicanos empieza a desaparecer. Los que votaron por Felipe Calderón, o se negaron a ver el fraude electoral, o lo justificaron como un mal necesario para salvar al país del "peligro" del populismo, ya no lo defienden con el ahínco de la semana antepasada. Ahora guardan silencio, miran a otra parte, se encogen de hombros. Sospechan que la televisión y los políticos de siempre los volvieron a engañar.
Y es que en la calle nadie entiende qué pasa. Calderón se pasó la campaña amenazando con que si ganaba Andrés Manuel López Obrador regresaría la inflación y, sin embargo, por increíble que parezca, en estas dos semanas de "gobierno" subieron los precios de gasolina, leche, tortillas, carne, huevo y muchos productos indispensables más, al tiempo que cientos de personas inocentes de toda clase y condición social eran detenidas y torturadas en Oaxaca y enviadas a distintas cárceles del país.
Juró que aplicaría una política económica para proteger sobre todo a los pobres, y en el brevísimo lapso que ha permanecido en el "poder", además de impulsar la carestía, ahora sale con que el año próximo habrá despidos en el sector público y no aumentará ni un centavo las pensiones de los ancianos, y no apoyará a las madres solteras, los niños recién nacidos y las personas discapacitadas. Más aún: recortará 70 por ciento el presupuesto destinado a la lucha contra el sida y aplicará severas restricciones a la investigación científica y tecnológica, en particular, y a la educación, en general.
Por eso pretende asignarle a la UNAM casi mil millones de pesos menos que el año anterior, y otro tanto al Politécnico y al resto de universidades públicas, en tanto que a las instituciones dedicadas al fomento del arte y las actividades culturales quiere darles 2 mil millones de pesos menos que en 2006, lo que equivale a una disminución de 30 por ciento. ¿Y por qué?, se pregunta la gente en la calle.
México tiene las reservas internacionales más altas de su historia pero el presupuesto del nuevo "gobierno" parece diseñado para un país en bancarrota. ¿Será que en realidad está en bancarrota? ¿Por qué el secretario de Hacienda no nos dice la verdad?
¿Quién manda aquí?
Más allá de las alianzas de Calderón con el partido del asesino serial que oficia como "gobernador" de Oaxaca, y con los protectores de pederastas incrustados en la alta jerarquía eclesiástica, en el Poder Judicial y en el "gobierno" de Puebla; más allá del pago de facturas a los empresarios que patrocinaron el golpe de Estado, la falta de autoridad del supuesto "jefe" del Ejecutivo entre los grupos que lo llevaron a Los Pinos hace que el pueblo se pregunte: ¿quién va a gobernar mientras dure este "gobierno"?
Véase por ejemplo el conflicto en la SEP. ¿Quién manda allí? ¿Josefina Vázquez Mota, la titular del despacho, o Elba Esther Gordillo, la poderosísima cacique del gigantesco sindicato de maestros que incrustó a su yerno en la segunda posición de esa estratégica dependencia?
Lo cierto es que el nombramiento de Fernando González, hijo político de doña Gordillo, como subsecretario de Educación Básica ha desatado una tempestad. Con tanta experiencia para desarrollar ese trabajo como la que tienen Juan Molinar Horcasitas para dirigir el IMSS o Miguel Angel Yunes el ISSSTE, el yerno de la profesora realizará las siguientes funciones: impartir educación primaria y secundaria a 23 millones de niños, comandar a 800 mil maestros, manejar la mayor parte del presupuesto educativo, actualizar e imprimir los libros de texto gratuito, asignar los multimillonarios contratos a las editoras que los hacen, repartir becas a los niños pobres, regentear el engendro de Fox llamado Enciclomedia (con pizarrones electrónicos de dudosa utilidad) y, no menos importante, encargarse de la educación de los niños indígenas.
En este aspecto, su antecesor, el ultraderechista Lorenzo Gómez Morín, declaró una guerra sin cuartel a los trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), un conflicto al que essta columna dio seguimiento desde 2003. Fanático religioso, que retuvo los fondos destinados por el Congreso para apoyar a las estudiantes embarazadas por inexperiencia dinero que el piadoso panista jineteó pretextando que a esas muchachitas no iba a "premiarlas por putas" , Gómez Morín debe ser investigado y procesado por los abusos que cometió en contra de los maestros, administrativos y sindicalistas de la DGEI.
Hoy, el secretario del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, sale a defender la designación del yerno de Gordillo y dice que a éste lo impugna Gómez Morín, al que tacha de "corrupto" porque robó, dice, de la Enciclomedia. Pero cuando Gómez Morín golpeó con pandilleros a trabajadores de la DGEI agrupados en las secciones 9, 10 y 11 del SNTE, Ochoa Guzmán nada dijo.
Y a medida que Rubén Viveros, titular de la DGEI, producía libros de texto para niños huicholes escritos en maya, para seris en popoloca y para rarámuris escritos en totonaca, y los maestros indígenas eran despedidos o remplazados, y Gómez Morín se empeñaba en sacar a los trabajadores del edificio de la calle de Azafrán, donde estaban tan contentos, para meterlos en una construcción arruinada que la propia UNAM declaró en peligro de derrumbarse, Ochoa Guzmán tampoco dijo media palabra.
Cuando los trabajadores de la DGEI ganaron un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que Gómez Morín les restituyera sus derechos, el SNTE volvió a guardar silencio absoluto mientras el católico subsecretario iba a la PGR y obtenía órdenes de aprehensión contra los sindicalistas. Y cuando en vísperas del 2 de julio una dirigente de la sección 9 del SNTE fue secuestrada 24 horas por los matones de Gómez Morín (la tuvieron maniatada y amordazada, y la golpearon a latigazos), ni Ochoa Guzmán ni Elba Esther ni nadie abrió la boca para oponerse a tanta crueldad.
Mientras se discute si Fernando González se queda o se va, la SEP debe poner especial atención al hecho de que la dirección encargada de la educación de los niños indígenas fue destrozada por Gómez Morín y tiene que ser reconstruida y elevada a la categoría que su importancia social exige.
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