Las decisiones de Calderón

Rosa Albina Garavito

Con un fuerte déficit de legitimidad por su cuestionado triunfo, el flamante presidente Felipe Calderón está echando mano de varios recursos para desplegar sus acciones de gobierno, que pueden constituirse en el sello de su sexenio. Uno de esos recursos es la alianza histórica de su partido con el PRI. Sin ir más lejos, su toma de protesta no habría sido posible sin la anuencia del PRI para lograr el quórum necesario a fin de realizar la sesión de Congreso General.

Con apenas 22% de la votación, pero con un PAN que no controla el Poder Legislativo, el PRI ha sabido vender caro su reconocimiento a Calderón. En esta coyuntura, una de las monedas de cambio ha sido el sostenimiento del gobernador priísta de Oaxaca, Ulises Ruiz. No solamente no se ha cumplido con su destitución, o con la declaratoria de la desaparición de poderes en el Senado de la República, sino que una de las medidas del nuevo gobierno ha sido la alevosa detención de Flavio Sosa, el principal líder de la APPO, mientras la población de Oaxaca continúa sometida a los excesos de las medidas represivas, en una especie de estado de excepción.

El apoyo del PRI al gobierno de Calderón no tendría que sorprender a nadie, pues es una expresión más de la alianza histórica inaugurada en el sexenio de Salinas de Gortari, cuando a pesar de la combativa oposición de Manuel Clouthier al fraude priísta, el PAN legitimó al gobierno salinista a cambio del reconocimiento de sus triunfos electorales. Fue el periodo de las tristemente célebres concertacesiones, entre cuyos objetivos estaba la desaparición del PRD del panorama político para dar vida a un cómodo bipartidismo.

Además, esa alianza PRI-PAN que perdura hasta nuestros días, es la que en buena parte explica la capacidad de los gobiernos mexicanos para -sin dictaduras de por medio- llevar adelante el modelo económico neoliberal, a pesar de sus desastrosas consecuencias sobre los niveles de bienestar social y sobre la estructura productiva nacional. Por eso es bueno recordar que aunque de distinto origen histórico, en México los intereses de la derecha están representados en dos partidos: PRI y PAN.

Otra de las lamentables decisiones de Calderón es su opción por la política de mano dura. No sólo se trata del sostenimiento de un gobernador impopular como Ulises Ruiz, sino también del nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación, responsable, como gobernador de Jalisco, de la feroz represión a los altermundistas en la Cumbre Iberoamericana realizada en Guadalajara, mientras destapaba a Felipe Calderón como precandidato a la Presidencia de la República. Además, dentro de las primeras acciones del gobierno, se encuentra el operativo de desplegar al Ejército en Michoacán para combatir el narcotráfico. Cuánto de esas medidas que pretenden extenderse a otras regiones, pueden ser efectivas sin una labor de inteligencia eficaz y de limpieza de los cuerpos policiacos, es una interrogante en el aire.

A la política de violación de derechos humanos que empieza a extenderse de manera sistemática en el país, estos despliegues de fuerza son muy funcionales al propósito de legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y el virtual estado de excepción que se crea en su entorno. De ahí la petición del significativo aumento presupuestal para Defensa Nacional y Seguridad Pública en detrimento de prioridades como la educación. Por su parte, el nombramiento de Fernando González Sánchez como subsecretario de Educación Básica, yerno de la poderosa dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, evidencia que Calderón sabe pagar los favores recibidos en su campaña. Además, con la designación de Agustín Carstens como secretario de Hacienda, no puede esperarse otra cosa que la continuidad de la nociva política económica de los últimos 25 años.

Si el mantenimiento de la alianza con el PRI, la mano dura, el pago de facturas políticas, la simulación de una política de austeridad (que ilustré con un dato erróneo en mi pasada colaboración, diciendo que la diferencia entre el salario mínimo y el de los altos funcionarios era de 10 mil a uno cuando en realidad es de 100 a uno, lo cual sigue siendo indignante, por lo que ofrezco disculpas a mis lectores), y la continuidad de la política económica, serán el sello del gobierno de Calderón, ciertamente no son buenos augurios para el país.