Mauricio Rossell
La propuesta de política económica para 2007 contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica, presentados por Felipe Calderón ante la Cámara de Diputados hace unos días no ofrece nada de nuevo.
No es un presupuesto que nos permitirá "iniciar una nueva etapa de crecimiento, de creación de empleo y de abatimiento de la pobreza", como supuestamente lo sería, ni tampoco incluye una propuesta de reforma fiscal. Es más bien un planteamiento inercial, de corte neoliberal, restrictivo, regresivo y con poco margen de maniobra, muy semejante a los de años anteriores.
Su principal preocupación es, como antaño, mantener la estabilidad monetaria, aunque para ello los nuevos funcionarios de la SHCP hayan tenido que recurrir a profundizar la distancia del nuevo gobierno con la agenda social con la que supuestamente iba a rebasar por la izquierda a López Obrador y a reducir la inversión en infraestructura que en los últimos años ha sido la principal generadora de empleo.
El presupuesto de Calderón muestra a un gobierno más preocupado por eficientar el gasto y mantener las medidas asistencialistas en el combate a la pobreza, que por fortalecer estructuralmente las fuentes de ingresos públicos ante la previsible caída de las exportaciones y de los precios del petróleo, por mejorar la captación, por combatir la evasión, por terminar con los privilegios, por ampliar la base de contribuyentes, por reducir la burocracia, por redistribuir y repartir la riqueza o por deshacer los nudos que hasta ahora nos han colocado en la cola de la productividad y competitividad mundial.
Es un planteamiento que limita el papel de un "Estado moderno y responsable" a atender los temas administrativos, funcionales y de gasto derivados de compromisos como los Pidiregas, el IPAB y los sistemas de pensiones, así como del agrandamiento de la estructura burocrática promovida por Vicente Fox; en lugar de promover la modificación del modelo de desarrollo, ofrecerle a los ciudadanos alguna posibilidad efectiva de contrarrestar la mala situación en la que los ha dejado la falta de oportunidades, de empleo y de un crecimiento económico estable y sostenido o de transparentar el destino del gasto y atarlo a la obtención de resultados concretos.
Muestra a un gobierno claramente comprometido con los poderes fácticos y con los partidos políticos y poco interesado con la atención al problema de la pobreza; que desdeña el valor de la educación, de la cultura, de la ciencia y de la tecnología en la formación del capital humano y como motor de progreso; y que da poca importancia a la atención de problemas de salud fundamentales como es el sida.
Pretende hacer frente al problema de la inseguridad reasignando a este rubro algunas partidas presupuestales e incrementando los recursos para la policía, sin antes combatir la corrupción y el descontrol que aqueja a dichos cuerpos, y descuidando a la educación, que podría contribuir grandemente a amortiguar este flagelo.
Premia, como parece ya haberse hecho una costumbre en nuestro país, a los contribuyentes morosos (cuyos adeudos ascienden a más de 550 mil millones de pesos), antes que a los cumplidos, a través de una amnistía fiscal.
Ofende abiertamente a la legalidad al violentar flagrantemente las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología que establece como obligación del Estado realizar una inversión de 1% del PIB en el sector, tal y como lo recomiendan la OCDE y la UNESCO.
Y lo más grave de todo es que se trata de un presupuesto poco transparente y poco comprometido con la rendición de cuentas, que deja graves ámbitos de discrecionalidad en su ejercicio a la Secretaría de Hacienda y que mantiene su protección a los grandes intereses y poderes fácticos que ejercen desde ya su presión sobre el Congreso a través de los medios y de cabilderos profesionales.
¡Pobre México! Con una propuesta que no es otra cosa que más de lo mismo, con nuevas autoridades que no han sido capaces de marcar sus diferencias con el sexenio anterior, bajo el control de los intereses y todo ello en un ambiente de negociación que está demasiado polarizado. ¿Creen ustedes que así podremos resolver los graves problemas que nos aquejan?
Ninguna persona consciente pensó que un pelele podría resolver los graves problemas que nos aquejan porque quienes apoyaron la usurpación jamás pretendieron resolver nada sino acumular mayor riqueza de la que ya tienen que es justo lo que agravará nuestra desesperada situación.
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