Así fue en Colombia

Ricardo Monreal Avila

Primero fue la disputa de territorios, rutas y centros de distribución entre los propios cárteles de la droga. Medellín versus Cali. Bogotá versus Cartagena. Valle del Norte versus Barranquilla. La caída de unos implicaba el ascenso de otros. El encarcelamiento de los grandes se traducía en la triplicación de los pequeños. Así inició "el cuento de nunca acabar".
Cuando el gobierno decidió actuar, la lucha contra el narcotráfico "se encareció". Es decir, se ensangrentó y subió de tono. Llegaron las extradiciones, los golpes a las finanzas de los cárteles y la expropiación de terrenos y laboratorios. Las bandas se fueron entonces contra los policías, luego contra periodistas, empresarios, legisladores, hasta que llegó a jueces, magistrados y ministros. Culminó con el asesinato de un candidato presidencial, en plena campaña.

Vendría luego un impasse (negociación, para muchos observadores colombianos), que se tradujo en una disminución de la espiral de violencia, en una relativa estabilidad política y en una toma del control de las calles por parte de los cuerpos de seguridad. Hoy en Colombia el narcotráfico no está erradicado, pero sí contenido. Las ejecuciones no han cesado, pero sí se han reducido. Y la inseguridad pública desbordada, a toda hora y en todo lugar, ha dejado de ser el principal problema de la agenda nacional.

Hace apenas una década, en México decíamos: "Evitemos la colombianización del país", en alusión a ese clima de inseguridad, crimen organizado e impunidad. Hoy en Colombia se afirma: "Evitemos la mexicanización de Colombia; el regreso al infierno".

Inevitable es hablar de todo esto y en ese tono, por el crimen artero del periodista guerrerense Amado Ramírez Dillanes, director y conductor del noticiero radiofónico "Al Tanto" en el puerto de Acapulco y corresponsal de Televisa en la misma ciudad.

El crimen se inscribe en un ambiente de deterioro creciente de las garantías y condiciones de seguridad de los periodistas mexicanos y, por ende, en un deterioro de la libertad de expresión que de manera particular se ejerce a través de esta profesión.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras, así como diversas asociaciones de periodistas mexicanos --especialmente de los Estados con mayor incidencia del narcotráfico--, han realizado un monitoreo puntual del deterioro de la libertad de expresión en el país y del riesgo en que se ha convertido el ejercicio del periodismo.

En el sexenio anterior, 28 periodistas fueron asesinados, en tanto que tres más permanecen en calidad de "desaparecidos". De estos casos, la mitad de ellos fueron asesinados como consecuencia directa de sus trabajos de investigación e información, mientras que en los otros no se ha podido establecer siquiera alguna hipótesis de investigación porque sus expedientes permanecen en el archivo judicial o en el olvido.

Reporteros Sin Fronteras realiza cada año, desde el 2002, un índice sobre la libertad de prensa en el mundo. No mide la calidad de los trabajos periodísticos, sino las condiciones de seguridad laboral, violaciones a los derechos humanos vinculados con la libertad de expresión, atentados contra periodistas y medios de comunicación, el marco jurídico y las prácticas judiciales en que se desenvuelve esta profesión, presencia de organismos de regulación, el comportamiento del Estado frente a la prensa internacional, así como algo muy importante para nuestro país, el grado de impunidad con que se benefician los causantes de violaciones y transgresiones a la libertad de prensa.

Pues bien, el índice de libertad de prensa correspondiente a México ha ido en constante deterioro desde el año 2002, cuando obtuvimos 24.75 puntos; en el 2004, descendimos a 27.83; en el 2005 caímos a 45.50 y en el 2006 a 45.83 puntos. Desde el 2005 se ha señalado a México como el segundo país más peligroso para el periodismo, después de Irak (antes del asesinato del periodista norteamericano Brad Will en Oaxaca y de Amado Ramírez en Acapulco). Mientras que en el 2006, quedamos en el lugar 132 entre 168 países donde Reporteros Sin Fronteras monitorea la libertad de expresión. Debajo de Colombia, Afganistán y Ruanda, donde existen mejores condiciones para la seguridad y el trabajo de los comunicadores, países donde hay narcoguerrilla, terrorismo activo o guerras de exterminio étnico.

En materia de libertad de prensa y de seguridad para los periodistas, "en México existe un grave problema nacional", denunció el director del Comité de Protección a Periodistas en Nueva York, Joel Simon. El nombre del problema es muy sencillo: se llama impunidad, y no afecta sólo a los ciudadanos mexicanos que ejercen el periodismo, sino a los ciudadanos en general que tienen que tratar con el sistema de seguridad y de justicia en México.

El ejemplo más vivo de ello es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), adscrita actualmente a la Procuraduría General de la República. Esta fiscalía se creó en febrero del 2006, en el contexto de las presiones internacionales para dar más garantías a los periodistas mexicanos y al calor de las elecciones presidenciales del año pasado. Es decir, nació para salir del paso y taparle "el ojo al macho", como lo demuestra su alto grado de ineficacia.

En la PGR y en la FEADP existen 62 expedientes abiertos por delitos cometidos contra periodistas. 38% de los casos están relacionados con amenazas. El resto son siete homicidios, cinco casos de privación ilegal de la libertad, cuatro por lesiones, tres por abusos de autoridad, una por tentativa de homicidio y un caso de espionaje telefónico. Sin embargo, lo relevante es que ninguno de esos casos ha sido resuelto ni, mucho menos, se ha castigado a los responsables.

El asesinato del periodista del Estado de Guerrero, nos coloca como país en presencia de algo más grave. Alguien lo redujo a una cifra: fue la ejecución número 700 del año. El crimen organizado está alzando la mira. Ya no son únicamente ejecuciones entre integrantes de bandas rivales. Ahora sus víctimas son policías y periodistas. Mañana serán jueces y legisladores. Y el mayor aliciente para que esta espiral de violencia continúe imparable se llama impunidad. En efecto, así empezó una etapa negra en Colombia que no debemos permitir en nuestro país.