Carso e Iberdrola serían beneficiarios del Plan Puebla-Panamá: Ucizoni

La organización indígena advierte sobre posibles despojos a comunidades campesinas

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 11 de abril. El relanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP) como una supuesta opción de desarrollo regional para Mesoamérica sólo pretende asegurar los negocios de alta tecnología en telecomunicaciones de fibra óptica e inversión petrolera del Grupo Carso, y proyectos de energía eoeléctrica de grupos económicos transnacionales como Iberdrola, con la complicidad el Banco Mundial, comentó Carlos Beas Torres, coordinador de programas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

El dirigente de la organización, adherida a la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), dijo que estos negocios buscan asegurarse mediante nuevos mecanismos de militarización y represión de gobernantes contra la población civil, como es el caso de Ulises Ruiz en Oaxaca.

Aunque Felipe Calderón brinde y cite a uno de los mejores escritores de América Latina, como Gabriel García Márquez, que tiene un claro compromiso de izquierda y con las luchas de nuestros pueblos, "no oculta sus verdaderas intenciones, que no son precisamente el combate a la pobreza, sino asegurar los negocios en infraestructura en el sur-sureste mexicano y extender los negocios de los poderosos hacia Centroamérica mediante el despojo de tierras y la violación de los derechos humanos de los pueblos indios y los campesinos de la región", apuntó.

El Presidente "habla de combate a la pobreza con el PPP, cuando la asignación del presupuesto 2007 no presenta un programa especial que asegure la producción, el intercambio y la comercialización de maíz y frijol para los campesinos pobres y las comunidades indígenas, como en el caso de la Mixteca oaxaqueña y poblana, cuya población en estos días ya no tiene qué comer y está en manos de coyotes que especulan con el precio del maíz", añadió.

En cambio, subrayó, "bajo la mirada de los presidentes centroamericanos y del tercer hombre más rico del mundo -Carlos Slim-, promete reprimir a los indocumentados de Centroamérica que, según él, serán maras que llegan a México en su paso al norte, y pacificar la región a como dé lugar, es decir, militarizándola como si estuviéramos en estado de sitio".

Así, consideró que el PPP "no es una estrategia de desarrollo", sino "claramente un plan de negocios que socava nuestra soberanía nacional", pues "brinda todo el apoyo del gobierno federal a grupos transnacionales, da facilidades para realizar negocios mediante créditos de los bancos Interamericano de Desarrollo y Mundial, para realizar negocios que no cumplen con los requisitos mínimos de impacto ambiental y de consulta a la población", tal como ha sucedido con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, y en Jalapa del Marqués, Oaxaca.

Estos programas, lejos de mejorar las condiciones de vida del pueblo, "han tenido como objetivo principal sentar las condiciones para fomentar la inversión privada en la construcción de infraestructura (supercarreteras, puertos y aeropuertos, corredores ferroviarios de carga, represas para proyectos hidroeléctricos) para facilitar el traslado y exportación de mercancías, en particular hacia Estados Unidos, así como para promover la implantación en esta región de meganegocios (corredores de plantas maquiladoras, agroindustrias, plantaciones de monocultivo, grandes complejos turísticos, negocios con la biodiversidad, etcétera)", asentó.

Beas Torres dijo que el reordenamiento territorial en el sureste del país obedece a la necesidad de ubicar la nueva actividad industrial y económica demandada por la globalización, impulsando la infraestructura y los soportes materiales que impone el mercado exportador, trayendo como consecuencia la languidez de los mercados regionales y nacional. "Es muy común encontrarse a la Procuraduría Agraria realizando trabajos del Procede sin respetar las tierras comunales de Santa María Chimalapa y Chivela, en Oaxaca", así como Axocopan, en Puebla, y Cacahuatepec, en Guerrero.

Privilegios para trasnacionales

El PPP es un proyecto para asegurar los negocios en infraestructura para grupos económicos trasnacionales y empresarios que sólo buscan más privilegios, asentó la AMAP.

La organización se pronunció en contra de dicho plan, ya que el único resultado que trae consigo para campesinos e indígenas es el despojo de sus recursos naturales. "No representa un proyecto de desarrollo regional sustentable, sólo fomenta la privatización y un comercio desleal", acotó la organización.

Sostuvo que el PPP no busca una integración de cooperación, como señala el gobierno federal, sino un acoplamiento forzado para crear un gran mercado mesoamericano encadenado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos.

El gobierno federal afirma que el PPP ayudará a eliminar la pobreza en la región sur-sureste del país, pero no refiere que en el presupuesto para este año no hay un programa especial que asegure la producción, el intercambio y la comercialización de maíz y frijol para los campesinos pobres, señaló.

Con información de Matilde Pérez U.