Sumario:
I. Inútil e ineficiente aplicar un programa de descuentos a productos de consumo básico, asegura Mario di Costanzo
II. Andrés tenía razón: no a la privatización de Pemex, por Martí Batres Guadarrama.
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INÚTIL E INEFICIENTE APLICAR UN PROGRAMA DE DESCUENTOS A PRODUCTOS DE CONSUMO BÁSICO, ASEGURA MARIO DI COSTANZO
“La Secretaría de Economía y el gobierno espurio eluden su verdadera responsabilidad al anunciar un pacto para establecer descuentos en 300 productos de consumo básico en vez de atacar los problemas de fondo, a la vez que reconocen tácitamente que la mal llamada reforma fiscal y los incrementos en la gasolina, diesel, energía eléctrica y en los granos básicos han tenido y tendrán un efecto negativo sobre el poder adquisitivo y en el bienestar de la gente”.
Así lo señaló Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Publicadle gobierno legítimo de México, quien afirmó que los encargados de las políticas económicas tendrían que retomar las propuesta lopezobradoristas en la materia, que se basan en el combate frontal a los monopolios y oligopolios mediante la aprobación de la Ley de Precios Competitivos y la aplicación de un vasto programa emergente de producción y subsidios a granos básicos en el campo mexicano, cuya estrategia completa fue propuesta desde febrero de 2007, en el Programa denominado “Cuidado de la Economía Nacional y Defensa de la Economía Familiar Frente a la Carestía” (puede consultarse este documento en: http://secretariadelahaciendapu
El miembro del equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador indicó que “es claro que el pacto o acuerdo anunciado por Eduardo Sojo resultará ineficiente y económicamente inviable, ya que en la mayoría de los comercios establecidos y en las tiendas de autoservicio, la retiquetación de precios se ha mantenido vigente a lo largo del año que está por concluir, por ello no se logrará revertir el incremento en los precios de los productos que integran la canasta básica y que entre diciembre de 2006 y la primera quincena de 2007 mostraron un crecimiento de 35%”.
“Más aún —agregó Di Costanzo—, la medida implementada por Sojo causará distorsiones en la economía, ya que desde hace muchos años se estableció la liberalización de los precios, por lo que cualquier intento de control de precios implicará importantes desajustes en las cadenas productivas, al mandar señales equivocadas en los precios del mercado, tal y como sucedió en el caso de la tortilla, cuando se formalizó su incremento a principios de 2007 en vez de haber recurrido a políticas de subsidio y de fomento a la producción y comercialización del maíz”.
El funcionario lopezobradorista recordó que estos pactos u acuerdos se establecieron en nuestro país en épocas de Miguel de la Madrid y al principio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, y formaron parte de los llamados “planes de choque” que buscaban contener la elevada inflación; se aplicaron en México y en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, por ejemplo el Plan Austral en Argentina o el Plan Cruzado en Brasil.
Sin embargo, estos programas se acompañaban de otro tipo de medidas encaminadas a reducir el déficit público, y de fuertes restricciones monetarias que limitaban fuertemente el crecimiento económico, el poder adquisitivo de la gente y el empleo.
Di Costanzo aseveró que a lo anterior hay que añadir que dicho acuerdo o pacto se llevará a cabo durante la segunda quincena de enero de 2008, mientras que los comerciantes y productores, así como las tiendas de autoservicio habrán incrementado los precios desde la primera quincena de ese mes.
“De manera adicional, es importante señalar que en el caso del gasolinazo, prácticamente la totalidad de los productores y comerciantes ya reflejaron en sus precios el efecto que tendrá esta medida, por lo que, en teoría, no tendrían que modificar sus precios en el mes de enero de 2008”, indicó.
Para corroborar lo anterior, el secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo aportó los siguientes datos. En julio de este año, cuando se lanzó la propuesta de incrementar el precio de la gasolina, el costo de una muestra de 42 productos básicos se ubicó en 1 045.15 pesos y para la primera quincena de octubre, cuando se formalizó su aprobación en el Congreso, el costo de esta canasta ya ascendía a 1 102.28 pesos.
De esta manera, entre julio y octubre se observaron incrementos que reflejaban ya el impuesto a la gasolina; por ejemplo, el frijol pasó de $16.0 a $20.0 el kg, la lenteja de 7.90 a 8.91 la bolsa de 500 grs, el paquete con 12 huevos de $14.70 a $ 16.00, el pan de caja de $18.90 a $ 20.00, el kilogramo de pollo entero pasó de $23.95 a $ 26.00.
“Esto muestra claramente que entre julio y la primera quincena de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46%, cifra que es prácticamente similar al incremento total que tendrá la gasolina, gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por los diputados del PRI”, subrayó Mario di Costanzo.
“El solo anuncio del incremento que tendrán la gasolina y diesel, aunque sea hasta enero del 2008, ya se ha reflejado en los incrementos en los precios de prácticamente todos los productos, ya que esta situación es una cuestión de expectativas del público en general, pues quienes perciben que en algún momento los precios se incrementarán, prefieren adelantarse y llevar a cabo el ajuste de inmediato; por ello, los comerciantes y productores de servicios, se previenen incrementando los precios hoy, y no hasta mañana”, insistió.
Conforme al análisis y perspectivas señaladas por Di Costanzo, diversos productos alimenticios, como la carne, el huevo, la leche y el pan bolillo, ya aumentaron y de seguro volverán a incrementar su precio en enero del 2008. Asimismo, se esperan para el primer mes de 2008 incrementos en la mayoría de los granos básicos (maíz, arroz, fríjol), así como de la gasolina y de la energía eléctrica, por lo que se estima que la canasta básica tendrá un incremento de cuando menos 15% en el primer mes del próximo año.
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ANDRÉS TENÍA RAZÓN: NO A LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX
Por Martí Batres Guadarrama
(publicado en El Gráfico, el 21 de diciembre de 2007)
Lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde el 25 de marzo de este año en el Zócalo de la ciudad de México y no faltaron quienes se mofaron de él. Su llamada de atención, dijeron, sólo trataba de generar problemas y nuevos conflictos. Es un pretexto para mantenerse en la palestra, únicamente pretende llamar la atención, censuraron otros.
Sin embargo la alerta resultó cierta: el gobierno federal quiere abrir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y realiza distintos esfuerzos en ese sentido.
Nos dirán los voceros panistas que no se trata de vender Pemex. Sin embargo no toda privatización se da a través de un proceso de venta de una paraestatal. Hoy en día lo que se busca es imponer un proceso continuo de sustitución en tan importante empresa pública. Así, la privatización de Pemex está a la vista. Se planea abrirla a la inversión privada.
La propuesta resulta criminal porque teniendo México a Pemex, única empresa mexicana entre las cien más exitosas del mundo, se pretende entregar a capitales extranjeros el mejor negocio con que cuenta el país.
Esta no es cualquier reforma, es la más peligrosa. Es más grave, incluso, que aumentar los impuestos. Es más grave que los incrementos salariales que se dará el gobierno federal. Porque reducir impuestos o aumentar salarios se pude hacer en otro momento, pero recuperar una riqueza valiosa —como la petrolera—, sería casi imposible sin generar una enorme turbulencia política y social.
Hoy vemos que en Sudamérica por una cuantas tímidas y parciales nacionalizaciones aumentó la tensión política en algunos países. Y es que una vez que la oligarquía se hace de una nueva riqueza es impensable que esté dispuesta a soltarla más tarde.
Ya en el sexenio anterior desde el Senado de la República miembros de diferentes fuerzas políticas —especialmente senadores como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y otros— hicieron una importante labor para impedir la privatización de la electricidad y del petróleo.
Pero la pregunta es: ¿dónde están los legisladores de la oposición para frenar la inminencia de este proyecto gubernamental? No los vemos cumplir con su responsabilidad social número uno, el bienestar colectivo, que implica rechazar la privatización de las riquezas y las industrias nacionales.
Los representantes populares están muy entretenidos con el Cofipe o la elección de los nuevos consejeros del IFE.
Desafortunadamente, en el Congreso de la Unión no se escuchan voces que están obligadas a frenar la amenaza de privatizar los energéticos.
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