Sántiz López, preso hace 2 días, artífice de la violencia inducida en Chenalhó

Temor de que su detención sirva para encubrir la responsabilidad de gobiernos

El cacique de Los Chorros dijo a los pobladores que los zapatistas ya estaban entrando a los pueblos a matar a la gente

Murieron 22 personas antes de las víctimas de Acteal

Jesús Ramírez Cuevas (Especial para La Jornada)

En Barcelona unas 50 personas exigieron el pasado sábado justicia por la matanza de Acteal en 1997 Foto: Albert Salamé

Antes de la masacre de Acteal, con el apoyo del gobierno federal y estatal, se instauró un régimen de terror con el propósito de desatar una guerra entre indígenas. Figura emblemática de este proceso es Antonio Sántiz López, cabeza de los paramilitares de Chenalhó y pieza central de la relación con funcionarios civiles y militares que los apoyaron y armaron.

Sántiz López fue detenido hace dos días por la justicia chiapaneca, acusado de ser autor intelectual de la matanza; ojalá no sea para exonerar las responsabilidades del gobierno estatal y federal.

Los conflictos locales fueron utilizados para enfrentar a las comunidades. Por ejemplo, el litigio sobre un banco de arena entre el municipio autónomo de Polhó y un grupo del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. La autoridad agraria reconoció derechos a cardenistas de Los Chorros sobre el predio Majomut, que habían ocupado en 1994, alentados por la rebelión indígena. Al mismo tiempo, otra instancia del gobierno firmó un acuerdo similar con simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

De esta manera, los gobiernos estatal y federal fabricaron un conflicto y agudizaron las tensiones políticas y sociales en Chenalhó.

El primer crimen que marca el inicio de la violencia inducida fue el asesinato de seis jóvenes en agosto de 1996, en la cabecera municipal. Eran hijos de simpatizantes zapatistas

de Polhó y otras comunidades. Arrojados a una grieta de 100 metros de profundidad, la procuraduría estatal liberó a los responsables, priístas azuzados por sus líderes durante una fiesta.

A partir de mayo de 1997, la espiral de violencia ya no se detendría hasta la matanza de Acteal, cobrando la vida de 22 personas en diversos hechos de muerte en ese lapso.

En abril se estableció el municipio autónomo de Polhó. A finales de mayo, el gobierno municipal y los grupos del PRI y del PFCRN comenzaron a imponer un régimen de terror en las comunidades para obligar a los habitantes a sumarse a sus filas.

Gustavo Jiménez, originario de Yibeljoj, comunidad vecina de Acteal, relata su vivencia: “una mañana de mayo de 1997, llegaron a mi comunidad varias familias de Yaxjemel y Ch’uchtik a pedirnos hospedaje. Nos decían que no podían vivir tranquilas en sus pueblos. Eran amenazadas e intimidadas con ráfagas de balas. Los acogimos, todos cooperamos para darles de comer.

“A partir de entonces, ya no volvió la calma –continúa el joven tzotzil. En varios pueblos, los priístas secuestraron a los que no estaban con ellos. Un grupo quiso dialogar para rescatarlos, pero los emboscaron cerca de Yaxjemel y asesinaron al profesor Cristóbal Pérez Medio. Así pasó mes tras mes. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos viviendo las mismas amenazas”.

Gustavo Jiménez relata el régimen de terror impuesto en la región: “A cuatro kilómetros de Yibeljoj vivían los paramilitares. Escuchábamos los balazos cuando iban a quemar las casas, a robar café, maíz y frijol, las pocas cosas de sus hermanos. Obligaban a Las Abejas y a las bases zapatistas a robar y les exigían cooperar para comprar armas y balas. Los que no aceptaron tuvieron que irse, algunos fueron asesinados. Vigilaban armados los pueblos bajo su control, no dejaban salir a nadie, todos los días patrullaban las veredas y en la carretera pasaban en vehículos de la Seguridad Pública. Cientos de familias se vieron obligadas a abandonar sus casas”.

En este proceso destaca Antonio Sántiz López, cacique de Los Chorros, detenido hace dos días acusado de ser autor intelectual de la masacre de Acteal. Según testimonios de la comunidad, Sántiz López comenzó a formar los grupos armados en septiembre, justo a la llegada de Antonio Pérez Hernández a la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas, a su vez, cacique de Chenalhó. Esta dependencia fue el vínculo entre la séptima Región Militar, el Cisen y el gobierno del estado con los paramilitares.

Sebastián Pérez, vecino de Los Chorros, cuyo hijo y yerno se sumaron a las filas de los priístas y cardenistas armados, cuenta: “El problema empezó porque decían que los zapatistas iban a entrar a matar a los priístas. En las noches se oía que disparaban armas; también quemaban bombas. A veces no podíamos dormir, así era casi todas las noches”.

El 17 de septiembre de 1997, relata Sebastián, Antonio Sántiz López, “el mero mandón”, llamó a toda la gente de Los Chorros a una junta. “Todos llegamos. El Antonio se puso a decir que los zapatistas ya estaban entrando a todos los pueblos, que nos iban a matar. Pero nunca los miramos, sólo lo decía (para convencernos)”.

Ahí Sántiz López amenazó a los miembros de Las Abejas; luego, en la versión de Sebastián Pérez, “Antonio sacó de su morral una pistola y, mirando a la gente, dijo: ‘Tenemos que tener nuestras armas para defendernos. Yo no tengo miedo que lleguen los zapatistas porque tengo mi arma y me puedo defender’”.

De unos trapos que había en el suelo, Antonio Sántiz sacó un AK-47 y siguió arengando mientras alzaba su rifle con orgullo: “Todos debemos tener un arma. Tenemos que comprar armas para defendernos. Todos tenemos que cooperar. El que no quiera lo vamos a matar por traidor”.

En silencio la gente escuchaba las amenazas del jefe paramilitar: “Los que no quieran cooperar van a hacer guardia sin arma”, les dijo finalmente y exigió una “cooperación” de 400 pesos por familia. Reunido el dinero, Santiz López comisionó a varios jóvenes para que fueran a comprar cuernos de chivo a San Cristóbal de las Casas, relata el anciano de Los Chorros. El cacique cobraba las cooperaciones y administraba los castigos. (Masiosare, 8/2/98).

Inician los ataques armados

El 21 de septiembre se produce el primer ataque armado de los paramilitares contra el campamento de refugiados en Polhó, ubicado a un lado del paraje Majomut.

En días previos se reparten las armas, se entrenan, fuerzan a otros indígenas a integrarse a los grupos armados. “Querían obligarnos a hacer la guerra, hombres y mujeres, contra hermanos que no nos han hecho nada. Una madrugada de septiembre nos dijeron que habría un enfrentamiento en Yibeljoj. Acordamos que salieran primero las mujeres, los niños y los ancianos. No era tan fácil, en las veredas había guardias. Nos tenían rodeados”, recuerda Gustavo Jiménez.

“Llegaron rumores –prosigue– de que los paramilitares iban a atacar a los zapatistas desplazados en Polhó. No sólo los habían sacado de sus casas; les habían robado sus pertenencias, ahora querían exterminarlos. Además, querían nuestro apoyo. Teníamos un acuerdo de no agresión en la comunidad, pero en la asamblea algunos priístas dijeron que si había armas, apoyarían. Quisimos salir del pueblo, pero ya era tarde. Avisaron que los paramilitares llegarían por nosotros a la una de la tarde. Creímos que ese día íbamos a ser entregados a la muerte, casi no hablábamos”.

Gustavo sigue su relato: “Empezó una fuerte lluvia, relampagueaba. Tomamos la decisión de salir. Entre dos, con el corazón en la mano, pasamos de casa en casa. Veíamos el miedo en el rostro de cada gente al saber que había que irse en ese momento”.

Las Abejas de Yibeljoj iniciaron el éxodo. “Nos alcanzaron familiares que fueron obligados a ir a combate, pero escaparon cuando vieron que los paramilitares tomaban posiciones frente a Polhó. A la media hora comenzaron los disparos, duraron 45 minutos sin pausa. Las mujeres lloraban imaginando la muerte, en silencio yo también lloraba. Cuatro personas perdieron la vida en aquel ataque. El agua no paraba, la lluvia de balas taladraba los oídos con su sonido de odio y crueldad”, recordó Gustavo Jiménez al hablar del camino a la barbarie que llevó a Acteal.