Perfeccionada impunidad

Por Ricardo Andrade Jardí

Diez años han pasado y la masacre de Acteal sigue encabezando la lista de impunidades que las defendidas instituciones, con todo y el amparo de una acomodada intelectualidad orgánica, por incapacidad o por omisión, han dejado correr el tiempo y la justicia ha brillado por su ausencia.

Y Acteal, con toda su violencia, es sólo un inicio de lo que la usurpación fecalista pretende para México. A la masacre de Acteal se le suman los cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el asesinato de Alexis Benhumea en San Salvador Atenco, los maestros y simpatizantes de la APPO asesinados por el también usurpador Ulises Ruiz, en Oaxaca, etc.; la lista sería enorme recordando tan sólo los últimos diez años, pues la impunidad es un vicio viejo del sistema y los desgobiernos del “cambio”, en todo caso, sólo la han perfeccionado.

Pero Acteal es hoy un referente del México que, a partir del 2008, empezaremos a conocer en carne propia; la nula voluntad del Legislativo y del usurpador Ejecutivo para renegociar el TLCAN, en lo que se refiere a la liberación de los productos agrícolas, es la crónica anunciada de lo que pronto se convertirá en un genocidio; los campesinos mexicanos desatendidos por una política económica, dictada desde el corazón del imperio, perderán toda posibilidad de mantener una competencia económica frente a las semillas y granos subsidiados de los agricultores gringos que, a partir del 1 de enero, llenarán nuestros mercados con precios muy inferiores a los que cuesta levantar una cosecha, en el abandonado (por omisión) campo mexicano.

La estrategia pensada, minuciosamente, pretende convertir a millones más en la mano de obra barata (carne de esclavitud) que los subsidiados agricultores norteamericanos utilizarán para beneficiar sus bolsillos, al tiempo que nuestra ancestral cultura de siembra se pierde para siempre entre productos de dudosa calidad y peligrosos para el consumo humano, que sustituirá, en nuestra dieta, al fríjol y al maíz, entre muchos otros, originarios de estas tierras.
Convertidos, como país, en un gran negocio de la tecnocracia adiestrada en las universidades al estilo del vecino país, a partir de enero del 2008 pasaremos también a ser un campo de experimentación y entrenamiento de contrainsurgencia, la nueva reforma judicial que el Legislativo ha pretendido aprobar, dictada desde Washington, no busca en realidad combatir a la delincuencia organizada, pues esa se organiza precisamente en las mismas “instituciones” que tendrían que combatirla, más allá de que hoy es público que el narcotráfico, la pornografía infantil y el turismo sexual, por mencionar tres de los más rentables negocios del siglo, son tolerados por cuando menos dos de los tres gobiernos que forman el TLCAN, y particularmente por México, pues basta con echar un vistazo a las “decisiones” de la corte en el caso del “góber precioso” para acabar con las dudas.

La reforma judicial busca en realidad, y hay que repetirlo tantas veces como sea necesario, perseguir la disidencia social, acallar el descontento y “legitimar” por la fuerza lo que carece de razón ante millones de personas.

No nos callemos. Es hora de defender lo que por derecho nos pertenece, es hora de salir a proteger nuestra cultura o, cuando menos, lo que nos queda de ella.

Nuestro silencio nos hará cómplices de la barbarie. No lo permitamos. México merece un mejor futuro.