Editorial
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, señaló el pasado 22 de diciembre, en el contexto de una ceremonia de conmemoración por los 10 años de la matanza en Acteal, que “hay sospechas” en torno a la posible participación de militares en el asalto con violencia al Centro de Derechos Humanos de la diócesis de Saltillo, ocurrido el pasado jueves. El prelado advirtió que, lejos de tratarse de un acontecimiento aislado, la irrupción a sus oficinas y el robo de documentos del archivo son hechos que se inscriben en el contexto de una campaña de hostigamiento en su contra, desatada tras las denuncias que hizo por el caso Castaños, Coahuila, donde 13 mujeres fueron violadas por efectivos castrenses en julio de 2006.
Los señalamientos del obispo Vera resultan sumamente preocupantes, pues, de corroborarse, vendrían a reafirmar que en México corre más riesgo quien denuncia abusos contra los derechos humanos que quien los comete, algo que ha puesto de manifiesto recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al absolver, en forma inverosímil e inaceptable, al gobernador de Puebla Mario Marín, a pesar de que se demostró su participación en una conjura para atentar contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Raúl Vera posee una trayectoria por demás destacada en materia de defensa a las garantías individuales, que le ha valido el reconocimiento y apoyo de decenas organizaciones civiles, agrupaciones eclesiales y de la propia Organización de Naciones Unidas.
Además de asumir la defensa de las mujeres violadas en Castaños y demandar la aplicación de todo el peso de la ley para sus agresores, el obispo ha acompañado a las familias de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos en su lucha por el esclarecimiento de esa tragedia; también ha cuestionado fuertemente la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, por considerarla ineficaz y proclive a configurarse en una “dictadura militar”; ha prestado apoyo a los migrantes que buscan cruzar sin documentos a Estados Unidos, y cabe recordar que, en su etapa de obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, desempeñó junto a Samuel Ruiz una ardua defensa de los derechos indígenas antes de ser trasladado a Saltillo, aparentemente por motivos políticos.
Su postura y activismo ante los abusos que se cometen en México, por lo general en contra de los más desprotegidos, le han valido animadversiones de diversos sectores del poder político y económico en el país, críticas del ala más conservadora del clero mexicano, e incluso amonestaciones del Vaticano. No es de extrañarse, por tanto, que Raúl Vera sea víctima de acciones de hostigamiento y persecución, toda vez que, sin duda, ha incomodado a un conjunto de intereses nefastos y contrarios al bien común, pero, a fin de cuentas, capaces de actuar al margen de la ley con total impunidad. Precisamente por ello es imprescindible que las instancias correspondientes realicen una investigación a fondo respecto de la violenta irrupción en las oficinas de Vera, que permita deslindar responsabilidades, sancionar a los responsables y frenar de una vez por todas la campaña de persecución en contra del obispo de Saltillo.
Por lo demás, no deja de ser reconfortante la presencia de alguien como Raúl Vera, tanto en el panorama nacional como en una institución como la Iglesia católica, también envuelta en escándalos lamentables, como los casos de encubrimiento a presuntos sacerdotes pederastas. Por desgracia, las injusticias que se cometen a diario en el país, el solapamiento de los poderosos en perjuicio de los más desprotegidos y los constantes abusos que cometen quienes supuestamente deben velar por el bienestar de la población, hacen que su labor sea, además de loable, imprescindible.
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