Luis Hernández Navarro
Los gigantes minoristas Wall Mart y Costco racionaron la venta de arroz en Estados Unidos. En 593 tiendas Sam’s Club se limitó la adquisición del grano a nueve bolsas de cuatro kilos por persona al día. Aunque ese país consume sólo la mitad del cereal que cosecha, es el cuarto exportador de arroz en el mundo. Otras naciones productoras, como Vietnam, India y Brasil, prohibieron temporalmente su venta al exterior.
México compra a Estados Unidos la mayor cantidad de arroz que consume. No siempre fue así. En 1994, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la producción nacional del cereal fue de 373.6 mil toneladas y se importaron 431.8 mil. En 2006 la cosecha fue de 290 mil toneladas, pero la adquisición del exterior se ubicó en 769.1 mil.
¿Qué sucedería en nuestro país si Estados Unidos decidiera comportarse como Wall Mart y Costco y racionara sus ventas de arroz? ¿Qué pasaría si Washington suspendiera sus exportaciones como lo han hecho Vietnam, India y Brasil para dedicar el cereal a la engorda de puercos?
No se trata de preguntas retóricas. Se trata de situaciones factibles. Aunque el Papa haya descontinuado el limbo, el alza en los precios de la comida ha llevado al sistema agroalimentario en su conjunto al lugar adonde van las almas de quienes, antes del uso de la razón, mueren sin el bautismo. En la producción y comercio mundial de granos las cosas ya no son como hace dos años.
El sistema agroalimentario atraviesa una crisis profunda, y los países que no producen sus alimentos sufren la peor parte. El Banco Mundial ha diagnosticado que los precios de los comestibles seguirán al alza en los próximos siete años, y si llegan a descender se quedarán en el nivel que tenían en 2004.
La situación para México es de suma gravedad. Empeñado en seguir una política de ventajas comparativas, ha desmantelado buena parte de su base productiva rural. En lugar de cultivar su comida decidió traerla de otras naciones, argumentando que era más barato hacerlo así. El resultado está a la vista: el país importó durante 2007 productos agropecuarios por un valor de casi 13 mil millones de dólares. Debe pagar por ellos precios muy elevados y adquirir mercancías usualmente de mala calidad, si es que puede conseguirlos en los mercados mundiales...
El saldo ha sido demoledor. El incremento sostenido en el precio de 127 alimentos e insumos agropecuarios que importa el país provocó que el año pasado aumentara en 5 mil millones de dólares el costo de la factura por la compra de estos alimentos. La cifra supera el total de los recursos excedentes por exportaciones de petróleo captados en 2007. Tan sólo en el primer trimestre de 2008 el valor de las importaciones de comestibles es de 3 mil 527 millones de dólares. (La Jornada, 4/5/2008). Vendemos petróleo (que es un bien no renovable) para comprar al exterior lo que podemos producir dentro de nuestro territorio.
Ciertamente, además de cerveza, México también exporta algunos productos agropecuarios. Es el caso de diversas hortalizas, legumbres y frutas. Sin embargo, según el Banco de México, éstas han presentado una tendencia al alza, pero es reciente y mucho menos acentuada.
El alza en el precio de los alimentos ha llevado la inflación a su nivel más alto desde 2005. En abril de este año, de acuerdo con cifras oficiales, alcanzó 4.55 por ciento. El índice de la canasta básica se incrementó 5.25 por ciento. Desde enero de 2006 los comestibles que la integran han aumentado su costo más de 60 por ciento.
Lo más grave de la situación es que, a pesar de la gravedad de la crisis, el gobierno federal está empecinado en conducir al país a una situación de mayor dependencia alimentaria. En lugar de aprovechar la situación para estimular la producción interna de granos y fomentar la pequeña producción campesina, ha tomado medidas para seguir importando comida cara. En vez de sustituir importaciones, las estimula.
No obstante ser un instrumento esencial para combatir la especulación y el desabasto, nuestro país no cuenta con reservas estratégicas de alimentos. El gobierno se comprometió a establecerlas cuando se firmó el pacto de estabilización del precio de la tortilla el año pasado. Pero no lo ha hecho. Eduardo Sojo justificó el incumplimiento por la ausencia de presupuesto.
A pesar de que la producción de agrocombustibles es uno de los factores centrales en el encarecimiento de la comida, la administración federal, en voz de Georgina Kessel, secretaria de Energía, se ha embarcado de lleno en la aventura de fabricarlos. Mientras en todo el mundo se oyen voces que alertan en contra de su promoción, aquí nuestros funcionarios estimulan su elaboración. Según el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, en 2012 México tendrá más de 300 mil hectáreas destinadas al cultivo de productos de los que se extraen etanol y biodiesel, como la caña de azúcar, el sorgo dulce, el cacahuate o la palma africana. O sea, habrá 300 mil hectáreas para alimentar coches y 300 mil hectáreas menos para dar de comer a las personas.
Aunque sea un magnífico negocio para unos pocos, la política de la dependencia alimentaria de Felipe Calderón amenaza a los mexicanos con mayor escasez, desnutrición y carestía. Nos hace mucho más dependientes del exterior (sobre todo de Estados Unidos) de lo que ya somos, lo que ya es mucho decir.
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