Gobierno de Calderón condiciona el diálogo con el EPR
"El delicuente, ilegal, gachupin"
Álvaro delgado
El gobierno federal no asume su responsabilidad en un delito de lesa humanidad: “Hasta encontrarlos”
* Mouriño constriñe mediación de intelectuales al papel de “testigos sociales”
* Asegura que el hostigamiento inició desde que asumió la defensa de los eperristas desaparecidos
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Álvaro delgado
El gobierno federal no asume su responsabilidad en un delito de lesa humanidad: “Hasta encontrarlos”
* Mouriño constriñe mediación de intelectuales al papel de “testigos sociales”
México, D.F., 29 de abril (apro).- El gobierno de Felipe Calderón aceptó hoy dialogar con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), a condición de que no haya más acciones de violencia y se sancione a responsables de atentados contra instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, hizo oficial la disposición del gobierno federal de establecer interlocución con el EPR, pero exigió “diálogo directo” y que la discusión trascienda la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de ese grupo guerrillero.Esta decisión del gobierno de Calderón contrasta con la asumida por sus antecesores Vicente Fox y Ernesto Zedillo, quienes dijeron que le aplicarían todo el “poder del Estado” a ese grupo guerrillero que apareció públicamente en Guerrero, en junio de 1996, a un año de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas del municipio de Atoyac de Álvarez.Mouriño, quien designó al subsecretario Abraham González Uyeda como responsable de dar seguimiento a la interlocución con el EPR, dijo que el diálogo tiene como propósito evitar acciones de sabotaje y violencia, pero no el abandono de responsabilidades.“El establecimiento del diálogo no representa que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, no cesarán las investigaciones, tanto para dar con el paradero de las dos personas a las que se refieren en sus comunicados, como para actuar en contra de los responsables de los atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex y otros actos delictivos que han sido denunciados.”El gobierno también exigió “diálogo directo” con el EPR y constriñó la participación de personalidades propuestas por los insurgentes: la senadora Rosario Ibarra, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas.“El gobierno federal propone un diálogo directo, con integrantes del llamado PDPR-EPR, donde las personalidades mencionadas en el comunicado del día 24 del presente, y que han aceptado participar en el proceso, lo hagan como testigos sociales y con el objetivo de facilitar el mismo”, puntualizó.
Denuncia la LIMEDDH en la PGR amenazas contra sus integrantes
* Asegura que el hostigamiento inició desde que asumió la defensa de los eperristas desaparecidos
Oaxaca, Oax., 29 de abril (apro).- La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por intimidación y amenazas contra varios de sus integrantes, informó Isaac Torres Carmona, responsable del área jurídica del organismo.Explicó que desde que la LImeddh decidió exigir al Estado mexicano que sean presentados con vida Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, quienes desaparecieron desde el 25 de mayo del año pasado y son reclamados por el Ejército Popular Revolucionario, varios de sus integrantes han sido presionados y amenazados.Torres Carmona dio a conocer que la Limeddh también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y exigió al gobierno de Felipe Calderón que investigue, de manera inmediata, quiénes son los autores de los anónimos, pues no puede permitir que se limiten las acciones de una organización defensores de derechos humanos e incumplir con los tratados internacionales en esta materia.El jurista explicó que a pesar de que existió cierta negativa para la recepción de la averiguación previa, la denuncia se aceptó por la autorización del subdelegado de la PGR, Hugo Isaías Cano García.Así mismo, solicitó a la PGR que gire un oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que cancele el número de cuenta del correo electrónico de dónde provienen las amenazas anónimas; y que investigue quiénes son los propietarios de las mismas.Torres Carmona consideró que estas amenazas forman parte de una “guerra sucia” y una estrategia bien definida que tiene como fin de generar un clima de enrarecimiento político frente a la desaparición forzada de los dos eperristas.Resaltó que una vez que asumieron la defensa del caso de los integrantes del EPR, la Limeddh ha sido victima de hostigamientos.
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