Limitan el diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR, dicen mediadores

Preocupa a Montemayor y López y Rivas la figura de “testigos sociales”

“Cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación no está proponiendo capitulación”

Blanche Petrich

El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como parte de un grupo mediador en un eventual proceso de negociación con el gobierno federal, señalaron que para que esta iniciativa prospere es indispensable que la Secretaría de Gobernación entienda “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”.

Extrañados por la formulación que se hizo en Bucareli en respuesta al segundo comunicado del EPR, proponiendo un “diálogo directo”, sin intermediarios y relegando a los mediadores propuestos por el grupo armado al papel de “testigos sociales”, Montemayor y López y Rivas consideraron, en entrevistas por separado, que el tema “será analizado”.

Este jueves el grupo de mediadores –que incluye al obispo emérito Samuel Ruiz, a la senadora Rosario Ibarra, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al Frente Nacional contra la Represión (FNCR)– sostendrá su primera reunión formal para analizar el escenario planteado.

“Entonces veremos cuál puede ser el segundo paso”, indicó López y Rivas, quien participó en el proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Pese a que el proceso es incipiente y está cargado de dificultades, para Montemayor –uno de los investigadores más acuciosos de los movimientos armados– el momento representa “una oportunidad de poder vivir la experiencia de un diálogo entre un sector inconforme y el Estado”. En principio, “celebra” los comunicados del EPR y de Gobernación, porque revelan que, en los dos frentes, “los más duros fueron convencidos de la necesidad de una salida política”.

En el caso del EPR, que con los sucesivos alzamientos de sus organizaciones de origen (Partido de los Pobres, Procup y otras fuerzas) suma una historia de más de 40 años de lucha armada, es la primera vez que habla de una negociación con el Estado.

Pero no deja de apuntar que esta oportunidad está preñada de riesgos. “En la historia moderna hay dos ejemplos de negociación entre fuerzas insurgentes y el Estado. La primera, entre el gobierno de Adolfo López Mateos y el morelense Rubén Jaramillo, que culminó, después de la capitulación de los jaramillistas, con la traición y el asesinato del líder, su esposa embarazada y sus tres hijos, en Xochicalco, en 1962. La segunda fue la del EZLN con el gobierno de Ernesto Zedillo. Los zapatistas fueron reconocidos como fuerza beligerante y luego perseguidos. Se formó la Cocopa como un acuerdo parlamentario ejemplar, pero que no llevó los acuerdos de San Andrés Larráinzar a su materialización.

“Esta es la tercera oportunidad. No sabemos si el Estado mexicano quiera continuar en la tradición de las dos experiencias anteriores o abrir un capítulo nuevo. Habrá que esperar para saber si en el gobierno de Felipe Calderón hay una contrapartida que no confunda el diálogo con la capitulación ni la mediación con un invitado de piedra. Este paso que ha dado el EPR es la demostración contundente de que el recurrir de manera extrema a medidas policiales no soluciona ni erradica la inconformidad social que se alza en armas.”

Para López y Rivas, la respuesta de Gobernación a la iniciativa del EPR es contradictoria. “Percibo que se pudo resolver la oposición de los sectores más duros del calderonismo, contrarios a cualquier acercamiento; el presidente del PAN, Germán Martínez, por ejemplo. Pero también observo que ha impuesto condiciones que complican el acercamiento”.

Sin querer adelantar vísperas, expresa su preocupación por varias de las condiciones planteadas por Bucareli. Entre otras, la propuesta gubernamental de un “diálogo directo”, sin la mediación que propuso el EPR –a la que Segob adjudica un papel de testigos sociales. “No digo que no se pueda negociar sin intermediación. Lo hizo Estados Unidos con el vietcong, y el Ejército Republicano Irlandés con Londres. Pero es un esquema que puede fracasar, como ocurrió en el caso vasco-español. ETA y Madrid realizaron diálogos directos que concluyeron con el arresto de los interlocutores. Una negociación directa no ofrece ninguna garantía”.

López y Rivas consideró que el tema propuesto por el Ejército Popular Revolucionario como punto único de la negociación –la aparición con vida de sus dos compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz– es sustancial.

“Creo que lo es para todos los que aceptamos participar. No existe una razón de Estado suficiente que justifique una desaparición forzada. Es preocupante que, de inicio, la Secretaría de Gobernación diga que no tienen nada que ver con el caso” referido, concluyó.