Declaración de la Sección Michoacana FNCR sobre los hechos violentos de Morelia

En primer lugar, condenamos este monstruoso acto de violencia cometido en contra del pueblo trabajador.

Exigimos el esclarecimiento de este acto de barbarie y el castigo para los autores materiales e intelectuales.

Nos solidarizamos con las victimas y reclamamos para ellas, por parte del Gobierno de Michoacán, la protección en todos los órdenes.

Queremos destacar, que en Michoacán este acto de terrorismo culmina una serie de eventos violentos y represivos que arrancan a partir del 20 de abril de 2006, con la irrupción de fuerzas policiacas y militares en las instalaciones de Sicartsa, que buscaban romper un paro laboral de la Sección 271 del Sindicato Minero, el resultado como sabemos fue la muerte de los trabajadores José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Álvarez Gómez y heridas a más de 40 trabajadores mineros.

Con la puesta en marcha de la llamada Operación Conjunta Michoacán, a partir del 11 de diciembre de 2006, se abrió la puerta para una sistemática violación de las garantías individuales de un importante número de ciudadanos y de pobladores del Estado.

La ilegal movilización del Ejército, en tareas de seguridad pública, que contraviene el artículo 129 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha significado por graves atropellos y atrocidades cometidas en contra de la población civil; los militares se han comportado como ejército de ocupación, generándose graves denuncias en su contra; que van desde violaciones sexuales de menores, asesinatos, torturas, privación ilegal de la libertad, allanamientos sin orden judicial, malos tratos, robo, uso excesivo de fuerza etc.

Morelia, Carácuaro, Nocupétaro, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zamora han sido algunas de las zonas más golpeadas por la violencia de los militares.

De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en lo que va del año se han presentado más de 190 quejas en su contra.

A lo anterior, hay que sumarle la sistemática represión de que son objeto los pobladores de la Comunidad Tabiquera de Uruapilla, del Municipio de Morelia, mismos que han sido sometidos a desaparición forzada, tortura, lesiones causadas por arma de fuego a manos de un grupo de características paramilitares, encabezado por un individuo de nombre Guadalupe Guía Carrión, que defiende los intereses de los "Ramírez", y que hasta ahora goza de la más completa impunidad a pesar de existir denuncias en su contra.

En este marco, destaca la detención-desaparición de Francisco Paredes Ruíz, ex-preso político e integrante del Frente Nacional Contra la Represión, ocurrida en la Ciudad de Morelia, el 26 de Septiembre de 2007 y que se suma a las desapariciones de los periodistas José Antonio García Apac, director del Semanario Ecos de Tepalcatepec, ocurrida el 20 de Noviembre de 2oo6; de Cristian Axel López Cruz, periodista de Proyecto 40, desaparecido el 21 de Julio de 2007, por policías de Apatzingán tripulantes de las patrullas157 y 161; de Mauricio Estrada Zamora de la "Opinión de Michoacán" , desaparecido el 12 de Febrero de 2008, cabe destacar que la dirección de este medio de prensa señaló a un agente de la AFI, apodado "el diablo" como presunto responsable.

Más recientemente, el 6 de agosto de 2008, en uruapan, fueron detenidos-desaparecidos los abogados indígenas Alejandro Cortez Lagunas y Juan Hernández Bautista, originarios de la Comunidad de Santa fe de la Laguna.

Dos periodistas han sido asesinados: Jaime Arturo Olvera, de "La Voz de Michoacán, el 9 de marzo de 2006 y Gerardo Israel García Pimentel, de "La Opinión de Michoacán", el 8 de Diciembre de 2007.

Durante 2008, han sido asesinados los profesores Leopoldo Juárez Urbina, el 8-9 de mayo, en Cherán y el 27 de julio Diego Rámirez Dominguez, en la playa "Las peñas", de la Comunidad Indígena Nahua de Ostula, el primero dirigía un movimiento opositor al PRI y el otro, un movimiento contra el despojo de tierras comunales.

Conicidentemente, el 28 de julio fue asesinado, Saúl Osnaya Valdez, en Lázaro Cárdenas, el era defensor de los choferes de los derechos laborales de los choferes de Transportes de Calidad para Empleados y Obreros (TCO).

De igual forma, el hostigamiento y amenazas contra dirigentes sociales se ha intensificado en los últimos meses, en particular en contra de la Sección XVIII del SNTE y de su dirigente el profesor el maestro Artemio Ortiz Hurtado y contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Tiripetío.

En la Universidad Michoacana, se promueve un ambiente de criminalización de todo intento de obtener mayor ingreso a la matrícula, existiendo por el momento 8 ordenes de aprehensión contra integrantes del Frente Estudiantil Revolucionario, expulsiones de alumnos de la Facultad de Medicina y la amenaza latente de mayor represión.

Ahora bien, de frente a los acontecimientos violentos del 15 de septiembre, el usurpador Felipe Calderón llama a la unidad nacional de los mexicanos, en torno de su figura. Ante esta convocatoria, la Sección Michoacana del FNCR declara que sumarse a ese llamado sería tanto como convalidar las políticas rapaces que el régimen ha aplicado en contra de las clases trabajadoras.

La coalición gobernante, que fue diseñada desde la época del igualmente espurio Carlos Salinas de Gortari, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y las 39 familias dueñas del país, han desarrollado graves ataques a los niveles de vida de las clases trabajadoras, que se han traducido en graves penurias y en una escandalosa miseria, que ha generado altos niveles de descomposición social.

De acuerdo con el economista José Luis Calva "provocaron una severa degradación de la participación de los salarios en el producto nacional: de 37.1% del PIB en el periodo 1970-1982, a 30.8% del PIB en el periodo 1983-2005, de manera que los asalariados de México tuvieron una pérdida acumulada -a valor presente, en dólares de 2005- de 622 mil 811 millones, al cercenarse brutalmente su participación en la riqueza efectivamente generada". De ese tamaño es el atraco a que estamos siendo sometidos los trabajadores y las clases medias.

El atentado del 15 de septiembre, independientemente de quienes sean los autores intelectuales, embona perfectamente con la doctrina de los Estado Unidos de Norteamérica, que con el pretexto del combate al terrorismo con la llamada "Patriot Act," ha suprimido las libertades democráticas y justificado las intervenciones militares en Afganistán y en Iraq, quedando demostrado cuales son los verdaderos intereses del imperialismo: apoderarse del petróleo de estas naciones. Tony Garza, embajador de los EEUU en nuestro país, se ha apresurado a hablar del atentado calificándolo como de "narcoterrorista".

En el caso de México, la militarización del país, la reforma constitucional penal, la utilización del ejército en tareas de seguridad pública y la criminalización de las luchas sociales, colocan al gobierno antinacional de Calderón en sintonía con las prácticas e intereses de los imperialistas

Norteamericanos.

Con la simulación del combate al narcotráfico, como lo hemos dicho en otros momentos, y de acuerdo con Gilberto López y Rivas, quieren que asumamos como "algo normal, e incluso recomendable, los retenes del Ejército en carreteras y en las calles de las ciudades, el ingreso de militares y policías a domicilios sin orden de cateo, la delación anónima, el control policiaco de los ciudadanos, la violación flagrante de la Constitución y el constante quebrantamiento de los derechos humanos".Este acto de violencia, pone de manifiesto la ineficacia del recientemente firmado "Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad" y parece comprobar que obedece a una pugna interburguesa, resultado de la descompuesta situación social, que han permitido llegue a los actuales niveles y donde uno de los bandos cuenta con el apoyo oficial. El reconocimiento de que un avión, accidentado en Yucatán con varias toneladas de cocaína,con matrícula N987S, era propiedad de la CIA y propiedad de uno de los cárteles, refuerza esta hipótesis. Este grave hecho, que coloca a la violencia como elemento central de discusión, favorece la estrategia de Calderón que quiere privatizar el petróleo y que busca cargar ebrutal peso de la crisis económica en las espaldas de los trabajadores.Que ante esta violencia que anuncia mayor violencia, es necesario que los trabajadores salgamos a las calles a defender nuestros derechos, con los métodos de los trabajadores: con la marcha, el paro, la huelga y la huelga política de masas El régimen pretende desmovilizar y paralizar a la ciudanía para lograr sus propósitos; busca acentuar los rasgos autoritarios y dotarse de una base social para golpear la resistencia popular y proletaria. Desde hoy decimos que el terrorismo no forma parte de los métodos de lucha de los trabajadores y que no aceptamos ni aceptaremos que se nos criminalice.Que mantenemos la demanda de que el Ejército Mexicano regrese inmediatamente a sus cuarteles ya que su movilización obedece a los compromisos que el régimen estableció con los EEUU, en el marco de los acuerdos de la Alianza para la Seguridad de América del Norte (Aspan).Que demandamos el cese inmediato de la represión, la aprobación inmediata de una Ley de Amnistía que ponga en libertad a todos los presos políticos del país y la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos. Que Calderón y sus cómplices del PRI no promueven la justicia sino la venganza contra los que luchan por sus derechos, lo demuestran las monstruosas condenas dictadas contra Ignacio del Valle y de otros integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.Ante estas circunstancias, en el FNCR, Sección Michoacán pensamos que la terrible situación de descomposición social, violencia, represión, hambre, falta de empleo, carestía, migración etc que padecemos la mayoría de los mexicanos, sólo podrá ser modificada en la medida que transformemos las actuales condiciones de dominación y de explotación; que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos marca el rumbo: LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO..

Morelia, Michoacán a 22 de septiembre de 2008