El Justo Reclamo

Dilemas bolivianos

Evo Morales. Diálogo

Jean Paul Guzmán

En medio de una crisis política -que provocó toma de edificios e instalaciones, bloqueo de caminos y enfrentamientos armados-, representantes del gobierno de Bolivia y líderes de los departamentos autonomistas iniciaron un "proceso de diálogo" cuya agenda toca los temas que dividen a este país. Uno de ellos es fundamental: el grado de autonomía de los departamentos que buscan administrar sus propios recursos y decidir la forma de elegir a sus autoridades.

LA PAZ.- La firma de un pacto que ponga fin a la crisis política que impide concertar un nuevo texto constitucional es el objetivo del "proceso de diálogo" iniciado el jueves 18 por representantes del gobierno del presidente Evo Morales y líderes de los departamentos que demandan autonomía.
Ello pareció poner fin a dos semanas de hechos violentos en este convulsionado país. En las primeras semanas de septiembre los llamados "autonomistas" ocuparon edificios y oficinas del gobierno central, tomaron refinerías, bloquearon caminos y se enfrentaron con seguidores del presidente Evo Morales en los departamentos de Santa Cruz y Pando.
El martes 16, Fabian Yakfic, viceministro de Descentralización; Rebeca Delgado, viceministra de Coordinación Gubernamental, en representación del gobierno central; y Mario Cosío, prefecto de Tarija, en representación de los departamentos autonomistas, suscribieron un documento que fija las bases para el "proceso de diálogo".
El texto establece, entre otros aspectos, "el respeto al derecho a la autonomía" de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, departamentos cuya mayoría de población apoyó en dos referendos la vigencia de un modelo autonómico.
Así mismo, establece que el diálogo debe durar un mes, pero el gobierno está decidido a acelerar las conversaciones. Con este propósito el jueves 18 -dos días después de la firma del documento- se instalaron en la ciudad de Cochabamba, ubicada a 380 kilómetros de La Paz, tres "mesas de diálogo": una para analizar el tema de las autonomías y el proyecto de Constitución, otra para examinar la distribución de la renta de los ingresos por la exportación de gas y petróleo, y la última para establecer procedimientos para designar autoridades en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y la Corte Electoral.
Esas "mesas de diálogo", integradas por ministros, prefectos de ocho departamentos (Pando no tiene representación en el encuentro) y observadores recogerán las propuestas y presentarán los resultados de su trabajo a una "mesa central" en la que además de ellos participará el presidente de la República.
Una fuente gubernamental que participa en el diálogo -que pidió mantener su nombre en reserva- asegura a Proceso que esas negociaciones se centrarán en el grado de autonomía que se otorgará a los departamentos que electoralmente respaldaron dicha opción de organización política.
"Nosotros queremos que la autonomía implique no sólo la elección de prefectos, sino también la elección mediante voto de los subprefectos en todas las provincias. Éstos deben tener, además, atribuciones para manejar los recursos económicos que correspondan a sus regiones. Sólo así, creeremos, la autonomía será un avance democrático", asegura.
El actual sistema político divide un departamento en varias provincias, cada una es administrada por un subprefecto. La Ley de Descentralización establece que los prefectos tienen la potestad de nombrar a los subprefectos.
Para Ramiro Duchén, especialista en gestión municipal, la intención de esa propuesta oficial es debilitar el poder de los prefectos autonomistas.
Dice: "Si los prefectos no pueden nombrar a las autoridades provinciales, su poder político se reduce. Las capitales de departamento concentran la mayor parte de la población y son el principal bastión de los prefectos. Las provincias, con población campesina, tienen afinidad con el presidente Evo Morales. Si éstos logran incrementar su presencia política y administrar recursos, es indudable que se alinearán con el gobierno y restarán fuerza a los prefectos".
Estatutos y Constitución
Otro aspecto capital del diálogo serán las modificaciones que puedan incluirse en el proyecto de Constitución.
Mientras el senador oficialista Félix Rojas declaró el miércoles 19 a la prensa que "lo único que se considerará es la posible incorporación de los Estatutos Autonómicos al proyecto de Constitución", el diputado del partido opositor Podemos Arturo Franco señaló a los medios nacionales que la revisión del proyecto constitucional debe ser "integral".
El pasado 10 de agosto se celebró en Bolivia un referendo revocatorio que fortaleció al presidente Evo Morales, ya que obtuvo un respaldo de 67% de los votos, pero también a los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron ratificados en sus cargos, con votaciones de entre 56% y 66%.
Los cuatro departamentos buscan un "régimen autonómico" que permita la elección directa de gobernadores y parlamentos regionales, así como la administración y uso directo de sus recursos naturales y económicos.
Sin embargo, ese régimen aún no puede ser aplicado porque no forma parte de la Constitución en vigencia.
Mientras tanto, el proyecto de nueva Constitución -aprobado en enero pasado únicamente por los miembros de Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de gobierno) en la Asamblea Constituyente-, no incorpora el régimen autonómico. Esta exclusión ha impedido que el proyecto de Constitución sea sometido al voto popular, antes de tener vigencia legal.
Los resultados del referéndum de agosto pasado radicalizaron a ambas partes. A principios de septiembre, en los departamentos rebeldes los autonomistas bloquearon caminos y ocuparon las sedes de instituciones públicas, refinerías y aeropuertos, reclamando una autonomía de facto, actitud calificada por el gobierno como un "golpe de Estado civil".
Por su parte, los seguidores del presidente Morales amenazaron con cercar la ciudad de Santa Cruz, retomar las instituciones estatales ocupadas por los autonomistas y aprobar sin ninguna modificación el proyecto de Constitución.
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, declaró a la prensa el miércoles 3 que 67% de votos logrado por Evo Morales en el referéndum de agosto significaba "el fin del empate catastrófico entre las fuerzas reaccionarias de la oposición que quieren quebrar la unidad del país y los sectores sociales liderados por el (partido oficialista) Movimiento Al Socialismo, que buscan el cambio".
En entrevista con Proceso, el analista Jorge Lazarte señala que "lo único catastrófico del empate es que se piense que es catastrófico. Lo que sí puede ser catastrófico es empeñarse en resolver el empate con la eliminación de una de las partes. El empate es un signo de democracia, de equilibrio; no de catástrofe".
El momento más crítico del conflicto se registró el jueves 11, cuando autonomistas y campesinos protagonizaron un enfrentamiento armado en el que murieron al menos 15 personas. El gobierno calificó el hecho como "una masacre". Un día después declaró el estado de sitio en Pando y cinco días más tarde el ejército detuvo al prefecto de este departamento, Leopoldo Fernández, a quien las autoridades acusan de ser responsable de lo sucedido.
El frente externo
A esta crisis interna, Bolivia sumó un conflicto internacional. El miércoles 10, el presidente Morales declaró "persona no grata" al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Lo acusó de conspirar contra el gobierno y de impulsar el separatismo de las regiones autonomistas.
Morales respaldó su afirmación en las reuniones que el diplomático sostuvo entre agosto y septiembre con los prefectos opositores de Santa Cruz y Chuquisaca, Rubén Costas y Savina Cuéllar, respectivamente.
"Aquí hay una persona externa que encabeza la división de Bolivia y conspira contra la democracia (...), es el embajador de Estados Unidos", sostuvo Morales. Según el mandatario, Goldberg es "experto en alentar conflictos separatistas", en alusión a su trabajo como diplomático en Bosnia (1994-1996) y Kosovo (2004-2006).
El excanciller boliviano Armando Loayza, en declaraciones al periódico La Prensa, calificó ese mismo día las declaraciones de Morales como "una locura".
En respuesta, el jueves 11 Washington ordenó también la expulsión del embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán. Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, calificó la decisión de Morales de "un grave error" que tendrá implicaciones regionales serias.
Según analistas económicos, la expulsión del embajador estadunidense puede provocar, entre otras cosas, que Washington no renueve a partir de 2009 la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas en favor de Bolivia, que permite al país exportar en condiciones favorables textiles y otros productos por aproximadamente 200 millones de dólares anuales, en beneficio de al menos 100 mil personas, la mayor parte de ellas pequeños productores de la ciudad de El Alto, bastión político de Evo Morales, donde su popularidad supera 90%.
Al respecto, Ernesto Antelo López, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, comenta a Proceso que "si en Bolivia prevalece la ideología y la política sobre el comercio y la economía, el país podía encaminarse a un suicido comercial y a un aislamiento financiero externo".
Seis días después de la declaratoria de persona no grata del embajador estadunidense, Washington "descertificó" por primera vez a Bolivia en la lucha antidrogas. Argumentó que en los últimos 12 meses el país no cooperó en el combate contra el narcotráfico, por lo que lo ingresó en la lista negra, al lado de países como Venezuela y Birmania.
En contraste, el gobierno de Morales mantiene una relación cordial con Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, con frecuencia opina sobre la política interna de Bolivia; incluso el jueves 11 llegó a decir que él tiene "luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia" si su colega Evo Morales fuera derrocado o lo "mataran".
Al día siguiente, las fuerzas armadas bolivianas a través de su comandante en jefe, general Luis Trigo, emitieron un pronunciamiento institucional: "Al señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a la comunidad internacional les decimos que las fuerzas armadas rechazan enfáticamente intromisiones (en la vida interna de Bolivia)... vengan de donde vengan, y no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise el territorio nacional".
Ante ese intercambio de frases entre Chávez y las fuerzas armadas de Bolivia, la cancillería de este último país evitó fijar una posición, pese a que el general Trigo envió el miércoles 16 una carta al ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, en la que solicita "hacer las representaciones pertinentes en el ámbito diplomático para expresar la indignación de las fuerzas armadas ante tan desafortunadas declaraciones (de Chávez) que mellan profundamente nuestra dignidad e integridad".
La crisis interna y la orientación de la política exterior del gobierno de Morales colocan hoy a Bolivia en un difícil trance.
Pese al inicio del diálogo y a la devolución de los edificios e instalaciones del gobierno central ocupadas en los departamentos autonómicos, campesinos y colonizadores afines al gobierno mantienen bloqueados los caminos de acceso a la ciudad de Santa Cruz y amenazan con una marcha a esa capital, principal bastión de las fuerzas autonomistas, para exigir la renuncia del prefecto Rubén Costas.
Una fotografía publicada el jueves 18 en el periódico La Razón mostró a dos de esos campesinos armados con un fusil. "Los sectores sociales aprovechan para entrenarse en el uso de armas en Buena Vista (Santa Cruz)", señaló el pie de foto.
Con este ambiente inicia el "proceso de diálogo". El analista Lazarte comenta que el eventual resultado de éste determinará si el gobierno y las regiones autonomistas son capaces de acordar un pacto que, con concesiones, "abra paso a un modelo de país en el que coexistan el poder indígena de Evo Morales y el sistema autonómico que ansían la otra mitad de los bolivianos".
Por el momento, nadie en Bolivia se anima a apostar con seguridad por ese u otro resultado.