El Justo Reclamo

La tragedia que nadie impidió

Porvenir. Los muertos

Jean Paul Guzmán

LA PAZ.- Quince muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos es el saldo provisional de la confrontación armada del jueves 11 en Porvenir, departamento de Pando, entre partidarios de las dos tendencias que actualmente dividen al país: los "autonomistas" que se oponen al proyecto político presidencial y los campesinos que son fieles a Evo Morales.
Aunque por lo menos tres días antes hubo signos del enfrentamiento en gestación, nadie hizo nada para evitar la tragedia en Porvenir, pequeña localidad que hasta entonces había sido prácticamente ignorada por el resto del país.
Porvenir está ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital de Pando, el departamento menos poblado y más apartado de Bolivia. La mayoría de los habitantes de este departamento -junto con los de Santa Cruz, Tarija y Beni- apoyaron en dos recientes referendos la vigencia de un régimen autonómico que, sin cuestionar la unidad del país, establece la administración propia de sus recursos económicos y la creación de organismos de poder político regional.
Dentro de esas zonas existen seguidores del presidente Evo Morales que se oponen al régimen autonómico, lo que ha provocado un estado de permanente fricción política que, según advirtieron a tiempo muchos analistas, podía desencadenar la violencia.
Desde el lunes 8 -tres días antes de la matanza- se verificó en las áreas aledañas a Porvenir la llegada de campesinos provenientes de Beni, así como una inusual movilización de funcionarios gubernamentales de Pando, comandados por Leopoldo Fernández, líder autonomista y prefecto (gobernador) de este departamento.
De acuerdo con versiones de testigos recogidas por medios de información bolivianos, ambos bandos se encontraban armados.
Ese mismo día, Carlos Valverde, uno de los analistas más prestigiados de Santa Cruz, informó en su programa de televisión Sin letra chica -que se difunde por la cadena de televisión TAT- que se había confirmado el traslado de campesinos de Beni a Pando.
Un día después, el periódico La Razón, el más importante de La Paz, informó de dicho arribo con base en fuentes militares y civiles.
"Hace cuatro días he visto pasar cerca de mi casa tres camiones grandes. Sólo podía ver sus cabezas (de los ocupantes). Eran aproximadamente 300 campesinos. He visto que el vehículo que estaba adelante era de color azul y tenía el sello de la alcaldía de Puerto Gonzalo Moreno (controlada por opositores a Leopoldo Fernández)", relató vía telefónica a La Razón un poblador de Puerto Madre de Dios, localidad ubicada a 250 kilómetros de Cobija.
Por su parte, Arturo Murillo, diputado del partido de oposición Unidad Nacional (UN), dijo el miércoles 10 a reporteros que tenía "información muy clara sobre la llegada de armamento a Cobija". Sin embargo, no ofreció más detalles.
El choque
El jueves 11, decenas de campesinos se transportaban en camiones a Filadelfia para asistir a una asamblea que reclamaría la renuncia del prefecto Leopoldo Fernández.
Grupos de autonomistas intentaron detener el convoy. Utilizaron maquinaria pesada de la prefectura de Pando para cavar una zanja de unos cuatro metros de ancho en el camino a Filadelfia, en las inmediaciones de Porvenir. Sin embargo, unas horas después, opositores a Fernández se valieron de tractores para rellenar la zanja y permitir el paso de los vehículos.
Fue así como los campesinos afines al presidente Morales ingresaron en Porvenir, donde ya se encontraban los simpatizantes autonomistas y funcionarios de la prefectura de Pando, leales a Fernández.
Al principio, ambos grupos se mantuvieron a distancia; 72 agentes de la policía de Pando se interpusieron entre las partes y durante 85 minutos intentaron evitar la colisión. Su comandante, el coronel Silvio Margazo, habló con los dirigentes. Les pidió retirarse. Fue en vano. Luego ordenó a sus hombres lanzar gases lacrimógenos. Fue inútil.
"Hicimos todos los esfuerzos para evitar el enfrentamiento cuando estaba un grupo frente al otro. Luego avanzaron hasta que se pusieron a una distancia de unos 100 metros. Alguien disparó un arma de fuego y allí se armó... y fue incontrolable", relató Margazo a un grupo de reporteros el sábado 13, unas horas después de haber sido destituido de su cargo por orden del gobierno central.
Rosolbina Arandiez, una mujer presente en el choque, relató que apenas oyó el primer disparo se produjo "una lluvia de balas. Sólo por el destino estoy aquí", comentó.
Trece de los 15 muertos eran simpatizantes del presidente Morales, lo mismo que todos los heridos y desaparecidos.
¿Quién disparó primero? ¿Quiénes armaron a ambos bandos? ¿Con qué tipo de armas? ¿Por qué la mayoría de las víctimas mortales y heridos son campesinos? ¿El enfrentamiento fue planeado? ¿Por quién? ¿Cuáles eran los propósitos de las facciones rivales armadas? Son algunas de las preguntas que hasta la semana pasada seguían sin respuesta.
"Tanto los miembros del grupo cívico-prefectural como los sectores campesinos eran conscientes de la posibilidad de un enfrentamiento, al cual finalmente llegaron preparados y armados. Así lo afirman varias voces ligadas y ajenas al conflicto", destacó una nota de La Razón publicada el viernes 12.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, declaró que "lo que pasó desde el jueves (11 de septiembre) en Cobija no fue enfrentamiento, fue una masacre. Esto merece una respuesta del Estado. Ametrallaron a los campesinos".
El gobierno habló inclusive de la participación de sicarios peruanos y brasileños contratados por la Prefectura de Pando, aunque sin presentar pruebas de esa afirmación. Unas horas después declaró el estado de sitio en el departamento con el propósito de controlar la violencia.
El lunes 15 arribó a Cobija, capital de Pando, una comisión de fiscales, policías y peritos forenses para iniciar una investigación que, según el gobierno, demostrará la responsabilidad del prefecto Fernández, quien fue detenido y confinado un día después.
"No quedará impune el carnicero de Pando", sostuvo el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, en referencia a Fernández. Éste, por su parte, manifestó que "ojalá toda esa dureza que utilizan conmigo, respecto a lo que serían las sanciones a mi persona por culpable -ya me culpan y sindican sin previa investigación-, puedan aplicarla a las personas que resultaren responsables en un buen proceso de investigación. El gobierno no va a tener cómo explicar esto".
Debido al estado de sitio en Pando, los medios de comunicación no tienen allí libertad de acción y movimiento, lo que dificulta el acopio de información en torno al caso. l