Magdalena Gómez
En el camino del miedo, la guerra y la incertidumbre generalizada corremos el riesgo de que cual torrente incontrolable se lleven nuestra agenda democrática, pues hoy por hoy en los medios y en todos los espacios públicos y privados se impone el análisis de este aroma de nota roja que se respira a lo largo y ancho del país. Los crímenes contra la ciudadanía en Morelia, Michoacán, son reprobables y ominosos por todos conceptos y es de desear que esta vez las investigaciones den con los autores intelectuales y materiales.
Casi se cumplen dos años de la llamada guerra contra el narcotráfico y día a día nos encontramos con sucesos cada vez más escalofriantes sin que se encuentre la punta de la madeja y ante los cuales sólo alcanzamos a evocar la noción de lo inimaginable. Sobre los saldos de miedo en la ciudadanía ya se ha escrito bastante y casi no caben en el traído y llevado término de la inseguridad que camina sigilosamente gestando la carta de naturalización para la respuesta autoritaria y restrictiva de garantías. Un primer desafío que tenemos es precisamente impedir que se consolide esta apuesta. Pero no sólo eso: tendremos que insistir en que la impunidad viene de lejos y que el Estado no ha rendido cuentas. Lo que hoy nos horroriza ya se ha vivido con la intervención directa de fuerzas policiales y militares, igual el secuestro, la tortura, la desaparición forzada, el asesinato, la cárcel contra luchadores sociales sin que hasta ahora se haya juzgado y sentenciado a los responsables, y sin que el conjunto de la sociedad se haya unido exigiéndolo. Cierto es que no todos son culpables, pero mientras no se castigue a los que ordenaron y ejecutaron estos crímenes el Estado todo carga con el peso de la complicidad histórica.
Viene al caso la reivindicación de la Memoria contra el Olvido a unos cuantos días de que se cumplan 40 años de la matanza de 1968, precisamente cuando en un día como hoy, 23 de septiembre, se produjo en 1965 el asalto al cuartel Madera en Chihuahua. De entonces acá podemos anotar tantos y tantos movimientos locales, regionales, nacionales haciendo parada obligatoria el primero de enero de 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyos saldos aún no terminan de aquilatarse.
Para cerrar este recuento debemos anotar que está en un penal de alta seguridad Ignacio del Valle, líder histórico del pueblo de Atenco, pagando una condena de por vida por atreverse a desafiar al Estado y encabezar la oposición al proyecto de construcción de un aeropuerto.
Por otra parte, en este clima de tensión salió del “escenario” de los medios el proyecto de privatización del petróleo, pero esto es sólo una apariencia, pues en los ámbitos legislativos se están cocinando acuerdos y pueden dar una sorpresa en cualquier momento, aprovechando que la vista social está concentrada en la dinámica de la inseguridad y en las propuestas para enfrentarla.
Casi resulta irreverente o irresponsable, dirían algunos, llamar la atención sobre otro tema que no sea el del secuestro y atentados. También en el ámbito educativo se teje la oposición magisterial a la gran alianza entre la SEP, el SNTE y el Banco Mundial, tema del cual sólo se da cuenta cuando hay molestias en el tráfico debido a las marchas.
Ni qué decir del impacto social que tienen la persistencia de fenómenos como el desempleo, el encarecimiento del costo de la vida, estos temas por estructurales no dan para ocho columnas ni comentarios editoriales de radio o televisión. ¿A quién le importa que a buen número de familias no les alcance el ingreso para los alimentos básicos? Lamentablemente este enfoque no está en la agenda nacional, no sólo en la de los medios, sino en la de la llamada clase política que se mueve en torno a los partidos y que ya está preparándose para los relevos electorales de 2009. Entre ellos el horizonte se mueve entre pasar de diputado local a federal o viceversa, de presidente municipal o delegado a diputado y viceversa: “te tocó a ti, ahora me toca a mí”. Ante esta situación es muy probable anticipar un elevado abstencionismo que no tiene castigo porque las reglas electorales no marcan un mínimo de votación.
Así que la postulación y defensa de la agenda social y democrática descansa en los muy diversos movimientos políticos y sociales, así como en los sectores de organización ciudadana no gremial, cuyo camino no se cruza con los partidos políticos. En todo este panorama encontramos que el llamado desde Los Pinos a “la unidad” no es igual para todos, pues a unos les implica aceptar el borrón y cuenta nueva, olvidar 2006 y legitimar al postulante de “haiga sido como haiga sido”, “la unidad” de hoy implica olvidar que la justicia que se está buscando es selectiva, que antes de la de Morelia se perpetró una masacre también contra población en Creel, Chihuahua, y que no hubo reunión de los tres poderes del Estado ni gritos de ¡Ya basta! en cadena nacional. ¿De qué lado está la mezquindad?
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