El Justo Reclamo

Tras los pasos de Uribe

Uribe. Anzuelo

Édgar Téllez

BOGOTÁ.- Luego de las dos explosiones registradas en el centro de Bogotá la madrugada del jueves 18, el director de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo, anunció el pago de 100 millones de pesos de recompensa, cerca de 55 mil dólares, a quien proporcione información que conduzca a la detención de los autores de esos atentados.
El ofrecimiento de Naranjo produjo al menos 150 llamadas de ciudadanos que decían tener datos certeros sobre los responsables del atentado. Tras evaluar la información, grupos especiales de reacción inmediata de la policía realizaron más de 20 allanamientos en los que sólo capturaron a personas requeridas por la justicia a causa de otros delitos.
La estrategia colombiana de pagar dinero a "informantes" eventuales o permanentes es retomada ahora por el gobierno de México.
El viernes 19, Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien proporcione información confiable y verificable sobre los autores intelectuales y materiales de los ataques terroristas realizados el lunes 15 en Morelia, Michoacán, que ocasionaron la muerte de siete personas y heridas a 101 más.
Ese mismo día, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo A/255/08 de la Procuraduría General de la República (PGR) que establece los lineamientos para el pago de "recompensas" y "recompensas periódicas" a las personas que ofrezcan "informaciones" que auxilien en la investigación y combate de delitos federales "graves".
Según este acuerdo, las "recompensas" se entregarán a las personas que auxilien "eficientemente otorgando información sobre las averiguaciones que realice el Ministerio Público de la federación, o bien a quien colabore en la localización o detención de personas contra las cuales exista mandamiento judicial de aprehensión".
En cambio, las "recompensas periódicas" se entregarán a las personas que "proporcionen constantemente información fidedigna, eficaz y útil para actividades de inteligencia y contrainteligencia en el combate a la delincuencia y la investigación de delitos federales", es decir, quienes se conviertan en informantes regulares de la PGR.
En el primer caso, el acuerdo no fija montos de recompensa. En el segundo -"recompensas periódicas"-, las cantidades serían las siguientes: de mil a 2 mil pesos "cuando la información sea útil y eficaz para actividades de inteligencia y contrainteligencia"; de 2 mil a 3 mil pesos cuando conduzca a realizar investigaciones con "resultados positivos"; de 3 mil a 4 mil pesos cuando sirva para asegurar armas, droga, vehículos y dinero, y de 4 mil a 5 mil pesos cuando conduzca a "la captura de líderes de organizaciones criminales, la liberación de personas secuestradas o el desmantelamiento de células de la delincuencia organizada".
Según el acuerdo, el pago de dichas recompensas será "con cargo al presupuesto" de la PGR. Un Comité Evaluador -integrado por cinco subprocuradores y el oficial mayor de la PGR- analizará las propuestas de recompensas y las someterá "a consideración del procurador" general de la República. Asegura que la identidad de los informantes y los datos que proporcionen se mantendrán "bajo la más estricta reserva y confidencialidad". Y señala que éstos recibirán un "número confidencial de identificación" que les permitirá mantener la comunicación con las instancias judiciales, así como cobrar las recompensas.
Todo por la plata
De hecho, el sistema de recompensas de México es similar al que aplica el gobierno colombiano desde 1989, cuando lo instauró para localizar al entonces capo del cártel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, quien se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. Era considerado el responsable de la oleada terrorista que ese año produjo el asesinato de tres candidatos presidenciales, una docena de atentados con carros-bomba, la destrucción del edificio de la policía secreta de Colombia y el derribamiento de un avión con 100 pasajeros.
El denominado Bloque de Búsqueda, un cuerpo especializado en la búsqueda de los barones de la mafia de Medellín, logró acceder en secreto a personas cercanas a El Mexicano y a cambio del pago de 2 millones de dólares obtuvo la información que le llevó al arresto del capo. La captura fue el 15 de diciembre de ese año en la localidad de Coveñas, en el noroccidente del país, cerca de la frontera con Panamá.
El éxito de la operación contra El Mexicano hizo que el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco expidiera por primera vez a finales de 1989 un decreto que estableció el ofrecimiento de recompensa por las cabezas de los jefes de los cárteles, empezando por Pablo Escobar y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que encabezaban al llamado cártel de Cali. Por cada uno de estos delincuentes, cuyas fotografías aparecieron de manera profusa en avisos de prensa y comerciales de televisión, el gobierno ofreció 5 millones de dólares.
No obstante, la norma no tardó en ser declarada ilegal por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que argumentó violaciones a la presunción de inocencia.
Tiempo después, en enero de 1991, el nuevo gobierno de César Gaviria redefinió la estrategia jurídica y expidió un nuevo decreto, esta vez contra los nueve miembros del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por cuyas cabezas ofreció un pago de 5 millones de dólares. Gaviria se la jugó a fondo contra los jefes del grupo rebelde, que en diciembre de 1990 habían logrado escapar a la ocupación militar del campamento conocido como Casaverde, en las selvas del departamento de Bogotá, a 250 kilómetros al sur de la capital colombiana, donde permanecieron por cerca de 10 años.
Después de que la norma pasó el examen constitucional, Gaviria arremetió otra vez contra la mafia y en agosto de 1992, tras la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral, volvió a ordenar la publicación de los avisos de recompensa.
Rafael Pardo Rueda, ministro de Defensa de aquella época, recuerda que esa estrategia fue definitiva para la localización de los cabecillas y lugartenientes de los cárteles de la droga. "Poner la fotografía del delincuente y una cifra tiene un sentido simbólico demoledor. Darle a la persecución de la delincuencia una connotación de 'Se Busca', como antaño en el viejo oeste, puede ladear la guerra. En Colombia lo logramos", asegura a Proceso el exfuncionario y actual precandidato a la presidencia.
Con el arribo al poder de Álvaro Uribe en 2002, la estrategia de recompensas cambió de nombre y resultó exitosa, sobre todo contra las guerrillas. A partir de entonces el gobierno impulsó las denominadas Redes de Informantes, conformadas por ciudadanos anónimos que entregan información a cambio de dinero. Esta nueva figura fue lanzada por el propio Uribe el 8 de agosto de aquel año, un día después de su posesión, en la ciudad de Valledupar, al norte del país, donde anunció que 1 millón de personas integrarían el ambicioso proyecto de seguridad, contemplado en el punto 38 de su programa de gobierno.
La intensidad de las operaciones en campos y ciudades, la ampliación del pie de fuerza policial y militar en más de 120 mil hombres y el crecimiento geométrico de las redes de cooperantes -que hoy tienen más de 3 millones de personas-, lograron una drástica reducción de los índices de delincuencia en el país. Entre agosto de 2002 y agosto de 2008, según cifras del Ministerio de Defensa, la tasa anual de homicidios se redujo de 28 mil 837 a 10 mil 773; algo parecido ocurrió con el secuestro, que en el mismo período bajó de 2 mil 882 a 315 casos.
Algunas unidades militares incluso elaboran listas de precios para incentivar las delaciones. Una de éstas es la primera división del ejército con sede en la caribeña ciudad de Santa Marta, que determinó los siguientes pagos: información para rescatar con vida a soldados o policías secuestrados, 70 millones de pesos; datos para liberar civiles sanos y salvos, 30 millones.
La política de recompensas fue clave en el desmantelamiento progresivo de los cuadros directivos de las FARC, que desde 2005 han perdido a dos docenas de fichas clave y a tres miembros del secretariado. La información secreta de hombres de las FARC a cambio de dinero fue determinante para la localización y posterior muerte de Raúl Reyes, el número dos de la organización, en marzo pasado; lo mismo ocurrió a mediados de ese mes con Iván Ríos, otro miembro del secretariado, quien fue asesinado por uno de sus guardaespaldas personales conocido con el sobrenombre Rojas, quien contó con la colaboración de otros dos subversivos para debilitar la estructura militar de Ríos. Los tres guerrilleros recibirán 5 mil millones de pesos de recompensa, cerca de 2.6 millones de dólares.
Con todo, la política de recompensas no está exenta de episodios de corrupción, como el denunciado el 22 de julio por el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien dijo que al menos cuatro atentados ocurridos en abril, junio y julio de este año en distintos sectores de Bogotá fueron perpetrados por un hombre para cobrar recompensa.
Moreno explicó que el engaño era realizado por un traficante de información que contrataba a otras personas para realizar los atentados con bombas de bajo poder y luego los delataba ante las autoridades para obtener dinero.
Pese a los riesgos que implica el arribo de México a esta nueva etapa de la guerra contra la delincuencia, el éxito en su aplicación dependerá de la filosofía que les inculquen a los investigadores locales los curtidos policías colombianos, que llevan 20 años enfrentados a las peores manifestaciones de la criminalidad. l