Creel y Gil Díaz, ejes de "enorme corrupción" pública del foxismo

Diputados perredistas exigen que rindan cuentas por anomalías en los casos Banamex e ISOSA

Señalan que comisiones legislativas carecen de fuerza jurídica para castigar esas irregularidades

Ciro Pérez Silva y Roberto Garduño

Durante el sexenio de Vicente Fox, tanto su secretario de Gobernación Santiago Creel como el entonces titular de Hacienda Francisco Gil Díaz fueron los ejes articuladores de una “enorme corrupción oficial” que involucra miles de millones de pesos, por lo que ambos están obligados a informar a la sociedad de todos esos mecanismos que pusieron en práctica, advirtieron los legisladores perredistas Juan Guerra, Antonio Ortega y Pablo Trejo.

En conferencia de prensa, los diputados federales destacaron la participación de Santiago Creel en la constitución de fideicomisos que tienen que ver con Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), asunto en el cual también intervino Gil Díaz.

“Ellos fueron los que diseñaron cómo debería operar esa empresa. El objetivo era que los recursos estatales no entraran a la jurisdicción pública, que se pudieran manejar de manera discrecional. Tenemos otros fideicomisos privados que se usaban precisamente para sacar recursos públicos, depositarlos ahí y emplearlos de manera discrecional; esa es la gravedad del caso. ISOSA es la que inaugura esa forma de utilizar los fondos del erario y los creadores, los autores intelectuales son Gil Díaz y Santiago Creel”, afirmó Juan Guerra.

“Cuando tú hablas de los hijos de Marta Sahagún, de todo ese entramado de instituciones en las cuales se triangulan recursos para tratar de evitar las evidencias, donde le vayas levantando te vas encontrando a dos personajes del sexenio pasado: uno, Gil Díaz, que prácticamente está en todos lados donde hay estas operaciones, y el otro es Santiago Creel”, insistió.

Trama de complicidades

A su vez, Pablo Trejo se refirió a cuatro líneas de investigación que tienen que ver con el ex secretario Gil Díaz, a partir de “entramados jurídicos” que permitieron la elusión fiscal, lo cual provocó que el erario dejara de contar con cuantiosos recursos. “Si hacemos un recuento, la venta de Banamex repercutió daño patrimonial por 3 mil 200 millones de dólares; si hablamos de ISOSA, el cálculo que hace la Auditoría Superior de la Federación da 10 mil millones de pesos, ya llevamos 42 mil millones”, expuso.

Agregó que a esto se suman los permisos para casas de juegos y sorteos: “Es una corrupción sofisticada en la cual se utilizan esquemas de planeación para desviar recursos. Tenemos el caso de Vamos México también. ¿Dónde estos recursos? Por medio de terceros llegan finalmente a los funcionarios públicos y nos damos cuenta de que las comisiones investigadoras no cuentan con el suficiente peso normativo para poder llevar a cabo la investigación que se requiere, ni con los recursos técnicos ni con la información que el gobierno federal, en determinado momento, ofrece”, apuntó.

Antonio Ortega puntualizó que el tema no tiene carácter moral o ético: “Estamos hablando de corrupción de altos vuelos que, sin duda, afecta la vida económica del país, la situación financiera del gobierno. Hablamos de montos cercanos a cien mil millones de pesos, que es una cuarta parte del ajuste al presupuesto que se pretende hacer en los próximos días”. Los legisladores del PRD lamentaron que las comisiones especiales del Congreso de la Unión carezcan de la fuerza jurídica suficiente que les permita obligar a los funcionarios públicos a responder cabalmente por los actos ilícitos que hubiesen cometido, ya que, como en este caso, “estamos hablando de montos realmente extraordinarios que quedan impunes, que no hay manera de que alguna entidad jurídica pueda determinarlos”.