¿Reserva de EU?

John Saxe-Fernández

Desde el gobierno de Jefferson (1801-1809) la clase gobernante de Estados Unidos concibe a América Latina y el Caribe como su reserva estratégica. Además de las cañoneras, el recetario oligárquico-imperial incluye “libre” comercio y desregulación financiera y de la inversión extranjera. En 1908, a finales del porfiriato, William J. Bryan planteó que con estas palancas “antes de 20 años Norteamérica se habrá tragado a México”. Quien cinco años después sería secretario de Estado de Woodrow Wilson, anticipó lo que el Foreign Relations Council sostiene: “La absorción de ese país por el nuestro es necesaria e inevitable por razones tanto económicas como políticas… la absorción de México ha comenzado ya en el sentido comercial”.

La apertura porfirista ofreció a Estados Unidos y sus monopolios una “oportunidad admirable” para, según Bryan, “aumentar nuestra riqueza y nuestra importancia como potencia universal”. Esa “imperialización” fue aplacada por la Revolución de 1910 y las estipulaciones de la Constitución de 1917 en materia de recursos naturales y una política externa que defendió la soberanía y la no intervención. Desde 1982 se restauran desregulación y librecambismo a ultranza en medio de creciente corrupción, entreguismo y más autoritarismo policial y militar. Con el TLCAN se renuncia al desarrollo retrocediéndose en los frágiles, pero significativos, logros del desarrollo estabilizador. La “compra-venta de México” se realiza junto a la capitulación que hicieron Salinas y Zedillo de la política exterior y de seguridad. Con Fox y Calderón se combina lo económico-empresarial con lo policial-militar, según dos diseños de la Casa Blanca: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida. La ASPAN comporta una integración profunda (saqueo) de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad), un apartheid laboral y la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional”.

Bush, con apoyo del Banco Mundial y el BID, intenta ampliar y “legar” pactos y transas empresariales y policial-militares de ASPAN a América Latina por medio de un engendro dado a conocer el pasado 24 de septiembre como Caminos hacia la Prosperidad de las Américas, que la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) califica como el “Plan B del ALCA”, es decir, un “refrito” del proyecto imperial enterrado en Mar del Plata en 2005 y apoyado por Vicente Fox, el ex gerente de Coca-Cola que ocupó la presidencia mexicana. Como ASPAN el Plan B contiene: a) “una agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros cubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad”, y b) “una agenda complementaria de carácter militar y policial de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal, etcétera, usando el placebo de la seguridad”. (Documentos y detalles en rmalc@prodigy.net.mx)

Bush lanzó la propuesta desde el Consejo de las Américas/Sociedad Americana, con endosos de presidentes y funcionarios de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Desesperados y decididos a frenar y desactivar coaliciones regionales y de construcción social alternativa como Unasur, Estados Unidos y sus aliados (auténticos unos y bajo coacción o soborno otros) promueven el Plan B, el despliegue de la Cuarta Flota, los Comandos Norte y Sur del Pentágono, con un rosario de bases militares y dos ejes de ocupación territorial, sustentados en terrorismo de Estado y ejércitos mercenarios (outsourcing militar): el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.

La intervención y violencia policial-militar de Estados Unidos y las oligarquías enfrentan creciente resistencia popular mientras Bush deja una debacle humana y estratégica en Irak y Afganistán, y un colapso económico creado por una burbuja especulativa de más de 55 billones (trillions) de dólares que rebasa el mayor rescate bancario de la era moderna.