El titular del Trabajo se opone a que se difunda su declaración patrimonial

La Secretaría de la Función Pública clasificó la información como confidencial

Nada de confidencial tiene que Javier Lozano Alarcón es un corrupto y por ello no quiere que se difunda su declaración patrimonial, esto es una obviedad además de un descaro brutal y una burla para todos los mexicanos.

Elizabeth Velasco C.

Javier Lozano Alarcón Foto: José Carlo González

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, se opuso a la difusión de su declaración patrimonial, documento sobre el cual existen tres versiones, según informó la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que clasificó con carácter de “confidencial” esos documentos.

De acuerdo con datos de la SFP, la primera declaración patrimonial que hizo Lozano fue el 7 de noviembre de 2006, cuando fue designado director de área del Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración de Felipe Calderón. Después, ya como titular de la STPS, presentó una segunda declaración, el 29 de enero de 2007, y finalmente una tercera, con “modificación”, el 31 de mayo pasado.

Pese a que el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos (LFRFP) prevé la apertura de la información vinculada con la situación patrimonial de los funcionarios federales, también concede a éstos la facultad de negar el acceso a esos datos, no así en las entidades federativas donde esos documentos se transparentan independientemente de la voluntad del burócrata.

La clasificación de confidencial de la declaración patrimonial de Lozano tiene un carácter “permanente”, según explicaciones que ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en consultas públicas donde ha hecho esa distinción con respecto a la reserva, pues ésta permite la desclasificación de la información luego de un determinado lapso.

La SFP avaló la clasificación de la declaración patrimonial de Lozano en agosto pasado, razón por la cual un ciudadano que solicitó el documento acudió ante el IFAI, organismo que turnó el asunto a la comisionada Jacqueline Peschard, cuya resolución se prevé que sea favorable a Lozano, pues la propia LFRFP permite reservarse ese derecho en los términos descritos.

Además de ese caso, el comisionado Alonso Gómez Robledo resolverá la solicitud de información que desde el 2 de mayo hizo La Jornada a la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a los oficios, memorándums, depósitos y otros documentos oficiales que especifiquen la ruta seguida por los 205 millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon, en abril pasado, incluyendo el nombre de las instituciones financieras y el número de cuenta donde se depositaron los recursos incautados.

Además de ello, se demandó información sobre la distribución de los 205 millones de dólares; conceptos en los que se usaron, han usado y utilizarán esos recursos, pues hay que recordar que el presidente Felipe Calderón ha señalado que se invertiría una parte en la compra de armamento y equipo para el combate al narcotráfico. También, sobre las dependencias que vigilarán la aplicación de los fondos, y de los mecanismos establecidos para el buen uso del dinero, entre otros datos que se demandaron y que la PGR declaró como reservados por un lapso de 12 años.