Miguel Ángel Velázquez
La cruzada que inició la ultraderecha, encabezada por Lorenzo Servitje, para acabar con los gobiernos perredistas, o de izquierda, en la capital del país, tenía, necesariamente, que tener otro brazo que cerrara la pinza, y para eso nada mejor que la Secretaría de Hacienda y sus aliados en la Cámara de Diputados, y en la Asamblea Legislativa –entre ellos la tribu que ya todos conocen–, para cortarle fondos a la administración de Marcelo Ebrard.
No es tarea fácil. Se trata de hacer todo lo posible para que los compromisos que ha realizado el jefe de Gobierno se hundan, y luego, a partir del incumplimiento, se lancen campañas de desprestigio que promuevan la protesta social.
Para esto, las tareas están bien definidas. Entre los diputados de las dos legislaturas se dice que los dineros que se asignen a la capital del país serán etiquetados para evitar que vayan a parar a los proyectos de asistencia social, muchos de los cuales ya han sido anunciados por el propio Ebrard, y sólo se puedan emplear en rubros acordados entre ellos.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda quiere restar al Gobierno del DF las ministraciones que en derecho le corresponderían, de la partida de recursos para las entidades de la Federación, con el argumento falaz de que en la ciudad de México la situación de pobreza no es la misma que en otras entidades.
El problema es serio porque cuando menos en cuatro delegaciones de la ciudad la situación de marginación es desesperante, y el gobierno federal quiere cerrar la única puerta que podría ser la salida a esa situación: la educación.
Nueve de cada diez personas de 18 años y más no tienen instrucción superior, y el grado escolar que han logrado es de 8.3 años –no terminaron la secundaria– en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan. Pero no es solo eso, la mitad de los habitantes de esas demarcaciones no tiene acceso a los servicios de salud, y una buena cantidad de ellos no cuenta con agua de tomas domiciliarias.
Y es que la mentira que desde el sexenio de la desgracia nacional llamada Vicente Fox inventó que se había reducido la pobreza en el país, se borraron los índices serios que medían la situación social de muchos mexicanos, y de eso se agarra el Consejo Nacional de Población para asegurar que en el DF no existe marginación ni pobreza, como si la ciudad de México se hallara dentro de los confines de foxilandia.
Llama la atención que en educación se dé uno de los mayores recortes, porque es allí donde la Secretaría de Educación Pública ha puesto su acento para evitar que desde la jefatura de Gobierno se ampare a los que requieren de alguna ayuda para seguir sus estudios.
Habrá que recordar que al principio de este gobierno se impidió a Marcelo Ebrard ingresar en las escuelas primarias a entregar apoyos a los niños, así como se prohibió a los alumnos de las escuelas técnicas del DF que dependen de la SEP a recibir los apoyos de la administración local, y que incluso, en el colmo, se echó para abajo una expropiación que dotaba a una colonia de un kínder.
No es nuevo que el gobierno federal trate de impedir el trabajo de la jefatura de Gobierno del DF. Desde hace ya casi una década, cuando el PRD llegó a la máxima instancia del poder en la ciudad, se han usado todas la medidas, desde los recortes presupuestarios, hasta el desafuero a su gobernante, para impedir los programas sociales, principalmente, pero también para desacreditarlo.
Aunque todo indica que ante los fracasos anteriores, ahora sí echarán toda la carne al asador. Así pues, no tardaremos en presenciar un ataque a fondo hacia algunas secretarías del gabinete de Marcelo Ebrard, contra quien se ha jurado venganza. Ya veremos.
De pasadita
Vamos a ver, hay dos asuntos que aunque se anunciaron, cada uno por su parte, parecen tener el mismo vértice. Por un lado se nos anunció que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, firmó un acuerdo para blindar, con seguros multimillonarios, las inversiones que la iniciativa privada, mexicana o extranjera, realicen en el país. Esto para que quienes pongan su dinero en ciertas obras no arriesguen ni un centavo ante posibles presiones sociales.
Y por el otro se anuncia que se invertirán muchos millones de dólares en equipos de punta tecnológica para el combate contra el crimen organizado, que no en contra de los grupos sociales inconformes, pero ¿quién va a creer tal cosa?
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