Iniciativa Mérida, el nuevo Plan Marshall

George W. Bush

Foto: www.whitehouse.gov

jenaro villamil

México, D.F., 23 de octubre (apro).- Le han llamado “Iniciativa Mérida” para diferenciarla del Plan México, que remite al ambicioso proyecto que desde hace siete años el gobierno de George W. Bush aplica en Colombia, bajo el argumento de disminuir el crimen organizado y el comercio de la droga.

A pesar de las diferencias en el nombre y en los presupuestos involucrados (mil 400 millones de dólares proyectados en el caso mexicano y más 5 mil millones ya invertidos en Colombia desde el 2000), un mismo espíritu anima ambos proyectos: la necesidad de Estados Unidos y, en especial del agonizante gobierno de Bush, de relanzar una iniciativa estratégica de seguridad nacional. Una especie de Plan Marshall para América Latina que corra a la par de su desastrosa y costosa incursión en Afganistán e Irak.

Las suspicacias frente a la “ayuda” que la Casa Blanca plantea para combatir el narcotráfico en México no son casuales. En primer lugar, porque el espejo colombiano revela que estos planes son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico.

Los informes oficiales del caso colombiano indican que el plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Otras cifras optimistas indican que se destruyeron 8 mil 900 laboratorios, se incautaron casi 7 mil vehículos, 77 aeronaves y mil 192 embarcaciones de los cárteles de la droga.

Sin embargo, ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza. Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos en México, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.

El componente de “mejoramiento y apoyo social” del Plan Colombia es simplemente demagogia. De los 5 mil millones de dólares, más de 4 mil millones se han destinado a las Fuerzas Armadas, no a programas de apoyo a agricultores y menos para recomponer el tejido social descompuesto que deja la militarización de la lucha contra los cárteles. El plan original planteó un presupuesto de 7 mil 500 millones de dólares, de los cuales 51% se destinaría a “desarrollo institucional y social”, 32% al combate al narcotráfico y 16% para revitalización económica y social.

En otras palabras, se trata de un plan de fuerte componente militar y estratégico. Y si bien no se enviaron tropas norteamericanas a Colombia, los lineamientos, el entrenamiento y la asesoría a las Fuerzas Armadas y las agencias antinarcóticos responden a los requerimientos de Estados Unidos.

En una entrevista con la BBC, el especialista Ricardo Vargas, de la organización Iniciativa Andina, hizo el siguiente recuento sobre el Plan Colombia:

“Después de siete años se observa que no ha habido una disminución de la oferta de drogas en Estados Unidos, que los precios –a los consumidores-- se han mantenido con una tendencia a la baja, que la calidad de las drogas tiende a subir y que, en general, la disponibilidad de las drogas no ha resultado afectada”.

Uno de los principales críticos del Plan Colombia fue la organización Amnistía Internacional. Desde el 2000 advirtió que se trataba “principalmente de una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan”.

Desde el 2001, el gobierno de George W. Bush impulsó a través del Plan Colombia la estrategia de contratar a empresas y asesores privados para “ayudar” a las Fuerzas Militares colombianas. En octubre de 2004, el Senado apoyó a Bush incrementando de 400 a 800 el número de asesores militares que podían operar en el marco del Plan Colombia, y de 400 a 600 el número de contratistas privados.

Este componente se ha revivido en la Iniciativa Mérida, y es una de las principales críticas que encontrará tanto en el Congreso estadunidense, dominado ahora por la oposición demócrata, como en el Congreso mexicano, que este martes reaccionó solicitándole a la Cancillería información más puntual.

Difícilmente la Iniciativa Mérida será aprobada sin problemas ni cuestionamientos por los congresistas norteamericanos. El cabildeo será intenso por parte del gobierno de Calderón y del propio Bush.

Sin embargo, en este proceso observaremos que lo realmente importante no es el combate al narcotráfico como actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, sino el comercio de la droga como una nueva manera de capturar Estados para los fines estratégicos de Washington.