Investigadores y políticos dudan de las bondades de la Iniciativa Mérida

Alma Muñoz, Alfredo Méndez, Elizabeth Rodríguez, Gabriel León, Jesús Aranda y José Antonio Román

Con escepticismo recibieron investigadores, abogados y políticos de izquierda el anuncio sobre la llamada Iniciativa Mérida, por la que el gobierno de Estados Unidos aportaría mil 400 millones de dólares a una estrategia conjunta con México para el combate al narcotráfico.

Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que los recursos propuestos por el presidente George W. Bush sólo son una “limosna” y de nada servirán para frenar las actividades de los cárteles de las drogas, porque el crimen organizado “tiene capacidad muy superior para comprar aviones más rápidos, lanchas, barcos y hasta submarinos, así como equipos, y todavía se queda con un fondo para corromper a las estructuras policiaco-militares que buscan combatirlo”.

Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, señaló que con esa iniciativa se viola el principio constitucional de la no intervención en asuntos nacionales. La Carta Magna no incluye la aceptación de donativos y “muchos menos la posibilidad de abrir las puertas de par en par a la injerencia extranjera”.

Santiago Corcuera, abogado internacionalista y relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que lo preocupante de la llamada Iniciativa Mérida es que con su aplicación termine repitiéndose en México el caso de Colombia, donde han ocurrido intervenciones encubiertas en su vida política, espionaje y violación de los derechos humanos de sus habitantes.

Para el especialista “el trasfondo del convenio que nos preocupa es que el gobierno mexicano debe entender que las fuerzas armadas no están hechas para combatir al narcotráfico; su misión es distinta, es el combate a un ejército enemigo”.

En tanto, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, afirmó que México “no debe estar supeditado” a los intereses de Estados Unidos. Indicó que las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión exigirán una explicación puntual del acuerdo, porque les preocupa que sea aquel país el que determine las medidas de seguridad mexicanas.

Refirió que el acuerdo revela “actitudes de sometimiento” del gobierno calderonista y de “incapacidad” para juzgar en territorio nacional a responsables del narcotráfico. Pero sobre todo es claro que “limita la soberanía del país en esta materia”.

Convergencia advirtió que el Congreso de la Unión decidirá el monto que se destinará para combatir al crimen organizado, mientras el dirigente del PT, Ricardo Cantú, aseguró que la Cámara de Diputados demandará al Ejecutivo federal una explicación detallada sobre los compromisos que adquiere el gobierno mexicano con el proyecto.

La Conferencia del Episcopado Mexicano saludó el anunció del gobierno estadunidense de solicitar a su Congreso 500 millones de dólares para asistencia antidrogas a México. Consideró que se trata de la aceptación de una responsabilidad compartida en el combate al flagelo del narcotráfico por parte de gobiernos, instituciones y sociedad civil de ambas naciones.

Por otra parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que tiene “mucha confianza en la canciller Patricia Espinosa; ella fue mi alumna”, sé que es una buena diplomática y estoy segura de que en el convenio con Estados Unidos no se permitirá intromisión alguna en la soberanía nacional. Agregó que toda la cooperación entre los estados es positiva, sobre todo cuando ambos países tienen enfrente un problema como el de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En tanto, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que independientemente de los acuerdos que suscriba México en el extranjero, es obligación del Estado proteger y promover el respeto de las garantías individuales.

Entrevistado acerca del anuncio de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, el funcionario evadió entrar en detalles e insistió en que el Estado tiene claro que la defensa de los derechos humanos es parte de una responsabilidad ineludible.